EL DIVISORIO PRETEXTO INDÍGENA
VOXPRESS.CL.- Al firmar el acta de independencia nacional, Bernardo O’Higgins proclamó que, a partir de esa fecha -1814-, “todos quienes habitan el territorio soberano tienen idéntica condición de chilenos”. Fue al amparo de esa visión fundacional unitaria que ninguna de las Constituciones escritas y conocidas estableciese excepciones en virtud del origen de las personas.
Las poblaciones originarias, asentadas en sectores específicos, mantuvieron arraigadas sus costumbres y tradiciones, pero ello no fue un obstáculo para su progresiva y masiva integración a la sociedad. Nunca, autoridad alguna les fijó un lugar específico de residencia, les restringió su plena libertad de desplazamiento ni menos les obstruyó sus ceremoniales, ello en respetuoso honor a la palabra del Libertador: “absolutamente todos somos chilenos por igual”.
Llama, entonces, la atención el inclaudicable empeño de algunos por segregarlos en “naciones” con territorios soberanos y reglas propias, incluso con tribunales de justicia ajustados a sus costumbres.
Han sido las comunidades originarias las que decidieron permanecer en territorios ancestrales y no salir desde ellos en busca de un mejor bienestar, de la modernidad y de alternativas laborales, como, por ejemplo, la mayoría del pueblo mapuche. En el país habitan y conviven con absoluta normalidad 1.500.000 de ellos, y sólo 300 mil están radicados en la macrozona conocida como La Araucanía.
A esta reducida población pertenecen quienes, por años, han invocado la restitución de tierras “usurpadas” por los conquistadores españoles, disputa que intentó ser zanjada con la creación de la CONADI, dedicada a adquirir terrenos para dárselos a los reclamantes históricos. No pocos de ellos, al recibirlas, las arrendaron o las vendieron, incluso a empresas forestales.
No obstante, la explosión del izquierdismo extremo en Latinoamérica impactó fuerte en algunas comunidades que fueron prestamente infiltradas ideológicamente por el comunismo, hasta convertir una pacífica demanda ancestral en un conflicto terrorista.
Es este escenario, y no el histórico de los mapuches, lo que prendió el fuego en esa zona, llevándola a ser denunciada falsamente como centro de la segregación, de la injusticia y del abandono, todos simples pretextos para aniquilar la mayor riqueza de un país, que es su unidad y su integridad territorial.
El venenoso extremismo, que controla, dirige y orienta a la Convención Constitucional, ha proclamado que “para hacer justicia a los oprimidos pueblos originarios”, a partir de ahora Chile será plurinacional, las etnias tendrán su propio y soberano territorio, administración a su pinta y con tribunales de justicia ceñidos a sus creencias.
El libertino feminismo dominante en el país ha guardado silencio ante la pavorosa realidad de que en algunas etnias no se castiga el abuso sexual parental.
Agruparlas en naciones significa que, ahora, Chile será sólo una más entre todas ellas, sólo que más grande, sin reparar en el riesgo inminente de que por estar situadas en zonas extremeñas y fronterizas, algunas de estas nuevas naciones puede sentir la tentación de unirse con hermanos asentados en países vecinos, lo que, a simple vista, constituye un severo peligro geopolítico.
Durante la campaña pro nueva Constitución, se habló hasta con majadería de la necesidad (¿?) de una “casa para todos”, pero con estos antecedentes a la vista, lo que se está proyectando es una casa para una asombrosa minoría, la que nunca había exigido el pago de deudas pendientes, excepto la recuperación de tierras ancestrales. El senador mapuche DC, Francisco Huenchumilla, las calcula en 9 millones de hectáreas.
El camino de la Convención está conduciendo a una Constitución hecha a la medida para una minoría y muy lejos de la cacareada casa de todos. Descaradamente se apunta a favorecer, sin petición ni exigencia de ésta, a una mínima fracción poblacional, privilegiándola por circunstanciales motivaciones exclusivamente políticas. En Chile viven oficialmente nueve pueblos indígenas, siendo el mapuche el de mayor volumen, (1.800.00), seguido por el aymara, diaguita, atacameño y quechua. Para efectos del beneficio, la Convención incorporó al kawésqar, increíblemente compuesto apenas por 400 personas, todas asentadas en cuatro comunas de Magallanes, según la CONADI. Estos 400 originarios eligieron a un convencional constituyente.
Así se entiende la “representatividad” en Chile.
Gracias a estas no convincentes cifras, Chile se dotará de naciones –sí, naciones- de 500 mil habitantes (mapuches en La Araucanía, 160 mil aymaras, 90 mil atacameños y los 400 kawésqar ya consignados. Resulta insólito, injusto y ridículo que una Constitución apunte al beneficio de poco más de 2 millones habitantes indígenas, siendo que la población total del país llega a los 19 millones. Aún más, para mayor incomprensión y desconcierto por este afiebrado fervor indigenista de los convencionales, hay que recordar que, de modo inédito, para la elección de ellos -mayo de 2021-, el SERVEL estructuró un padrón exclusivo para pueblos originarios. Pese a que en el último censo poblacional, 2,2 millones de personas reconocieron pertenecer a una etnia, en dicho registro electoral apenas se inscribieron 150 mil y votaron algo más de 30 mil.
Ello refleja que la obsesiva “preocupación” de la Convención por los pueblos originarios es imaginaria y ficticia. Una abrumadora mayoría de sus miembros, y si es que lo hizo, votó como un chileno que se siente como tal.
Asirse de una lucha terrorista ideológica para adaptarla a una estrategia constitucional, es, simplemente, un acto de mala fe contra la unidad e integridad territorial. La actual de Chile es la única Constitución de Latinoamérica que en sus páginas no reconoce como tales a sus pueblos originarios. Una cosa es consignarlos como se merecen, pero otra muy distinta es utilizarlos maldadosamente para obtener dividendos políticos correspondientes a un conflicto sangriento y parcial, cuya solución no corresponde a una Carta Magna, sino únicamente a los involucrados.