EL “CHILE MEJOR” ESTÁ AQUÍ
VOXPRESS.CL.- No es necesario retroceder mucho en el tiempo para recordar dos hechos que, hora a hora, les aparecen como pesadillas a todos los chilenos. Ambos corresponden a rimbombantes anuncios hechos por Gabriel Boric como candidato y, luego, como Presidente: “la violencia no se combate con más violencia, sino con diálogo”.
Paralelamente, en ambas ocasiones enfatizó que con él y con la frustrada nueva Constitución, “la vida de todos será mejor”…
Al cabo de ocho meses de su deplorable gestión, la violencia se le ha desbordado por todas partes y él, como si nada, continúa pastoreando sólo a su propio rebaño, desentendiéndose de un inédito y unánime sentir ciudadano en cuanto a que el terrorismo y la delincuencia no se enfrentan con anuncios de querellas y con el amontonamiento de éstas, sino exclusivamente con balas.
Como coautor, cabecilla y patrocinador de la refundación nacional mediante el Apruebo, se la jugó sin descaro por un proyecto constitucional que si bien reconocía la existencia de delitos, omitía la persecución a sus autores…
Desde su fundación, en su inconmensurable arbitrariedad, el INDH, al cual Boric adscribe incondicionalmente, no permite que se intente perseguir a algún progresista o “luchador social” por vándalo o criminal que sea. Crucificó a su ex director –de alma DC- por haber denunciado que con ocasión del “estallido” hubo manipuleo y simulación de casos para transformarlos en “víctimas”. En su infinito subjetivismo, la entidad se declaró autónoma e impenetrable para una eventual fiscalización de la Cámara de Diputados, independencia que no aparece en la ley que la concibió.
En un plano superior de defensoría de la delincuencia y el terrorismo se halla la ONU, particularmente sensible con Chile pero que omite a dictaduras y Gobiernos opresivos. Funcionarios de DD.HH. de ésta fueron acoplados por La Moneda a su sarcástico plan Buen Vivir diseñado para aplicarlo en La Araucanía, el que incluye ‘de todo’, menos extinguir a los guerrilleros.
En su reciente visita a esa explosiva zona, el Presidente debió desplazarse en helicóptero para esquivar los atentados que marcaron la ampliación territorial de las acciones paramilitares, y la TV eliminó de sus imágenes las insultantes y permanentes manifestaciones en su contra.
El 2020, el Partido Comunista y el Frente Amplio se negaron a firmar una ley sancionadora, precisamente, de la violencia política, justo en momentos en que en Santiago grupos de ciudadanos paseaban un cartel con la frase “no queremos sentirnos valientes al salir a la calle, sino queremos sentirnos libres”.
¿Por qué no enfrentar la violencia como lo han hecho y lo hacen los demás? ¿Por qué privilegiar una reforma a Carabineros antes de dotarlo de armamento automático para eliminar a los delincuentes?
Todo ello es fruto del dogma extremista, inculcado desde muy jóvenes a quienes son tentados con la ya muy probada y fracasada “fuerza del cambio”. Se trata de individuos, como el Presidente, adoctrinados desde pequeños en cuanto a que la revolución no se hace con palabras, sino violentamente. En su racionamiento no tienen cabida más mirada que la propia, y de ahí que no es atendible ni creíble la confesión de Boric de que “es sano cambiar de opinión”. En la Ley de Presupuesto, a excepción de Carabineros, no se consignan suficientes recursos para seguridad pública, pero hay $ 14 mil millones para todo lo que se relacione con derechos humanos.
En tres oportunidades en menos de un mes, el Presidente ha hecho pública referencia a “una nueva explosión social”. Como anticipo de ello, el alcalde de Recoleta, el más honesto intérprete del ideario comunista, planteó la necesidad de formar en las comunas “comandos armados contra el fascismo de la ultraderecha”.
La Unión Soviética-toda una vergüenza para la humanidad- se consolidó exterminando al zarismo y Josef Stalin dejó morir a 3 millones de ucranianos, al arrebatarles toda su producción de trigo. Fidel Castro despejó su camino al dominio absoluto en Cuba a punta de fusilamientos de quienes se atrevieron a disentir de él, y China mantiene prisionera a una comunidad de inmigrantes musulmanes.
Días atrás, un carabinero circulaba en su auto por calle Las Dalias, en Providencia, y para evitarse eventuales líos, lo hacía sin su arma de servicio. Fue asaltado y despojado de su vehículo, antes de lo cual, en la refriega, le arrebató su pistola a uno de los jóvenes delincuentes. El episodio, durante la tarde de un domingo, fue grabado y difundido por varios vecinos, que le gritaban desde sus ventanas “¡dispáreles, dispáreles!”, de lo cual se abstuvo para no involucrarse con el implacable y odioso INDH. Una semana después, un acongojado jefe de familia, cuya vivienda en Los Cerrillos fue saqueada y sus dos coches sustraídos, anunció que compraría un arma “porque esto no da para más”.
En esta desquiciadora práctica dilatoria presidencial de anunciar futuros anuncios y de negarse a acciones concretas inmediatas contra la violencia, se comprometió a que los carabineros serán dotados de modernos carros de patrullaje; de chalecos reforzados para que se expongan más a las balas de los malhechores y, probablemente, de armas eléctricas paralizantes, pero antes de ello, el personal que va quedando en la institución tendrá que reforzar sus estudios de ética y de derechos humanos. Un 30% del personal en servicio el 2021 ha renunciado, porque la autoridad lo desvalorizó, al punto de que nadie los respeta.
Para la galería, el Presidente dice respaldar a Carabineros, pero siempre y cuando “use proporcionalmente la fuerza (?) y respete los derechos humanos” (de los delincuentes). Ningún movimiento ambientalista repudió el ataque incendiario al Parque Nacional Nahuelbuta, que arrasó con todas las instalaciones de la CONAF.
Tan horripilante panorama es agudizado por un futuro que se percibe trágico, tras revelarse cifras oficiales del MINEDUC en cuanto al número de jóvenes en edad escolar que desertaron este año, en su mayoría tentados por el trabajo fácil de la delincuencia. Una banda desarticulada recientemente le pagaba $ 2 millones a cada menor por robar un vehículo específicamente encargado. A ello hay que sumar el incremento de la violencia interna en los establecimientos educaciones, lo que desemboca en un potente aumento de las licencias del profesorado por no resistir la conducta y/o los ataques de sus alumnos.
Son 50.529 los jóvenes que sólo en este 2022 quedaron voluntariamente fuera del sistema escolar, sumándose a los 227 mil que abandonaron sus estudios con posterioridad al “estallido”, muchos de ellos encantados por la “lucha social” callejera. Lo perverso y preocupante es que el núcleo de la deserción se produce en adolescentes entre 15 y 18 años, precisamente la edad de quienes son reclutados por bandoleros, y prueba de ello es que sólo en este año, el delito juvenil aumentó en un 45%.
Antes de la raya para la suma, en este terrible escenario es imposible no considerar la violencia escolar. La Encuesta Nacional de Monitoreo Educacional reveló que hubo un aumento en el porcentaje de establecimientos educacionales que perciben niveles de violencia peores a los del 2019. La investigación, aplicada en 1.129 centros de estudio, especificó que un tercio de los directores reportó como principal problema la mala convivencia o violencia entre estudiantes.
Las persistentes actividades terroristas de alumnos de liceos emblemáticos, como el Nacional, INBA, Aplicación y Barros Borgoño, con acopios de bombas incendiarias y hasta con cuchillazos, se explican por la política de la sostenedora, la Municipalidad de Santiago. Su alcaldesa comunista, Irací Hassler, se niega a aplicar la Ley Aula Segura, “porque la violencia no se controla con más violencia”. Un 79% de directores de escuelas dio cuenta de un deterioro en la salud docente: el ausentismo de profesores por depresión, amenazas y lesiones, llega al 27%. La concesión gubernamental a la violencia en todos sus niveles no sólo tiene con sus libertades coartadas a los chilenos, sino también, y por la permisividad a los estudiantes refundacionales, el futuro del país se encuentra definitivamente hipotecado.