EL ÚLTIMO DESATINO


VOXPRESS.CL.- A estas alturas, a nadie debería sorprenderle que el Gobierno tome decisiones desacertadas y poco felices, porque, en rigor, en sus casi tres años de gestión, la ciudadanía está habituada a sus “metidas de patas”. La última de ellas, debe ser una de las más contradictorias e incongruentes, si nos remitimos a su repetitiva prédica de que “simultáneamente con el combate a la pandemia, hay que cuidar a la economía”.



Desde marzo a la fecha, no ha habido oportunidad en que el discurso oficial no haya dejado de mencionar lo determinante que es para el país recuperar, lo más pronto posible, su normalidad económica, la que desde el 18/O anda por los suelos.

Al elaborar el plan Paso a Paso, para ir dándole progresivas ‘libertades’ a la agobiada población, también se incluyó una hoja de ruta para el incentivo a la economía, fundamentalmente a través de medidas paulatinas para las operaciones del comercio en su conjunto, del turismo, de la actividad gastronómica y de la decena de miles de emprendedores de brazos cruzados. Incluso, hace muy poco se levantó la prohibición de vuelos internacionales, para estimular la catastrófica paralización de la navegación aérea.


La actividad económica, aunque atiborrada de restricciones, estaba recibiendo algo de oxígeno por los beneficios -pocos o medianos- de su movilidad en el mejor mes del año, diciembre. La Navidad, y esto no es descubrimiento reciente, es una fecha que estimula por igual la oferta y la demanda, y el consumo en todos sus aspectos alcanza altos niveles.


Chile, en general, y el Gran Santiago, en particular, parecían casi normales en su funcionamiento, hasta que el MINSAL tomó, de la noche a la mañana, una de sus medidas más desacertadas desde que se inició la peste: retroceder al período de las cuarentenas, condicionar al máximo los vuelos comerciales, cerrar restoranes los días de mayor concurrencia y quitarle al comercio 48 horas claves de ventas en la mejor época del año.


Tan poco reflexionada, por un lado, y tan consciente de que, en vista de sus reacciones, fue una muy mala idea, los mismos que la anunciaron, aclararon que “es sólo transitoria y se evaluará…antes de Navidad”, como si faltasen meses para Nochebuena.


La causa argumentada por el MINSAL para asumir tan desdichada determinación, fue el aumento de casos activos por el virus -2.500 casos entre 8 millones de habitantes-, fundamentalmente en personas de entre 20 y 40 años. Ante la renuencia de ese sector de la población capitalina a auto cuidarse y, menos, cuidar a los demás, la tan cacareada recuperación económica se lanzó por la borda, y ello por culpa de un sector etáreo fácilmente identificable y protagonista de reiteradas aglomeraciones clandestinas para el consumo de alcohol. Increíble: una de éstas se produjo en un centro deportivo perteneciente a la CORFO, organismo oficial del propio Gobierno.


Pese a que durante toda la evolución de la peste, el MINSAL salió en busca de los contagiados, identificó a los trasmisores y siguió la pista de los enfermos y de los recuperados, sus medidas de prevención, por lo visto, fueron un fracaso. El Gobierno falló rotundamente en todas sus líneas en las tan alardeadas y casi nunca aplicada fiscalizaciones.


Ha sido la propia autoridad la que ha reconocido su revés en esta materia, al revelar –como ejemplo- que mientras Puente Alto estuvo en cuarentena, sólo la respetó un 30% de sus habitantes y calificó de “falsa”” la de la comuna de Valparaíso, porque el 80% de sus residentes salió de sus viviendas, portando diversos permisos de la Comisaría Virtual. Como una anécdota se ha difundido el caso de un individuo, al que se le ha detenido 146 veces por infringir las restricciones sanitarias.


Desde que se montó un equipo multidisciplinario para planificar y difundir los pormenores de la peste y los altos y bajos de los contagios, tiene un rol especial la Subsecretaria del Delito, Katherine Martorell, una abogada que en lugar de abocarse a exterminar la creciente criminalidad, como lo establece su cargo, es la vocera de lo que semana a semana se hace en materia de prevención. Por meses ha anunciado las penas del infierno a los trasgresores de las restricciones y repite, majaderamente, que “las multas pueden llegar hasta los 50 millones de pesos”. Sólo dos infractores han sido sancionados con ese monto.


Un solo dato refleja la laxidad con que la autoridad ha actuado en el ítem prevención y, por ende, fiscalización: desde mayo a diciembre, en todo el país se han cursado 23 mil multas a violadores de las restricciones sanitarias. Un 0.2 %, y las consecuencias de ello lo pagan ahora los comerciantes. Recientemente, una denuncia de fiesta clandestina masiva en Calera de Tango, derivó, apenas en la formalización de sus organizadores -10- y el centenar de asistentes quedó libre de polvo y paja.


Martorell, casi amenazante, anunció que para este retroceso y cuarentena de la Región Metropolitana “ahora sí” se reforzarán las fiscalizaciones con 40 puntos de controles, con drones espías, con helicópteros con tripulantes denunciantes, centenares de equipos territoriales y la instalación de un fono denuncia a disposición de los vecinos. ¿Por qué no lo hizo antes y de modo permanente? No hubiera dado lugar a este incomprensible espectáculo de fin de año.


Luego de estos inesperados e incomprensibles pasos atrás que se fijaron para el Gran Santiago, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que “ahora sí vamos a ser inflexibles, y muy duros, en las fiscalizaciones”, lo que curiosamente no se hizo con el mismísimo Presidente de la República, el tierno protector de la salud de sus compatriotas, quien se paseó y fotografió en una playa sin mascarillas. Alertado de su doble infracción, se auto denunció ante la SEREMI de Valparaíso, en un ridículo show obligado porque, dos horas más tarde, el ministro de Salud anunciaría el fatídico retroceso para el Gran Santiago.


Es hasta explicable la reacción muy humana reacción de quienes se desbordaron después de sufrir los efectos de un largo confinamiento. Incluso, la OMS aconsejó sobre el riesgo de éstos por el drástico aumento de enfermedades mentales en seres de todas las edades. Y es efectivo, también, que desde noviembre se ha producido una descontrolada invasión a las playas, por la presencia de miles de turistas sin mascarillas. Por ello, lo criterioso hubiese sido haber limitado en su totalidad ese tipo de viajes al litoral, y descartar el castigo a un comercio todavía muy tambaleante. La incongruencia de lo obrado por el Gobierno lo refleja su respuesta a la protesta que llegaron a plantear en La Moneda los comerciantes de Puerto Montt, denunciando su crítica situación por una cuarentena interminable: a las 48 horas, el MINSAL la levantó.


Con la medida adoptada, sólo se favorece al comercio ilegal, el que no paga impuestos, y nos imaginamos que ello lo tenía claro el más voraz de los recaudadores tributarios, el ministro de Hacienda.


En tanto, los grandes responsables de este mayúsculo desaguisado gubernamental no tendrán problemas en continuar con sus interminables ‘carretes’, porque ya no están en clases, porque su cómodo teletrabajo lo hacen a cualquiera otra hora o, simplemente, porque son parte de ese creciente grupo de los que gozan viviendo sin hacer algo. A todos ellos, los de entre 20 y 40, no les afectarán las cuarentenas y pueden acomodar sus juntas masivas para cualquier otro día, porque si no fuera por los vecinos desvelados, nadie los fiscaliza.



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