DEL DESINTERÉS A LA PREPOTENCIA

VOXPRESS.CL.- Desde que el Parlamento lo aprobase el 31 de enero de 2012, como un modo de “ampliar la democracia”, nunca en una elección se había registrado el nivel de abstención vivido en la segunda vuelta para elegir a los Gobernadores Regionales: ¡menos de un 20% de participación! Entre las causas que se argumentan para explicar tamaña indiferencia de la ciudadanía, figura el factor ignorancia, esto es, el gran desconocimiento respecto al rol de esta inédita función pública, la que, desde ya, se asegura que se convertirá en una permanente confrontación con los futuros Delegados Presidenciales, esto es, los actuales Intendentes.

Ambos factores, la abstención y la ignorancia ciudadana, no hacen más que, por una parte, deslegitimar a los funcionarios electos, y, por la otra, ultra minimizar el rol de los cargos públicos.

La notable diferencia con la votación para Convencionales Constituyentes (42%), refleja que la gente se prende sólo cuando de por medio hay un botín de real importancia: en esa oportunidad, fue ganar más escaños para sepultar el actual modelo institucional. Ya mismo se pronostica que para las primarias presidenciales del 18 de julio, la participación, con suerte, llegará a un 10%.

Estos antecedentes inducen a preguntarse acaso es real la percepción de un 44% de la población, que según la encuestadora Cadem, es partidario de que se extienda por otros 90 días el Estado de Excepción Constitucional. Ésta es una decisión que debe tomar el Congreso Nacional, ya que el período de facultades extraordinarias de la Presidencia vence este 30 de junio. Ha regido en el país prácticamente desde que se inició la pandemia, y no se entiende que tan alta proporción ciudadana esté a favor de su continuidad, siendo que la misma consultora informa que otra investigación suya concluyó que el 77% está en contra de las cuarentenas.

La contradicción surge por la insistencia de la autoridad por seguir implantando las ahora inútiles e impopulares cuarentenas.

Parece mucho más creíble y realista esta última cifra, la del 77% de rechazo a los confinamientos, que el apoyo de un 44% al Estado de Excepción. La deducción surge natural, luego de las experiencias vividas con los encierros comunales, que sí ayudaron el año pasado, cuando ni se vislumbraba un antídoto para la peste, al revés de ahora, en que la curva de contagios se mantiene sólo porque un grupito de ‘ciudadanos’ se niega a ser vacunados. La población, que sí supo de los duros costos de vivir confinada, no está dispuesta a pagar un alto precio por culpa de unos pocos que no saben lo que es vivir en sociedad.

Esta práctica de los enclaustramientos masivos pareció la correcta, y única a la mano, en los meses en que el país no tuvo otro remedio para combatir la peste que el aislamiento de las personas, y ello fue comprendido y asumido mientras, con angustia, se esperaba el surgimiento de un fármaco que, felizmente, llegó mucho antes del plazo originalmente previsto.

Hay, entonces, dos tipos de Estado de Excepción: el pre vacuna y el post vacuna, o sea, el actual. Es frente a éste que la gente (un 66%) ha terminado por convencerse de que no funcionó ni funciona como debe ser, porque la autoridad rehúsa tomar medidas para las cuales está facultada ello respecto a quienes, por cualquier motivo, se niegan a inocularse.

Si es un hecho de significación mundial que la vacuna, cualquiera sea su procedencia, es el único elemento inmunizador, desde un principio su inyección tuvo que ser de carácter obligatorio o, al menos, su renuencia a hacerlo debió ser condicionante.

Hoy, un número algo superior a los 2 millones de habitantes adultos entre 49 y 19 años, sigue rehusándose a ser vacunados, y algunos tienen la desfachatez de exigir un tipo en particular del producto para hacerlo.

A este sector en rebeldía se le invita una y otra vez a vacunarse y hasta para favorecerlo, se posterga a quienes etariamente les corresponde. Los destinos de su negativa continúan siendo las camas hospitalarias, atochando las UCI y desgastando al personal médico. Resulta inaudito que un número muy menor de la población siga siendo la causante de continuar castigando a todo el resto de los habitantes y no reciba sanción o amonestación alguna.

Las facultades del Estado de Excepción son para ejercerlas, y con valentía y coraje, ya que permiten acciones invalidantes de ciertos derechos a quienes se niegan a ser solidarios con la sociedad.

Simultáneamente a ello, quienes han cumplido al pie de la letra todas las normas y continúan cuidándose, siguen siendo dañados por los efectos de nefastos confinamientos, en especial sobre los niños.

Las medidas excepcionales no asumidas están terminando por demoler social y económicamente a millares de ciudadanos, en tanto los causantes directos del ritmo de contagios, reciben auxilios financieros, como los bonos, y atenciones médicas, quitándoles espacios y derechos a millones de compatriotas, éstos, sí, bien nacidos.