DEFENSORÍA DEL DELITO


VOXPRESS.CL.- Desconcertada, por decir lo menos, se siente la ciudadanía en general, tras conocer el episodio ocurrido en una peligrosa población de Talcahuano, en el cual un sargento de Carabineros se defendió a balazos de una emboscada de que él y dos compañeros fueron objeto por parte de adolescentes internados en un ’Hogar…de Menores’ dependiente del SENAME.


La población continúa sin entender el trato preferente, casi afectivo, que se brinda a jóvenes delincuentes, en tanto a la policía, precisamente encargada de combatir a estas semillas de maldad, se les fustiga hasta con odiosidad. El funcionario que se defendió con su arma de servicio del ataque de un grupo de muchachones, fue querellado por todas las instancias imaginables y, rápidamente, se le envió a prisión preventiva, en tanto las autoridades de Gobierno visitaban a los “niños heridos” y a “sus desconsolados” padre. Hasta la fecha, no hay ningún querellado por el asesinato con armamento de guerra de un cabo en La Araucanía.


A la gente le resulta incomprensible tanto gesto humanitario, habiéndose llegado a un 55% la delincuencia juvenil en el país y que se haya triplicado el número de participación de menores en asaltos, robos, crímenes y en las, casi cotidianas, encerronas a automovilistas. Así y todo, las instituciones del sector y los tribunales siguen refiriéndose, y tratando, a los jóvenes y, a veces, despiadados asaltantes, como “víctimas de la sociedad” y no como victimarios, a los que hay que castigar en lugar de protegerlos.


Quienes resultaron heridos en sus piernas-, tras la refriega con Carabineros en Talcahuano, tienen 17 y 14 años, respectivamente, y el primero de ellos se trenzó en una lucha cuerpo a cuerpo con el sargento. Nadie, ni el Defensor Público, denunció la existencia de ataque a una autoridad, y, por el contrario, tanto el Gobierno, como el Consejo Nacional de la Infancia y la Defensoría de la Niñez, se querellaron en su contra. Por concepción, estos dos últimos nada tienen que ver en este episodio específico, pues la definición acogida y difundida por la UNIFEC como “infancia” se remite a la edad entre 1 y 10 años, y considera preadolescentes a los entre 10 y 12/13 años. Es decir, ambas entidades no tienen fundamentos para haberse inmiscuido en acciones judiciales en contra del carabinero. Hilando más fino, el mismísimo SENAME -Servicio Nacional de ‘Menores’- no debiera tener vínculos con muchachos mayores de 10 años, y resulta que es un centro de internación de jóvenes delincuentes que tienen, en su mayoría, entre 14 y 17 años y que terminan de cumplir sus penas preventiva o condenas en los mismos recintos, siendo adultos: en su interior estuvo recluida una persona hasta los 37 años.

Este mundo al revés generado por el explosivo aumento de la delincuencia juvenil, tiene diversas razones y no son solucionables en el corto plazo, por lo que la ciudadanía tendrá que habituarse a ser testigo de las fechorías en que los protagonistas son menores de edad.


El 2007, en el Poder Judicial entró en vigencia el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), debiendo adecuar su normativa a la legislación internacional, lo que se tradujo en una considerable baja en el número de jóvenes malhechores. No obstante, en el mismo periodo –12 años-, la cifra de delitos creció en un 55%.


El porcentaje de adolescentes que delinquen se concentra en el grupo de 16 a 17 años, y el Ministerio Público atribuye este incremento a “la insuficiente respuesta del sistema para los adolescentes,” a “la falta de un “mayor castigo” y a “los diferentes tipos de sanciones, algunas hasta incompatibles entre sí”.


El sistema LPA es tan perverso que, por la blandura de los tribunales, si un joven cumple su pena en libertad y reincide, permanece libre hasta que haya completado la primera condena antes de iniciar la segunda.


El aumento de la violencia en los delitos cometidos por jóvenes, hace imperioso que todas las condenas a preadolescentes y adolescentes no se cumplan más en recintos dependientes del SENAME, sino en penales controlados por Gendarmería, los que, de hecho, existen y separados de las dependencias para internos adultos. Su contingenten es entrenado para contener a condenados, lo que no ocurre con el personal de aquel Servicio.


En el mal llamado Hogar en que ocurrió la emboscada a tres carabineros en Talcahuano, sus residentes sólo horas antes habían depuesto una ‘toma’ del recinto en protesta porque una funcionaria, pareja del líder de los jóvenes internos, fue exonerada.


La directora de la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz, desahoga su fanatismo político en Carabineros: se vanaglorió de que su querella no sólo fue contra el sargento autor de los disparos, sino abarcó a los otros dos funcionarios que lo acompañaban y a quienes nada se les ha acreditado. Su real misión es preocuparse de que se haga realidad la raíz del SENAME, cual es velar por los niños abandonados a causa de la pobreza, y no dedicarse a defender a los matones delincuentes que están recluidos en sus Centros, pagando ilícitos graves.

Su institución no es Defensoría de la Delincuencia, sino de la Niñez.

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