DE UN MÍNIMO A UN MÁXIMO
VOXPRESS.CL.- Tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el retiro de fondos que admitió como “constitucional” lo que el Presidente calificó de “inconstitucional”, todo el país es testigo del nuevo escenario político: el reparto del poder, que hasta esa fecha, era de 50% para el Ejecutivo y del otro 50% para el Legislativo, se desbalanceó por completo y casi el 100% lo maneja el Parlamento de facto opositor.
Pruebas de esta asimetría del dominio, al parecer ya definitiva hasta el 11 de marzo, es que nadie, nunca más, habló de la acusación constitucional contra el Mandatario -¿para qué, si ya no es necesaria?, dicen sus adversarios-, en tanto, sin chistar, Hacienda aceptó que el Congreso ampliara la cobertura de los $ 200 mil a quienes se quedaron sin fondos a los que tengan menos de esa suma; es más, el ministro del Trabajo, con gran gentileza, agradeció a los legisladores que hayan aprobado la iniciativa. Mientras en las cercanías de Capitán Pastene, camiones y maquinarias ardían consecuencias del mayor ataque terrorista en La Araucanía en cuatro años, el Presidente de la República, desde el pórtico de una comisaría anunciaba el incremento al ‘combate’ a los portonazos, con la colocación de más pórticos con cámaras de vigilancia…
Al mismo tiempo que el Mandatario hacía recuerdos por la muerte del gran científico e investigador Humberto Maturana, la oposición le anunciaba la colocación de otra bomba en sus manos: el condicionamiento de los acuerdos básicos al indulto a “los presos políticos” que se encuentran en prisión por sus actos vandálicos cometidos con motivo del Golpe extremista del 18 de octubre de 2019.
Luego de que el Presidente quedara definitivamente sin el timón del país, consecuencia del ‘constitucionalazo’ del 25 de abril, el parlamentarismo de facto se allanó a no dejarlo para siempre fuera de escena a condición de que apruebe lo que la presidenta del Senado, Yasna Provoste, denominó los “mínimos comunes”. O sea, los poquísimos temas en que todavía pudiese existir algún tipo de avenimiento elemental entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Mayoritariamente, el Parlamento dejó en manos de la presidenta del Senado el liderazgo en su, ahora, postura dominante total sobre los colgajos de un Ejecutivo con signos evidentes de resignación y, ya, sin espíritu de equipo. Antes de producirse su colapso por el ‘constitucionalazo’, ella advirtió -¿o amenazó?- a La Moneda que “ante cualquiera opción de iniciar algún diálogo, el Presidente tiene que retirar su recurso de inconstitucionalidad desde el TC": no alcanzó a hacerlo, porque éste ni siquiera alcanzó a admitir a debate su demanda.
En un aprovechamiento del estado de inmovilidad del Ejecutivo, la oposición parlamentaria ha aprovechado hasta la más pequeña de las rendijas para transformar los "mínimos comunes" en "mínimos acotados" a sus intereses políticos, escenario absolutamente esperable luego de la abdicación presidencial.
La propuesta básica de temas que “permitan superar los perjuicios económicos y sociales a partir de los efectos de la pandemia”, se salió rápidamente de su marco de acción, cayendo -como se verá- en la extorsión política.
Inicialmente, los “mínimos comunes” consideraron cuatro pilares: una Renta Básica Universal, una ayuda específica a las pymes, la regulación de las medidas sanitarias y el incremento impositivo a los que tienen más y el fin a las excepciones tributarias. Luego de que Provoste lograse imponer esta agenda, Pamela Jiles la calificó de “traidora” por “estar cocinando” arreglos con el Presidente “sólo para salvarle su pellejo”.
La senadora DC fue informada que la Cámara agregara en estos “mínimos comunes” la situación de los activistas subversivos del 18/O que aún continúan en prisión preventiva por su participación en la revuelta que intentó derrocar al Presidente. Provoste respondió que, “por ahora”, el capítulo de los derechos humanos (…) no será incluido, “pero está en nuestros planes hacerlo más adelante”.
La izquierda, la misma que domina la oposición, cifra en 2.500 los “presos políticos” por la subversión, en tanto, para el Ministerio del Interior sólo son 250 los que se hallan en cárceles mientras duran las investigaciones judiciales por su participación en los daños ocurridos durante y posterior al 18/O, en especial por el aniquilamiento del Metro de Santiago.
Hace dos meses, en el Congreso, parlamentarios de los partidos de izquierda, incluida la DC, presentaron un proyecto de indulto para dichos delincuentes políticos, por considerar que “se les imputan acciones que nunca cometieron”. Mientras la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, desmintió el número de revoltosos con medidas cautelares dado por la oposición, el presidente del máximo tribunal, Guillermo Silva, afirmó que constituiría una vulneración a la autonomía de los Poderes del Estado una idea de este tipo.
No puede olvidarse que el enfrentamiento final entre Ejecutivo y Legislativo se originó por el tercer retiro de ahorros previsionales, como factor de auxilio a un sector de la ciudadanía, a raíz de la crisis socioeconómica originada por la epidemia. El hecho de añadir a esta agenda “los derechos humanos” de los terroristas subversivos sale de todo marco, pero ello, sin duda alguna, es parte clave de la explotación que la izquierda opositora está haciendo del árbol caído.
Aunque su condición es tan desmedrada en cuanto a cuotas de decisión y poder, en esta pasada de cuentas, el Presidente tiene un flotador a su alcance, la Justicia. Fue ésta, independiente y soberana, y no él, quien determinó que los pocos subversivos que pudieron ser detenidos se encuentren en prisión preventiva a la espera de que finalicen las investigaciones para condenarlos.
Liberarlos sólo por presión de la izquierda no parece cosa fácil: la Corte Suprema revirtió un fallo que ordenó la liberación de un tío y sobrino que quemaron una estación del Metro. Ambos tuvieron que volver a la cárcel.
Al salirse de su contexto, los ´’mínimos comunes” se escaparon, también, del marco social para el cual fueron concebidos y la oposición los subió al carro de los intereses políticos, y, para mayor gravedad, de la delincuencia política, la que nada tiene que ver con los efectos sociales del virus.