CRIMINALES A LA CARTA
VOXPRESS.CL.- Con una expresión más parecida a un signo de interrogación, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, deja entrever su sospecha de que en la Asamblea Constituyente, electa para redactar la nueva Constitución, le ‘meterán mano’ al Poder Judicial. Esperanzado, dice: “mi mayor preocupación es que no se toque su independencia”.
De acuerdo a la apasionada propaganda de los candidatos a convencionales respecto al tema, la frase más recurrente fue una tan raída como manoseada: “justicia igual para todos”, ello, como se sabe, fruto de la prédica izquierdista de que “sólo la ley rige para los pobres” y que gozan de inmunidad “los delincuentes de cuello y corbata”.
Al presidente de la Suprema lo tiene sin cuidado este casi habitual bombardeo político en contra de los tribunales, porque, siempre, la Justicia ha sido parte de la coyuntura: “un fallo nunca deja satisfecha a las partes en litigio”.
A riesgo de que los convencionales no consideren cabalmente las inquietudes de la población, sino privilegien sus propios intereses, ésta tiene que hacer sentir su gran preocupación por el alto nivel de reincidencia de los delincuentes que circulan por las calles del país. En uno de los tantos, y ya familiares, portonazos, fue apresado por Carabineros un asaltante que, en ese momento, tenía 20 registros de detención por su participación en anteriores ilícitos de esa característica. Para que quede claro: en una veintena de oportunidades, la policía lo puso a disposición de la Justicia c, pero volvía a cometer el mismo delito.
Ello es consecuencia de las medidas cautelares que rigen desde que entró en vigencia la Reforma Procesal Penal, la gran impulsadora del incremento delictual, al partir presumiendo que todo malhechor es inocente, mientras no se pruebe lo contrario.
Como los magistrados suelen dar meses “de investigación” para que le adjunten las pruebas para poder fallar, en ese lapso los autores suelen “hacerse humo” para volver a las calles.
Este sistema ‘garantista’ es el que hace posible la reincidencia. Al tratarse -en el ejemplo de una encerrona- de un robo de vehículo sin agresiones, los autores capturados, “mientras dure la investigación”, son enviados a arresto domiciliario. En la noche de ese mismo día, el delincuente deja de ser ubicable en su domicilio. El criterio de los jueces, al “interpretar” las sanciones acordes con la gravedad de los delitos, pasa a ser determinante en la pululación de asaltantes en las calles.
El horrendo crimen con violación del niño Emilio en Longaví, deja en evidencia que son las fallas del sistema penal las responsables de que quienes, pese a su maldad, continúan circulando libremente. Ambos sujetos –una pareja homosexual-, por ser menores de edad habían sido condenados con anterioridad a “penas” casi risibles, uno por el asesinato de su padrastro y el otro por ultrajar sexualmente a un niño de 14 años.
Todo Chile quedó sin entender cómo un grupo de ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso autorizó la libertad del asesino y descuartizador de Ámbar, en Villa Alemana, quien cumplía encierro por un doble crimen de una mujer y su hijo.
En su defensa, no son pocos los magistrados que argumentan que poco o nada se obtiene con el envío de malhechores a las cárceles, porque éstas, además de estar superpobladas, incrementan el aprendizaje de los delincuentes primerizos.
El presidente de la Corte Suprema les ha repetido en más de una oportunidad que no puede permanecer en el Poder Judicial “quien no se limite a aplicar la ley en sus fallos”, pero es cada vez mayor el número de las sanciones influidas por el ‘factor humano’ o por la arbitrariedad ideológica de los jueces, lo que hace impracticable su objetividad.
El Poder Judicial batalla, por años, con la ineptitud del Estado por satisfacer los requerimientos mínimas en cuanto a una suficiente existencia de penales modernos que amortigüen la reincidencia. Aunque la justificación más recurrente es la carencia de recursos para levantar más y mejores prisiones, el problema que por años ha frenado esta necesidad es que ninguna comuna quiere tener en su territorio a un centro penal masivo. Alguien, de una vez, tiene que hacerse cargo de poner fin a esta voluntariedad, y la asamblea constituyente –sin intereses directos de parlamentarios- parece ser una buena oportunidad.
Con más recintos carcelarios se eliminaría una excusa, podrá eludirse la inútil alternativa del arresto domiciliario y, lo más relevante de todo, tendrán que aumentarse las penas para que el delincuente, independiente de su edad, no sea beneficiado con una libertad vigilada o una canillera de ubicación para que pueda, así, volver a actuar a las calles.
Los niveles de criminalidad en el país demandan un tratamiento global y una solución integral: un magistrado solo o un piquete de carabineros, por empeño que pongan, no van a solucionar un problema que crece sin parar. No es simple coincidencia que en todas las encuestas sociales -no las políticas-, la principal preocupación y el más importante temor de la población sea su inseguridad personal dados los niveles de criminalidad. Ni por lejos, los habitantes se hallan interesados en un cambio de modelo –el ofertón de moda-, sino en que puedan circular por las calles sin que alguien los asalte, les robe y les dispare a sus hijos acompañantes.
Esta patética realidad ha sido incapaz de ser resuelta por los Gobiernos de turno, de tal forma que no parece haber mejor oportunidad que la que se viene en el debate constitucional.