COMBATIENTE ABATIDO


VOXPRESS.CL.- Siendo Presidenta –por primera vez- la socialista Michelle Bachelet, fue advertida por la ONU de que la etnia mapuche tiene “derechos especiales”, dada su “justificable demanda de restitución de tierras ancestrales”, de tal manera que, fruto de ello, son “intocables”.


Ella entendió que tan particular estado de excepción era aplicable a cualquier tipo de demanda, aunque fuese por medio de la violencia.


Considero insuficiente el rol de la CONADI de comprar a privados y ceder esas tierras a mapuches, lo que dio luz verde a que algunos comuneros, ya infiltrados por la izquierda, iniciaran una amplia operación armada destinada a expulsar de La Araucanía a las empresas forestales –que dan muchos y buenos empleos- y apropiarse de sus tierras, todo ello denominado “recuperación”. Las corridas a la fuerza de deslindes y las ‘tomas’ llegaron, hasta hoy, a ser pan de cada día en la zona, no sólo incluyendo a los huincas “usurpadores”, sino hasta propios hermanos de etnia “no comprometidos” con la subversión armada, dirigida, primero, por caudillos de la desaparecida ETA y, luego, por guerrilleros de las FARC, en cuyos campamentos dieron entrenamiento express a los comuneros extremistas. El financiamiento llegó generosamente desde las ONG’s europeas ligadas al socialismo internacional y, desde el 2019 hasta hoy, el narcotráfico aporta el dinero para adquirir armamento de última generación.


Definitivamente vestidos con uniformes de mimetizaje y siempre encapuchados, los comuneros extremistas, que no representan ni el 1% de la población mapuche residente en el país, al optar por la vía armada se transformaron automáticamente en terroristas. Sin embargo, el socialismo internacional considera válida y legítima la violencia -y los asesinatos- “cuando de por medio existen demandas. Así lo considera, también, la chillona presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, con su intolerable voz de pito, dijo que “la violencia no es un delito” cuando de por medio hay “demandas justas”.


Tras ignorar intencionalmente la existencia de subversión armada en La Araucanía en sus dos Gobiernos, Michelle Bachelet ‘congeló’ a su entonces Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, por presentar una querella por acción terrorista en la zona. Su sucesor, el actual Presidente, en un encendido discurso de campaña electoral, la atacó duramente por “no atreverse” a combatirlo y eliminarlo. Él, ya en La Moneda, tampoco se animó y, al igual que con el Golpe extremista que quiso desbancarlo, definió a la acción guerrillera, rural o urbana, como “justas demandas”.


Los operativos terroristas tienen un largo archivo criminal, como el atentado a dos Fiscales, a una SEREMI, el crimen de tres agricultores, la quema de 55 casas, galpones y de centenares de camiones y maquinarias de empresas forestales, más el homicidio de un veterano matrimonio en Vilcún, de tres carabineros, un oficial de la PDI y de tres trabajadores agrícolas.


Es una rareza que se produzcan enfrentamientos entre las policías y los terroristas, porque las instrucciones presidenciales son precisas: no buscarlos y extinguirlos, sino sólo resguardar la propiedad de quienes no le hacen daño a nadie. En el ámbito internacional debe ser el único personaje que cree que el terrorismo se encara con querellas “contra quienes resulten responsables” y con una hipotética y posterior actuación de los tribunales, como si los jueces no estuviesen atemorizados por las amenazas. A causa de esta cobarde estrategia de “dejarlos hacer” es que, además de llegarse a extremos intolerables, llamó la atención que, al fin logró ser abatido, al menos, uno de los terroristas, quien se encontró cara a cara con carabineros cuando éstos concurrían a relevar a compañeros custodios del fundo maderero Santa Ana de Carahue. Cinco de sus compinches huyeron sin antes herir de gravedad al chofer del bus encargado de transportar a los trabajadores. Portaba un fusil de guerra.


En venganza por su muerte, terroristas de diversos sectores de Malleco procedieron a las ya habituales quemas de casas de “huincas usurpadores” y su velatorio, con “guardias armados” y su posterior funeral en Lumaco se transformó en una revoltosa declaración de guerra, luego de incendiar en una hora más de 16 camiones transporte de combustible.


El guerrillero abatido se llamaba Pablo Marchant Gutiérrez, que de mapuche nada tenía. Se unió a una de las comunidades extremistas al hacer uso de una cláusula de la Ley Indígena, aprobada por la mayoría izquierdista del Congreso, que establece que “cualquier ciudadano” que se integre a una comunidad, y ésta lo acepta, “automáticamente adquiere la condición de mapuche”, beneficio que decenas de “luchadores sociales” han utilizado para ponerse en la lista de receptores de tierras gratuitas cedidas por la CONADI.


Consecuencia de la permisividad y cobardía del Ejecutivo, Carabineros debió apresurarse en presentar todos los testimonios de su accionar, en medio de los calificativos de “asesinos” que le atribuyó, de inmediato, el PC y la pandilla extremista de la Convención. Sin embargo, nadie prestó atención a un hecho que exime de cualquier responsabilidad a los policías: los propios caudillos de las comunidades subversivas reconocieron que Marchant “cayó combatiendo y luchando por la causa”, como lo expresaron frente a las cámaras el jefe de la criminal CAM, Héctor Llaitul; el líder de la narcocomunidad Temucuicui, Marcelo Catrillanca, y el lonco de Lumaco.


Ninguno, como sí lo hace el Presidente, se refirió al extinto como un “luchador social”, sino como lo que realmente era: un guerrillero, y, por tanto, un violentista de existencia ilegal.