CASO CERRADO
VOXPRESS.CL.- Cuando la pajarita de Marcela Ríos resultó obligada a presentar su “renuncia voluntaria” en la mañana del sábado 7 de enero, fue la ministra SEGPRES, Ana Lya Uriarte (PS), quien, en el acto, propuso el nombre de Luis Cordero Vega para que se hiciera cargo del Ministerio de Justicia. El Presidente Gabriel Boric no era partidario de sacarla “para no darle en el gusto a la derecha” y dada, además, su militancia en Convergencia Social, su mismo partido.
Titulado de abogado en la moribunda Universidad de La República, Cordero Vega es experto y profesor de Derecho Administrativo, pero su especialidad es el medioambiente. Fue en esta condición en que llegó a ser asesor de Uriarte cuando ella fue ministra de Medio Ambiente de Michelle Bachelet.
La titular de la SEGPRES es quien, hoy, ‘la lleva’ en el Comité Político en La Moneda, y su campo de influencia es tan amplio y potente que ha originado los celos del Frente Amplio, del PC y hasta del PPD, al cual, para aquietarlo, hubo que devolverle un buen puesto a la doctora Jeanette Vega, quien fue sacada de Desarrollo Social al descubrirse sus nexos con Héctor Llaitul. Ha vuelto al Gobierno, pero a un ‘pituto’ muy bien remunerado en el MINSAL.
Uriarte no estaba conforme con el rol de Matías Meza, jefe de gabinete presidencial, y se alegró de que Boric, su gran amigo en Derecho en la Universidad de Chile, lo sacase volando por su responsabilidad en los errores en las concesiones de los indultos. Pero la ministra evidenció su malestar con quien el Mandatario lo reemplazó: un experimentado activista, ex JJ.CC., también, de Convergencia Social, Carlos Durán, muy vinculado a las universidades ARCIS y Silva Henríquez.
Ana Lya Uriarte dejó huellas imborrables en La Moneda cuando fue jefa de gabinete en el segundo Gobierno de Bachelet. Se transformó en la confidente de la ex Presidenta, al ser la única autoridad de palacio que corrió a su oficina un sábado para mantenerla informada, vía telefónica, de los coletazos del recién estallado escándalo de especulación inmobiliaria protagonizado por su entonces nuera Natalia Compagnon y su hijo Sebastián Dávalos. La Mandataria veraneaba en Caburgua.
Conocida como “la señora”, nadie accedía al despacho presidencial sin informarle a ella, previamente, el para qué y qué incluía la solicitud de audiencia. Tan empoderada como en aquel tiempo, hoy nadie discute sus decisiones y sus acciones, como, por ejemplo, el haber mantenido un nuevo sistema político entre las ‘bases’ del nuevo proceso constituyente; colocar como presidente de la Cámara a Vlado Mirosevic; evitar la aprobación de un nuevo retiro de fondos de pensiones; conseguir los votos para Ángel Valencia como Fiscal Nacional, “porque el Presidente no resistirá una tercera derrota consecutiva” y, más recientemente, alinear a la izquierda en contra de la acusación constitucional a Giorgio Jackson, “para evitar un disparo directo al corazón del Jefe de Estado”…
Así como el Presidente se equivocó al designar, por primera vez en la historia, a una ministra no abogada en Justicia -Ríos es socióloga-, también le erró Uriarte, al escoger a Cordero Vega como su reemplazante, pese a que, también, fue apoyada por Carolina Tohá, ya que el abogado era su asesor en Interior. Se equivocó rotundamente la titular de la SEGPRESS, porque el ahora ministro de Justicia, desde 2016 carga con un estigma académico que no se lo ha podido quitar: fue acusado de plagio por tres profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, fue suspendido de la docencia y rechazada su apelación, con duros términos, por el entonces rector Ennio Vivaldi (PS).
A Cordero Vega le gusta que se le mencione con sus dos apellidos para diferenciarse de su colega Luis Cordero Baeza, quien fuera Secretario Nacional de la Juventud de Augusto Pinochet. Como experto en Derecho Administrativo, el nuevo ministro debe saber que, formalmente, una de las aristas de dicha especialidad es “garantizar los derechos de los particulares en sus relaciones con las administraciones” y, muy específicamente, “mantener el bienestar y la seguridad de las personas”. Sin embargo, su prioridad, según propio anuncio, será perseguir los delitos económicos y modificar la Ley de Notarías, dos ámbitos muy distantes del urgente combate al NarcoEstado terrorista en que se ha convertido el país.
El ministro Cordero Vega falló gravemente en su debut, al asegurar que, visto las causales de los indultos presidenciales otorgados a delincuentes, “no observo nada irregular en sus fundamentos como para proceder a su revisión o nulidad”.
Súmese a ello, la ‘académica’ respuesta del senador Ignacio Latorre –Frente Amplio-, ante las peticiones de anular los indultos: “vayan a alegarle a la FIFA, si quieren, pero acá no hay vuelta atrás”.
Así, La Moneda cerró el caso más aberrante de los muchos en que ha incurrido el Presidente. Sin importarle un bledo las resonantes consecuencias de tan disparatada decisión, el Gobierno dio vuelta la página y Boric, como si nada, retomó su insaciable estrategia de desafiar a la oposición a que volviera a la mesa sobre seguridad interna, culpándola, sin escrúpulos, de que la inacción por extinguir la delincuencia “es culpa de la derecha”.
Capitán de un barco perforado en su línea de flotación, sin timón, sin combustible ni brújula, flotando en medio del océano, él y su pandilla saben que no tienen salvación, a no mediar la inexplicable y estúpido colaboracionismo de políticos amarillentos de la oposición que actúan en sentido contrario a las percepciones ciudadanas.
Carlos Ruiz, el creador e ideólogo del Frente Amplio y mentor de muchos de estos ya maduritos jóvenes que discurrieron la refundación de Chile, y que hoy hacen nata en el Gobierno, expresó que “estamos liquidados acaso La Moneda no da curso a su agenda y elabora un relato convincente”. A buen entendedor, pocas palabras: el programa radicalmente transformador nunca existió por hallarse inserto en el proyecto de la Convención que murió en septiembre, y jamás el extremismo ha tenido un relato, sino sólo acción, y de la más violenta.
Una de éstas, y la más grave, fue el indulto a delincuentes con prontuario e intentar hacer creer a la población que los vándalos “del estallido” fueron, y son, simples protagonistas de pacíficas protestas sociales. La ciudadanía ya grabó a fuego en sus memorias esta andanada de prepotencia en su contra, y lo demuestran las cifras crecientes en desacuerdo con los indultos.
De momento, el repudio a dicho proceder va en un 75%, mientras que en el caso del frentista Jorge Mateluna, la desaprobación está en un 81%.
Un 75% de la gente considera que hay que revocar el indulto del terrorista y apenas un 17% considera que se deben mantener los beneficios de excarcelación a quienes participaron en el “estallido”, contra un 43% que pide anularlos.
El escenario no puede ser peor para el Presidente, quien, decididamente, carece de una mínima sintonía con el pulso de la ciudadanía. Al existir nula sincronía con los sentimientos de la población y con los dueños de los votos, su existencia, en lo presente y en lo venidero, tiene un muy mal pronóstico.