CALIDAD DE VIDA

VOXPRESS.CL.- En enero del 2021, cuando aún nadie soñaba con el surgimiento del pinganilleo ni la odiosidad extrema al interior de la Convención constituyente -que la llevaría a la tumba el 4 de septiembre, el entonces ministro de la SEGPRESS, Giorgio Jackson, informó que “no hay apuros en enviar al Congreso nuestras reformas estructurales; es casi seguro que ello ocurrirá a fines de año”…

Dicho cálculo calzaba con la siniestra agenda programática del Gobierno de Gabriel Boric, quien no se tomó la molestia de elaborar un cronograma de gestión, porque quien haría ese trabajo sería la Convención.

Así, todo lo que debía ser agenda del Ejecutivo se le transfirió a aquella instancia populachera, por lo cual al materializarse su estrepitoso final el 4 de septiembre, la izquierda en general y Boric en particular se quedaron como un botero sin remos.

Con la experiencia todavía muy fresca del rotundo rechazo al programa de Gobierno empaquetado en la Convención, el Presidente insistió en su afán de imponer una de sus tres reformas estructurales, o sea, las famosas de “los cambios profundos”, idea gestada durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, primero con “quitarle los patines a los niños ricos y pasárselos a los pobres” de Nicolás Eyzaguirre y, luego, con la retroexcavadora de Jaime Quintana.

El Chile ciudadano democrático tuvo el buen olfato de detectar esta estrategia y le cerró la puerta a la intentona estatista extremista, y ahora, aunque parezca increíble, la oposición, al fin, entendió cuál es su rol y cuál es el mandato que le entregó quienes la eligieron: se puso los pantalones y frenó incluso la idea de legislar de la reforma tributaria, que no era más que un planificado despojo al sector productivo del país, imponiéndole una sobrecarga de impuestos sin precedentes.

La ministra de la SEGPRES, Ana Lya Uriarte lamentó que “ni siquiera pudo debatirse una reforma ideológicamente progresista, como fue la presentada al Congreso”.

Como tantas veces lo hemos dicho, es el ámbito empresarial privado el que da el 80% de empleos a los 6 millones de trabajadores con contratos. El proyecto rechazado en la Cámara, también aumentaba sustancialmente los tributos al ámbito de los profesionales (médicos, dentistas, abogados, veterinarios, psicólogos, enfermeras, etc), siendo que es esta categoría laboral la meta familiar de hasta las más modestas familias chilenas.

Este segundo gran fracaso del Gobierno en sólo seis meses, fue un impacto tan brutal para La Moneda y para las dos “almas” izquierdistas, que hasta el acomedido ministro de Hacienda, Mario Marcel, perdió su sobriedad de técnico para vomitar sobre los empresarios, un sector con el cual debe convivir y dialogar casi a diario. Su reacción llegó a ser insultante, al decir que “con este rechazo a la reforma, deben estar felices los que eluden impuestos y transfieren sus capitales a familiares para entregar menos al Fisco”. Agregó que “quienes perderán serán los ciudadanos, porque no habrá fondos para aumentar las pensiones ni para mejorar la salud y la educación”, y ello pese a que un diputado independiente pro Gobierno y, por tanto, votante a favor, aseguró que “los fondos para inversiones sociales están disponibles en la caja fiscal”.

En la senda de Marcel, la comunista vocera de La Moneda, Camila Vallejo, aseguró que “la reforma rechazada significaba una mejor calidad de vida para las personas”, en tanto el propio Presidente afirmó que “no ha sido perjudicado el Gobierno, sino la ciudadanía”…

Este majadero hábito del extremismo de no asumir sus reveses y, por el contrario, transferir sus fracasos al “pueblo” en calidad de víctima, llegó a ser condenado, incluso, por el progresista Jorge Bergoglio: “hay quienes se llenan la boca con los más necesitados, pero nada hacen en favor de ellos”.

La reforma tributaria, una tripa de la Convención, fue desahuciada por sus contenidos totalitarios estatistas y claramente enemiga del mundo privado. Era tan arbitraria e injusta como lo fue el proyecto de la Convención, y en nada, absolutamente en nada, favorecía a la ciudadanía y a los más vulnerables. Ello, por una razón tan elemental como simple: era segura una pérdida de puestos de trabajo por el alza de impuestos a los empleadores y un alza en las prestaciones de servicios profesionales por el mismo motivo.

Tal como lo aseguró la ministra Uriarte, se trataba de una reforma política, otro intento por embarcar al país en el camino definitivo del socialismo. Prueba de ello es que el Presidente, en su hipócrita discurso posterior al chacotero cambio de Gabinete, se declaró dialogante y aperturista, pero declaró que la meta de su Gobierno es el Estado de Bienestar, sinónimo de régimen totalitario socialista.

Apelar a una mejor calidad de vida en un eventual Estado de Bienestar para Chile, es una falacia si se observan los estándares ciudadanos de la democracia chilena frente a los de las dictaduras marxistas de Latinoamérica. Calidad de vida “es un conjunto de factores que da bienestar a una persona, tanto en el aspecto material como en el emocional”. Se trata de “una serie de condiciones de las que debe gozar un individuo para poder satisfacer sus necesidades, de modo que no solo sobreviva, sino que viva con un mínimo de confort”.

Pese a su perenne sobrevivencia en un país que no deja de transitar por crisis y catástrofes, un 53% de los chilenos se percibe "muy o medianamente feliz", según una investigación de Ipsos, lo que, aunque anecdóticamente, revela que su calidad de vida es muy superior a la de los regímenes socialistas.

Un solo ejemplo es suficiente para graficar la abismante diferencia entre un sistema democrático y otro estatista ‘de bienestar’: mientras en Chile, el sueldo mínimo es de $ 410.000 mensuales, en Venezuela lo es de $ 40.000 y en Cuba, de $ 25.000.

Sólo en la última década han huido de sus respectivos ‘paraísos’, 1.600.000 venezolanos y 4.000.000 de cubanos, estos con una población inicial de 11.000.000.

Dentro de nueve meses, a este régimen fantasmal y paralizado, pletórico de mentiras, hay que propinarle una tercera derrota, tan colosal como las del 4 de septiembre y como la reciente del 8 de marzo: el 17 de diciembre hay que impedir que un desvergonzado como Boric sea el firmante de una eventual Constitución. Ello sería una ofensa histórica a la dignidad de Chile.