ADVERTENCIA PRESIDENCIAL


VOXPRESS.CL.-Nadie de la ONU, siempre tan “preocupada” de tantos conflictos y problemas internacionales pero sin capacidad de solucionarlos, aprovechó la visita del Presidente chileno para advertirle que Valparaíso está en serio riesgo de perder su condición de patrimonio universal. A anteriores Mandatarios sí se les hizo ver dicha situación, a raíz del descuido y la desatención en el mantenimiento de la ciudad puerto; en tanto hoy, la UNESCO guarda silencio ante el catastrófico estado de este santuario cultural que parece haber sido bombardeado con miles de tarros de pintura, y directamente dañado por los “luchadores sociales” en sus cotidianas y vandálicas acciones para “profundizar la democracia” y liberar a los “presos políticos”.

También conocen, y sufren, por estas permanentes “expresiones de protesta” los vecinos de muchos barrios patrimoniales de Santiago y de otras capitales regionales, víctimas de un permanente hostigamiento de turbas violentas, instruidas y aleccionadas para alterar, día a día, las libertades de movilidad y transporte de los ciudadanos.

Quienes creen que el Golpe extremista destinado a derrocar al Presidente de entonces (octubre, 2019) es una cosa del pasado, se equivocan. El Gobierno, su Presidente, el frenteamplismo y el PC están fríamente conscientes de que no cicatrizarán su profunda herida por su desastre electoral del 4 de septiembre. Mantienen su compromiso con la historia de refundar Chile e introducirlo en “un nuevo ciclo político”, y del que continúan hablando, al referirse a la conversión de la democracia en un opresivo estatismo socialista.

Los que detentan el poder son individuos que desde muy niños fueron adoctrinados con una sola visión cósmica para profesar una ideología petrificada y que la imponen por sometimiento. A diferencia del resto de las corrientes políticas, el de ellos es un sistema genuinamente igualitario, pero en cuanto a pobreza, miserias y total exclusión de derechos individuales, a excepción de las cúpulas dominantes. En sus Estados sociales no existe un solo derecho humano y cuando se hallan en su período de instalación en democracias plenas, como el caso de Chile, recurren al lenguaje del engaño, de la mentira, del engatusamiento y son majaderos en convocar a diálogos y acuerdos inexistentes en sus manuales.

Castro, Maduro y Ortega les prometieron a sus compatriotas “liberarlos” y hoy son auténticos prisioneros sin ilusiones por las cuales vivir. El Presidente se lo dijo en su campaña a los chilenos y, ahora, Lula se lo copió para Brasil: “somos la esperanza para nuestros pueblos”.

Esta peculiar “esperanza” para los chilenos estuvo plasmada en el proyecto de Constitución despojador y excluyente elaborado por la Convención y rechazado por casi 8 millones de ciudadanos.

Ante ello, el Presidente y los comunistas están claramente conscientes de que se les acabó cualquier vía institucional para ejecutar a su voluntad las “reformas refundacionales”, tal como lo planificaron en conjunto con la Convenció constituyente. Saben que sus propuestas “más profundas”, esto es, las abusivas y arbitrarias, no tendrán vía libre en el Congreso Nacional. Ejemplo de esta encrucijada gubernamental es el aviso dado por la ministra del Trabajo, la comunista Jeanette Jara, quien anunció que los eventuales aumentos en los montos de la PGU están supeditados a cómo le vaya a la reforma previsional en su trámite legislativo. De hecho, hay 800 mil adultos mayores dentro del margen de vulnerabilidad de sus pensiones que no han recibido reajuste alguno.

Simultáneamente, el propio Presidente desafío a “los patrocinadores del Rechazo” a que “no cometan los mismos errores que nosotros con el Apruebo”.

Ello, además de constituir una lectura intencionalmente errónea de la realidad –el voto Rechazo fue para impedir los groseros errores del Apruebo-, su declaración es una categórica amenaza: si no llegan a un acuerdo (conveniente para el Gobierno) para un nuevo proceso constituyente, aténganse a las consecuencias.

Sin siquiera reconocer formal o informalmente su estrepitosa derrota en el plebiscito de salida, el Presidente y el PC continúan aferrados a la posibilidad -aunque remota- de que una nueva Convención puede reconstruir un texto refundacional, o sea, conducente a un estatismo totalitario. De no alcanzarse ese propósito, el Mandatario ya notificó al país que “ya sabemos que cuando no hay cohesión social, la sociedad termina estallando”. Un mensaje más que claro.

Tal afirmación con tintes de advertencia, la hizo en el Encuentro Anual de la Cámara Nacional de Comercio, y por si alguien no la escuchó o no la captó, sus palabras están grabadas.

Cohesión social es “un grado de consenso que existe entre los miembros de un grupo social, esto es, a qué tan consensuadas, aceptadas y percibidas como justas son las acciones que el grupo emprende”.

La definición alude con exactitud a lo que el Presidente no propició, al ser el líder y vocero del odioso y antojadizo proyecto de nueva Constitución, y es lo que sigue impulsando con sus conflictivas “reformas estructurales” y con su negativa a combatir de raíz la criminalidad de los comuneros terroristas en Arauco, Malleco y Cautín.

Su ministra del Interior se animó a viajar a Temuco y Angol para entrevistarse con “todos los actores” del conflicto, menos con los guerrilleros comunistas, “porque no aceptan el diálogo y no hay más herramientas para la paz que ése”. Extraña que una política avezada como Carolina Tohá sea tan ilusa de creer factible sentarse a una mesa con delincuentes armados hasta los dientes. Un grupo de ellos, la acosó en la calle a los gritos de “asesina” y “sinvergüenza”.

Casi con júbilo, el Presidente anunció el financiamiento para la adquisición de 1.054 carros de patrullaje para Carabineros el 2023, en su intención de dar tranquilidad de seguridad a la ciudadanía. No obstante, al ritmo de retiros masivos del personal institucional por la demonización de que fue víctima por parte de las autoridades de hoy a partir del 18/O, no habrá tripulantes suficientes para esos vehículos. Además, serán de escasa utilidad quienes los ocupen, pues se hallan impedidos de disparar, dada sus clases obligatorias de ética y de derechos humanos. Hoy, los delincuentes tienen la certeza de que lo más lejano en sus actos criminales es la posibilidad de morir.

Dado que casi 8 millones de chilenos repudiaron al Gobierno al votar Rechazo, nada, absolutamente nada, permite suponer que está medianamente cerca algún tipo de cohesión social. El rechazo generalizado fue por la desconfianza que genera el pacto FA/PC y porque La Moneda y su entorno de parlamentarios, intendentes y alcaldes propician, aunque a gotas, la materialización del programa de campaña, el mismo incluido en la fracasada propuesta constitucional.

Al revelar el presupuesto 2023, el Presidente afirmó que es “intocable” un plan universal de salud, excluyendo de él al mundo privado, y más tarde anunció el proyecto de aborto por deporte, siendo que hace varios años fueron institucionalizadas tres causales legales para ello.

No hay indicios ni señales de que La Moneda se aproxime a las demandas plenas de la ciudadanía en cuanto a la satisfacción de sus derechos. Es a causa de este escenario que el Presidente no descarte “una explosión” en caso de que la sociedad chilena no logre la cohesión.

Con la reafirmación de la extrema izquierda de no ceder en sus aspiraciones de instalar su programa totalitarista a través de cualquier artimaña, no es descartable, sino más bien esperable, que lo haga mediante la fuerza, al igual que el 2019.