top of page

ACUERDOS NO ACORDADOS


VOXPRESS.CL.- Ha llegado julio y es un mes que será recordado por el país como el fin de uno de los más espantosos montajes políticos de que tenga recuerdo la comunidad nacional: la Convención Constitucional. Es, también, el mes en que el Gobierno presentó en sociedad su primer gran proyecto de “cambio estructural”, como parte de la refundación del país, destinado a que los ricos paguen más impuestos para dárselos a los pobres: la reforma tributaria.


A causa de la inesperada baja en la aprobación al Presidente y de la porfiada y sostenida ventaja del Rechazo para el plebiscito de salida del 4 de septiembre, La Moneda, y en particular el PC, tomaron debida nota de que tan encadenado escenario negativo terminaría más pronto que temprano con su meta de introducir institucionalmente en Chile el totalitarismo socialista.



El controvertido y desfachatado Giorgio ‘Donatello’ Jackson, a poco andar el Gobierno, anunció que “las reformas estructurales” se enviarían “después de septiembre” al Congreso, esto es, una vez que la Convención le hiciera la pega al Ejecutivo, en la absoluta convicción de que el Apruebo iba a arrasar.


Las cifras develadas unánimemente por las encuestas, dan cuenta de lo contrario, y ello fue lo que activó al PC a obligar al Presidente a que concretará antes del plebiscito el envío al Congreso de la reforma tributaria, ello para generar fondos para financiar “los cambios profundos” prometidos en el programa. El ministro de Hacienda la prometió para el 30 de junio y, luego, la adelantó para el 1 de julio. A su vez, el Mandatario se encargó de tranquilizar a la población: “sólo pagarán más impuestos las grandes empresas y los sueldos altos”. En este punto omitió referirse a los ingresos de $ 7 millones de una quincena de asesores de La Moneda, pero sí dejó en claro que la recarga tributaría caería en quienes, por años, ejercen libremente sus profesiones y, dado su prestigio y experiencia, cuentan con clientelas numerosas que les aportan suculentos honorarios.

Luego de la tributaria, vendrán -antes del plebiscito- las súper estatistas reformas previsional y de salud, en otro empeño por sumar votos para el Apruebo.


Todos se tratan de proyectos de ley que requieren ser debatidos en ambas Cámaras legislativas, por lo que precisan de un mínimo de entendimiento con el resto de las fuerzas políticas, y bien sabe el Gobierno que carece de mayoría entre los diputados y los senadores. Frente a dicho panorama adverso, La Moneda ha hecho prevalecer anuncios populistas, y casi amenazadores para los empresarios, para captar simpatías entre quienes están en duda frente a la elección del 4 de septiembre.


Tanto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, como la chillona del Interior, Izkia Siches, han reiterado que los proyectos de “cambios profundos” obedecen a un “pacto social” en el cual se han pronunciado y están de acuerdo diversas organizaciones civiles “con las cuales llevamos tiempo conversando”. No obstante, éstas no votan en el Congreso.


El ‘impuestazo’ a los ricos es un antiguo anhelo de la izquierda -desde los tiempos de Bachelet- y en su campaña electoral, Gabriel Boric lo puso como prioridad para sustentar sus promesas de campaña. La alarma del PC aceleró los tiempos, al punto que el proyecto ingresó sin una mínima coordinación pre legislativa, pues el encargado de ello, Giorgio Jackson, al margen de haber sido reventado por senadores PS por abocarse a vocero de su compinche el Presidente, se ha dedicado sólo a aventar y coordinar a la Convención, desatendiendo el rol natural y exclusivo que le cabe a un ministro SEGPRES.


Esta “venta de humo” a la población y a sus decepcionados adherentes, de ninguna manera se resolverá antes del 4 de septiembre, pues se estima que su discusión legislativa tomará, mínimo, cuatro o cinco meses.


Ésta y todas las demoras que halle el Gobierno en el Congreso es consecuencia de la falacia de los acuerdos, diálogos y pactos que día a día inventa el Presidente sólo para “embolinar la perdiz”. Es tan grande la desorientación en La Moneda que, tras ser vocera de un Comité Político, la Siches alardeó con la reforma tributaria, afirmando que “se ha consensuado tras un gran pacto fiscal…” (?)


De una parte, este pacto gobernante de amplismo/comunismo nunca se acopló a un avenimiento parlamentario en el período anterior, e incluso, el naciente FA y su ahora Presidente de la República se restaron a votar en contra de la violencia política y pidieron la disolución de Carabineros, respecto del cual, ahora, la Siches se refiere como “nuestros carabineros”… A ello hay que adicionar que nadie evita una arcada ante la posibilidad de pactar con los comunistas, a excepción del titular de la DC, Felipe Delpín, alcalde de La Granja.


Cuando Boric y sus ministros se refieren a pactos o acuerdos nacionales, simplemente no hay que creerles. Histórica e ideológicamente, este tipo de revolucionarios nunca han dado pruebas de que son capaces de atar algún vínculo unitario, pues prevalece en ellos la imposición totalitaria.


Todo lo que dicen, prometen y ofrecen es una absoluta mentira, a la cual recurren sólo como un desesperado intento por salir de un pozo en el cual, por ignorancia e ineptitud, nunca imaginaron que iban a caer tan rápido y tan bruscamente.


bottom of page