¿ACUERDO NACIONAL O SALVATAJE PRESIDENCIAL?

VOXPRESS.CL.- En estos momentos, el país es presa de dos crisis que no sólo parecen, sino son indomables: una es la carestía en los precios y, la otra, la escalada sin límites de la inseguridad nacional, traducida en una brutal violencia urbana y rural (La Araucanía).

Ambas fenomenales anomalías son las responsables de que nunca antes en la historia, un Presidente, en este caso Gabriel Boric, tenga en menos de tres meses de gestión una reprobación del 53%. Como si ello no fuera suficientemente preocupante, en los últimos 30 días, la estadística de delitos aumentó en un 64%, cifra jamás antes conocida.

La debacle originada por el costo del dinero, al menos se puede aliviar en algo mediante el otorgamiento de bonos y subsidios directos al bolsillo de los más afectados, pero la desbordada violencia en calles y caminos, carece de solución de seguir enfocada ésta en ofertas de diálogos y en añejos ‘remedios’ de los que se habla hace años, pero no frenan en el acto el impacto delictual.

Ninguno de los Gobiernos de la Concertación, por razones electorales, se animó a detener el progresivo avance de la delincuencia alentada por el entonces naciente narcotráfico. Al asumir su primera administración, Sebastián Piñera anunció, populista pero estérilmente, el fin de las vacaciones de los delincuentes, en tanto en su segunda gestión, por su atávico miedo a que le dañase su imagen, rehusó imponer la autoridad para restablecer el orden público.

Ésta, la que está por expirar, y las anteriores Constituciones, daban al Presidente las facultades para reprimir, por el imperio de la paz ciudadana, cualquier alteración al orden público. Pero ningún Mandatario tuvo el coraje de hacerlo.

Con el arribo de Boric, el escenario delictual se desmadró porque se incorporaron a las pandillas de malhechores todos aquellos ‘luchadores sociales’ que creyeron que el 12 de marzo estarían entrando a La Moneda para manejar el país, sacando “de un ala” a los ricos para establecer la revolución prometida en la revuelta del 18/O. Tras tomar nota de que su Gobierno no iba a mantenerlos, tuvieron que ponerse a ‘trabajar’, incrementando, así, la masa delictual.

La ciudadanía, además de agobiada y temerosa, pide -no le queda otra cosa- más que acciones inmediatas y concretas para detener la violencia, pero ello no es posible dada la complicidad de La Moneda, la que se limita a “condenarla”, pero, por otra parte, se niega a reconocer la condición de delincuentes de muchos de sus vándalos ‘primera línea’.

En sus discursos sobre esta incontrolable realidad, el Presidente dice “abrirse a opciones de seguridad”, pero todo lo chutea a futuro, aduciendo que en lo urbano se trata de un problema social –“la pobreza alimenta a la delincuencia”- y en lo rural, de una deuda histórica de recuperación territorial. Aunque nada de lo que dice es una novedad, es una burla que ofrezca canchas de fútbol a la juventud de las poblaciones periférica del Gran Santiago y que apure al Fisco para más compras de hectáreas para regalárselas a los comuneros comunistas en la creencia de que, así, éstos no continuarán saqueando, incendiado casas de mapuches honestos y asesinando a transportistas.

El ex director de la CONADIE reveló que “fracasó la teoría de comprar la paz con tierras”.

Esta sensación -perceptible por toda la comunidad- de que el Gobierno no tiene la honestidad de reconocer que no puede actuar con fuerza contra quienes votaron y trabajaron en su campaña, se vio reforzada, ni más ni menos, por la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien duda de la condición de delincuentes de quienes asesinaron al matrimonio Luchsinger/McKay y que, por “instrucciones superiores”, están prematuramente disfrutando de exclusivos beneficios carcelarios. Sobre los mal llamados presos políticos, la titular de Interior reconoció que, “en esta materia” hay “compromisos de campaña”.

Para ‘emborracharle la perdiz’ a la población, Interior celebró como una hazaña la “redistribución” de 700 -sí, 700- carabineros en las comunas policialmente más permeables del país.

Es este doble estándar del Gobierno el que recomienda guarecerse de su aprovechador interés por concretar un Acuerdo Nacional contra la violencia, por ser más fantasía que realidad. Menos mal que, al margen del senador UDI Javier Macaya -el mismo gurú que sentenció que sólo Lavín era capaz de detener a Jadue en la segunda vuelta presidencial-, nadie más de la oposición ha pisado el palito de tan hipócrita oferta de Boric. La derecha ya fue abusada por el Acuerdo de Paz, que no resultó ser más que la rendición de Piñera, como para volver a caer en la misma trampa.

El Gobierno del pacto Apruebo/Dignidad es la mezcla de dos colectivos que, en su momento, se negaron a firmar precisamente un avenimiento legislativo de condena a la violencia, y sus parlamentarios votaron en contra de una ley de control de armas y de otorgar más facultades a las policías. Por el contrario, se las restringieron.

Con estos antecedentes a la vista, no existe un solo antecedente nuevo por parte del oficialismo como para prestarse al manoseo show de un Acuerdo Nacional contra la violencia. El empeño real de La Moneda se concentra en ganar tiempo, a la espera del esperanzador 4 de septiembre, para cuya fecha trabajan, empujan y se entrometen indebidamente en el desarrollo de una eventual nueva Constitución, con la garantía expresa de carta blanca para los más variados delitos ahora institucionalizados.

No es sólo de inocentes e ingenuos hablar de un posible Acuerdo Nacional, y transversal, con un Gobierno que se consume rápido en el fuego de la ineptitud e inexperiencia, ello al margen de su inalterable fe en el extremismo y en el terrorismo. Hacerlo, sería simplemente una gran estupidez.