A LA MEDIDA DEL EXTREMISMO


VOXPRESS.CL.- Así como va, en la historia de Chile no se consignará un documento más falso y distorsionado que la nueva Constitución que está imponiendo la arbitraria y sesgada Convención, dominada por colectivos y mal camuflados ‘independientes’ extremistas.


Al país, siempre sordo y aletargado por su propia indiferencia, se le ha contado que la nueva Constitución en trámite será para “todos los chilenos”, falacia fácilmente rebatible gracias a las propias acciones y maniobras asumidas por esta violencia escrita, el camino legal e institucionalizado que, gracias a la abstención electoral, se les facilitó a los subversivos del 18/O.


Lo que están llevando a cabo estas bandas ideológicamente fanáticas y borrachas de odio y resentimiento, es una Constitución ‘a su pinta’, acorde a sus objetivos de un sometimiento sobre el país. Además del PC, el Frente Amplio y de los voceros de las comunidades mapuches comunistas, son totalmente desconocidas, como Nueva Constitución, Movimientos Sociales Constituyentes, Colectivo del Apruebo y Pueblo Constituyente.


Gracias a la falta de contrapeso en la proporcionalidad política de los delegados, la Convención aprobó una de las inequidades más escalofriante de la historia con su parcial visión del negacionismo. En su Reglamento de Ética, figura como tal "toda acción u omisión que justifique, niegue, minimice o haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad, ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990” y aquellas "violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social".


En todas las Constituciones de naciones democráticas se establece categóricamente el libre derecho a expresión, menos, obviamente, en los regímenes socialistas, en los cuales sus dictaduras castigan hasta con la muerte a quien censuren el total y brutal no respeto a los derechos ciudadanos.


Si a la ignorancia que campea en la Convención se le suma este tipo de fanatismos, el resultado es un artículo como éste, remitido a sólo dos períodos acotados y específicos.

Los derechos humanos valen igual para todos, y es un crimen a la inteligencia y a la historia restringirlos exclusivamente a situaciones en que el extremismo no salió con las suyas.


Es tan segregacionista la redacción de un artículo que se insertará en una Constitución necesariamente de índole nacional, que le estará prohibido a la población no reconocer que en ambos períodos citados hubo violaciones a los derechos humanos, y cuyas víctimas fueron sólo de la izquierda. Sin explicación alguna.


Tanto en el gobierno militar como en el Golpe subversivo del 11/O, cuyos coletazos están muy activos hasta hoy, hubo, ha habido y siguen habiendo víctimas que no corresponden a extremistas ni subversivos, sino a sus víctimas civiles, trabajadores inocentes, policías y uniformados que serán ignorados en la nueva Constitución.


En cuanto a violaciones a las libertades, hasta hoy, comerciantes y vecinos deben marcharse de barrios y zonas donde los terroristas continúan actuando. El consagrado derecho a vivir en paz es vulnerado, pero la nueva Constitución no lo va a considerar así, porque sólo vale el reconocimiento a un dudoso daño a los suyos.


Combatientes de La Araucanía se trasladaron a la capital para reforzar las acciones vandálicas en la capital, tras el 18/O, retornando, luego, al sur para retomar sus cada vez más violentas acciones terroristas. Los 5 mil trabajadores forestales que han perdido sus empleos y carabineros asesinados o heridos por los guerrilleros rurales ¿no son, acaso, parte de derechos humanos inculcados?

Ellos no cuentan para la futura Constitución.


Argumentalmente es sostenible la teoría de que los destrozadores del Metro, los saqueadores del comercio e incendiarios de templos religiosos son delincuentes y, en esa condición, algunos de ellos, muy pocos, están procesados por la Justicia en su condiciones de tales, de delincuentes. Pero según como quedó redactado por la Convención, nadie podrá referirse a ellos como malhechores, sino como “pobres víctimas”.


Esta descomunal segregación ideológica, le será impuesta a quienes fueron, y son, totalmente ajenos a ambos períodos, e incluso ni siquiera habían nacido ni todavía nacen.


En una consulta de opinión relativamente reciente, aumentó el número de ciudadanos que condena la violencia, y, específicamente, de quienes, en su momento revelaron estar de acuerdo con el mal llamados “estallido”. Es decir, la nueva Constitución va exactamente en sentido contrario al sentir de la ciudadanía a la que, en su conjunto, debe armonizar y satisfacer.


De seguir este ritmo de arbitrariedades e imposiciones, la Convención terminará redactando una Constitución al servicio exclusivo, interesado y discriminatorio de unos pocos, unos bandidos que tienen a Chile al borde del abismo y a los cuales se les tendrá que reconocer institucionalmente como víctimas.

Negarles dicha condición, será inconstitucional.