UNA NEGOCIACIÓN INACEPTABLE


VOXPRESS.CL.- Hernán Larraín Fernández (64) es uno de los pocos ministros –al margen de su antiguo e íntimo amigo Alfredo Moreno- que goza de un trato deferencial de parte del Presidente. Éste le consulta sobre sus grandes decisiones y suele colocarlo como ejemplo de “mantención ordenada de la casa”, comparando la situación de su cartera de Justicia con la de los huracanados días de la bacheletista DC, Javiera Blanco, quien hasta huelgas internas sufrió.

La relación entre ambos no se forjó en la vida política, sino mucho antes, y prueba de ello es que su esposa, Magdalena Matte, fue la primera ministra de Vivienda en el período anterior de Sebastián Piñera. Ella, hija de un connotado líder de la antigua derecha conservadora y ex candidato a La Moneda, Arturo Matte Alessandri, es ingeniera y empresaria del papel, y tuvo que renunciar, tras el convulsionado “caso Kodama”, en que se negó a pagar una millonaria indemnización a una empresa asesora de su antecesor. Incluso, le costó ser interpelada por la Cámara, constituyendo todo un record, ya que fue la primera Secretaria de Estado del régimen en correr dicha suerte. Años más tarde, lo sería también su marido.

Tanto en el Congreso, donde estuvo por 24 años, como en el Gobierno, a Larraín se le reconoce su inteligencia, su iniciativa por el diálogo y por decir “las cosas por su nombre”. Esta última aparente virtud le ha valido varios conflictos y, sin ir más lejos, hoy se halla en la cresta de la ola como el interlocutor de La Moneda con el comunero asesino Celestino Córdova.

Los lenguaraces de Palacio comentan, sin tapujos, que de tratarse de otro ministro, hace tiempo que Larraín no estaría en el cargo, dada una secuencia de confrontaciones y hasta de ‘metidas de pata’, de las cuales ha salido indemne. Recién asumido, retiró del Congreso un beneficio económico dejado por Bachelet, aduciendo que no tenía financiamiento y los fondos estaban incluidos en el Presupuesto de la Nación; postuló como notario de Curacaví a un ex asesor suyo; pidió ser testigo en el juicio en contra de Jaime Orpis en el caso Corpesca para declarar en su favor; tuvo un round con el ex vocero de la Corte Suprema por tratar de “izquierdistas” a los jueces; anunció una radical reforma al sistema notarial, la que no se cristalizó, denunciando “un feroz lobby” sobre la materia y el Senado le volteó dos nominaciones suyas para asumir como integrantes de la Suprema, Dobra Lusic y Raúl Mera. Proclamó que cambiaría el sistema de postulaciones y no lo hizo.

De “nacido para sobrevivir” en el Gabinete califican a este abogado de la Pontificia Universidad Católica que ganó dos premios por mejor alumno de su promoción (1971), que fue docente de la Escuela de Derecho y Secretario General de la Universidad. En dicho recinto estableció una gran amistad con Jaime Guzmán, llegando a la UDI de la cual fue vicepresidente y, después, presidente en dos oportunidades.

No es de apariciones frecuentes y, por lo mismo, no es un blanco permanente ni preferido de la oposición, aunque sectores del oficialismo le reprochan que en días de violencia política y criminal, como los actuales, debería estar formando poco menos que un dúo con Interior, diseñando estrategias para afrontar lo caliente de la situación.

Hoy se encuentra en el peak de los cuestionamientos por su rol de interlocutor con el machi Celestino Córdova, el asesino del matrimonio Luchsinger/McKay en Vilcún, por tratarse de “gringos usurpadores”.

Córdova, condenado a 19 años por dicho delito, se ha convertido en el comunero símbolo de la lucha del terrorismo narcoindígena en contra del Estado y de los empresarios forestales de La Araucanía. Los guerrilleros rurales lo califican de “preso político” y aseguran que continuarán sus acciones vandálicas hasta que no quede “ninguno de nuestros hermanos en prisión”. El criminal solicitó a la Justicia cumplir su pena en libertad condicional “por temor a contagiarse con el virus en un recinto cerrado”, pero como la Corte de Apelaciones le cerró toda posibilidad de cruzar las rejas al exterior, modificó su planteamiento: pidió permiso a Gendarmería para estar dos meses en ceremoniales religiosos con su rehue.

De haber existido una sola posibilidad, sólo una, de interactuar con este doble criminal, debió ser, como máximo, con Gendarmería y jamás involucrarse el mismísimo ministro de Justicia.

Es aquí cuando surgió el desatinado rol de Larraín. Aunque se sospecha que, al menos en esta oportunidad, su intervención fue consultada a La Moneda: por “razones humanitarias”, el ministro le concedió 19 horas para permanecer en su comunidad, a condición de que depusiera su huelga de hambre mantenida en el hospital de Nueva Imperial. Terminó cediéndole 30.

Resultó insultante que un ministro de Justicia ‘negociara’ con las voceras de un asesino, a quien un tribunal le dio un portazo definitivo. Invocar una solidaridad de alma para dar un beneficio a un ser despreciable, es una burla para la sociedad y para la judicatura, la que ya se había pronunciado. Córdova se concertó con una decena de cómplices para asaltar a balazos e incendiar la morada de los Luchsiger/McKay, quienes murieron calcinados. Estuvo prófugo y un juez comprometido con los comuneros terroristas, lo dejó en libertad “por ser inocente”.

Es más, el machi se dio el gusto de dar un ultimatum al Gobierno, esto es, un asesino poniendo condiciones. Si el ministro no satisfacía su solicitud de pasar una temporada en oración con sus hermanos de rehue, acrecentaría su protesta hasta su muerte. Gendarmería dispone de todas las facultades que le otorga la ley para imponer su autoridad sobre los reclusos a su cargo: sin disciplina, los penales serían un caos.

Las “razones humanitarias”, al menos por esta vez, debieron estar por sobre el pavor que La Moneda le tiene a las organizaciones de derechos humanos. El que el INDH haya estado de cabecera del asesino, no era suficiente para beneficio alguno. Hay galerías con presos evangélicos y curas han pasado por las cárceles y, por cierto, se les hubiera negado cualquiera solicitud de salir libres por días, semanas u horas para ritos religiosos.

Sea una decisión personal, autorizada o compartida, el punto es que quien dio la cara y ofreció rebajarse ante un frío criminal, fue Hernán Larraín, un nacido para sobrevivir en este gabinete ministerial.

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