EN LA ARAUCANÍA, QUIEN BUSCA ENCUENTRA


VOXPRESS.CL.- En un operativo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI de Angol se incautación armamento, más de 300 municiones de distintos calibre y ropa de camuflaje militar, todo ello en un domicilio de una comunidad de Maica, en Collipulli. Además, se recuperó una camioneta con encargo por robo.

El fiscal de alta complejidad Carlos Bustos anunció que dicho material será analizado para determinar si tiene algún vínculo con los ataques incendiarios en La Araucanía. El hallazgo fue fruto de diligencias ordenadas por ese persecutor.

Ésta es una buena señal en momentos en que La Araucanía está en riesgo de arder por sus cuatro costados, ya que revela que la Justicia, tan invocada por la población afectada, está ‘haciendo la pega’, una demanda permanente por parte de las víctimas de la violencia impuesta por los comuneros terroristas.

No sólo entre los habitantes de la zona, sino del país entero, persiste el recuerdo del tristemente célebre juez Ignacio Rau, quien, en su momento, decretó la “total inocencia” de 11 involucrados en el asesinato del matrimonio Luchsinger/McKay, entre ellos el machi Celestino Córdova, más tarde condenado a 19 años de cárcel por ese delito.

La de la Justicia es sólo una parte de la tremenda labor de investigación, infiltración y reducción de los comuneros extremistas que les corresponde realizar a las fuerzas de orden, seguridad y paz interior. Los magistrados que están dando la cara en La Araucanía no lo pasan bien, porque suelen ser amenazados de muerte acaso siguen adelante con el juicio respectivo.

Al automático desconocimiento de los fallos judiciales, los extremistas han sumado a su lucha contra el Estado por la demanda de tierras y contra los empresarios agrícolas para que abandonen la zona, el concepto de “preso político” una figura que, al menos en Chile -sí en Venezuela y Cuba- no está considerada ni tampoco se conoce de caso alguno.

La labor de la Policía Civil es “investigar y encontrar a autores y pruebas” de delitos en proceso de juicio. Sería lamentable que este episodio refleje alguna intención de las acciones del Gobierno en su política anti-subversiva en La Araucanía. Si bien la acción de la Justicia es clave, sólo constituye el último eslabón de la cadena de operaciones para sofocar el levantamiento terrorista.

Los tribunales actúan sobre hechos consumados y ordenan las indagatorias para ubicar e imputar a los autores. Pero antes de ello hay una etapa, la más importante de todas, que es el aniquilamiento del terrorismo, y para ello forzosamente hay que salir a su encuentro.

Al promulgar una ley impulsada precisamente por la muerte de un transportista en Victoria, que sucumbió por el incendio intencional de su camión, el Presidente fue tajante en aclarar que “se combatirá con dureza a todos quienes atenten contra el Estado de Derecho” e hizo especial hincapié en “los terroristas”, alusión obvia a los comuneros extremistas de La Araucanía.

Una dirigente de la Multigremial de Victoria insistió en que “con los terroristas no hay diálogo ni acuerdo posible, porque ellos sólo atacan, destruyen y desaparecen”. Éste es el punto de partida de cualquier interesado en cambiar realmente el destino de los luctuosos hechos en dicha zona. La Justicia es el capítulo final, porque es la que condena a los responsables una vez comprobada su participación y autoría en los delitos que se les imputan. De hecho, distribuidos en diferentes cárceles, hay casi una treintena de comuneros comunistas que se hallan en huelga de hambre cumpliendo condena por ataques con violencia y que se auto definen “presos políticos”.

Es la fase previa a ésta la que no se cumple, y la prueba de ello es que los comuneros terroristas continúan actuando, y cada vez con más encono. El hecho de que haya fallado estrepitosamente una operación supuestamente secreta de Carabineros y que después, “por un error”, se haya baleado al nieto de un lonko de la poderosa y políticamente influyente Temucuicui, no puede -bajo ningún argumento- detener la necesaria e inevitable acción de detección y apresamiento de los terroristas.

Se huele en el ambiente un perfume de paralización en esta materia, porque nadie, absolutamente nadie, se explica que habiendo Carabineros especializados y militares desplegados en la zona, ambas fuerzas se vean superadas por la guerrilla que actúa de día y de noche. En un ataque ocurrido hace dos semanas, una bala disparada por un subversivo dio en el casco de un soldado, salvándose de milagro. El jefe de la Defensa en La Araucanía, general Luis Sepúlveda, debió ser sustituido de urgencia por un shock de estrés causado por la impotencia de no poder repeler los ataques a su personal.

En otra muy mala señal, dos ministros le rogaron públicamente a un criminal que depusiera su huelga de hambre, y la respuesta de éste fue darle un ultimátum al Gobierno, teniendo Gendarmería todos los instrumentos que otorga la ley para hacerlo comer y beber líquidos por tratarse de un reo bajo su cuidado.

Un ejemplo de cómo hay que proceder ocurrió en el Gran Santiago: tres funcionarios de la PDI, incluso dos heridos, respondieron a balazos un masivo ataque de una banda delictual, en tanto, dos carabineros de civil dieron muerte a un ladrón de relojes antes de que huyera en moto junto a su cómplice. La Constitución y todas las leyes relacionadas con el área de la seguridad pública respaldan el actuar, por duro que sea, de los funcionarios encargados de combatir la delincuencia, rural o urbana.

Es de no creer que con tanto subversivo detenido no se conozcan aún sus centros de operaciones y los cabecillas de las acciones devastadoras. Es una elusión dejarle toda la responsabilidad a los tribunales para que éstos envíen a prisión a los pocos terroristas que logren ser identificados, tras los interrogatorios judiciales.

Sin miedo al qué dirán, sin temblarle a los falsos derechos humanos y apuntando siempre al respaldo de la Constitución al respecto, hay que salir a buscar a los extremistas, enfrentarlos si es preciso y reducirlos, porque no existe otro modo, en las actuales circunstancias, para decretar su fin.

Quien busca encuentra, pero hay que salir a buscarlos.

Sobre el operativo, realizado este martes en horas de la noche, el persecutor comunicó: "a consecuencia de diligencias decretadas por la fiscalía de alta complejidad se realizó una incautación en una unidad rural de la comuna de Collipulli, específicamente en el sector Bajo Maica. Diligencia que fue realizada por Bipe Angol. El resultado de dicha diligencia trajo como consecuencia la incautación de 3 escopetas de diferentes calibres, una de ellas de repetición, numerosa cantidad de municiones y más de cien municiones incautadas. Además de aquello, vestimenta militar y chalecos antibalas".

Bustos adelantó que actualmente se están realizando pericias para determinar la identidad y participación de un imputado, quien debido a sus antecedentes, se cree que se encuentra relacionado con los hechos.

"Se solicitó la respectiva autorización judicial para ingresar al domicilio debido a que manteníamos antecedentes que la persona respecto a la cual se solicitó autorización estaba ofreciendo armas y municiones a terceros (...) La persona a la cual se investiga no se encontraba en el lugar. Sin embargo, se están realizando investigaciones, se le encargó a la Policía de Investigaciones dar con el paradero de esta persona y esperemos que sea detenido dentro de las próximas horas", detalló el fiscal.

Sobre la ropa mimetizada, el persecutor indicó que se realizará una investigación para conocer si este es un uniforme original o si se trata de un camuflaje debido a la apariencia de la misma. Además, se procederá a indagar sobre la procedencia de lo incautado.

Junto con repudiar los recientes hechos de violencia, el intendente de la región, Víctor Manoli, agradeció el operativo policial que permitió sacar de circulación las 3 armas, 376 cartuchos y municiones, así como la ropa mimetizada y el chaleco. Además, el acto de recuperar el vehículo con encargo por robo.

"En base a los antecedentes expuestos, quiero decir que como Gobierno seguiremos trabajando en coordinación con la policía, para desbaratar estos grupos armados que cometen delitos e infunden terror en nuestros habitantes ...", dijo el intendente.

"La fiscalía ya confirmó que se está investigando la vinculación del armamento encontrado con ataques incendiarios que se han registrado en la zona. Lo que por un lado nos da tranquilidad de que estos delitos no quedarán en la impunidad y sus responsables, pronto estarán tras las rejas", dijo Manoli.

Finalmente, la autoridad regional reiteró que aunque aún se encuentran abiertos al diálogo, no se aceptará que "haya violencia de por medio" como medida de presión.

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