LA JUSTICIA DEJÓ SU CEGUERA


VOXPRESS.CL.- Además de sus platos típicos y de sus tonadas emblemáticas, uno de los sellos que mejor identifican a Chile es que convulsiona cada vez que es estremecido por algún gran acontecimiento y, muy luego, retoma la habitualidad hasta que vuelve a producirse otro suceso que lo conmueve.

Este fenómeno, que casi ya dejó de ser tal, queda a la vista en las grandes tragedias naturales: el país es atacado por un virus de opiniones y sugerencias para que “esto no vuelva a repetirse”, pero pronto se calman las aguas y, con ello, la larga lista de soluciones y remedios propuestos se olvidan.

Exactamente lo mismo ocurre con los fallos de la Justicia en los casos que remecen a la población hasta las lágrimas y exacerban al límite las emociones de la gente que, cual pueblo judío frente a Pilatos, pide a gritos la pena de muerte. Surge, entonces, la consabida oleada de ‘expertos’, dando todo tipo de lecciones para que “esto no vuelva a repetirse”, pero, en breve, el escándalo se diluye, el caso se olvida y vuelta a lo mismo, hasta que otro suceso descabellado golpea a la población.

Lo que se está viviendo por estos días a raíz del brutal asesinato de Ámbar Cornejo se vivió con la misma intensidad y polémica cuando fue descuartizado Hans Pozo por su pareja homosexual; cuando, no hace mucho, fue desmembrado y lanzado al mar el cadáver del profesor Nibaldo Villegas y cuando le fueron arrancados los ojos a la aysenina Nabila Riffo.

En Chile, por años, ocurren episodios gravísimos, pero si es que llegan a haberlos, los cambios sólo son formales: en el fondo, todo continúa igual.

Así como con posterioridad a catástrofes naturales, casi automáticamente se sienta en el banquillo de los culpables al Estado y a sus respectivos servicios de emergencia y ayuda, en los acontecimientos criminales de connotación se pide sentar en la picana al Poder Judicial. En esta oportunidad, se recogieron firmas para acusar constitucionalmente a Silvana Donoso, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien en 2016, firmó la libertad condicional del asesino de Ámbar, pese a las recomendaciones en contra de Gendarmería, y la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, tuvo que enviar una carta de disculpa a la Corte Suprema por sugerir sanciones a los jueces "que fallen mal”. Incluso, sugirió la reposición de la pena de muerte.

Sería de necios enviar a la hoguera a todos los jueces por culpa de quienes toman decisiones extremadamente permisibles, que facilitan las reincidencias, y que abusan de las libertades condicionales. Es demasiado potente, como para ignorarlo, el reclamo de la población, que percibe una sensación generalizada de “no aplicación de justicia”. El descontrolado clima altamente delictual vigente, parece darle la razón.

Sería eternizarse en un debate acaso todos los jueces por igual tienen las competencias para ocupar sus cargos, dado que no debería haber aptos e ineptos si se rigen por idénticas reglas para aplicar sus fallos. Resulta evidente que el problema no radica en los Códigos, sino en la prevalencia del factor ideológicamente político que domina en todos los niveles del Poder Judicial. Ello es agravado por la creciente injerencia de los derechos humanos en las sentencias, por menores que éstas sean.

Los derechos humanos fueron creados como una instancia forzosamente aplicable en favor de los desprotegidos y desvalidos, pero el socialismo mundial se apropió de ellos y los instaló en el lado de la política que le interesa. Quien no lo quiera admitir así, que se remita a la visita solidaria del director del INDH al autor de un doble asesinato en La Araucanía, condenado a 19 años, realizada, como presión, antes de que la Corte Suprema se pronunciase sobre una eventual libertad condicional solicitada por la defensa del delincuente.

Después de la Reforma Procesal Penal, la Justicia chilena pasó a ser garantista, y la primera garantía de un ser humano es que se le respeten sus derechos. En el caso de un delito, aunque sea ínfimo, la magistratura parte por hacer fe, primero, del autor antes que al investigador acusador y a la propia víctima.

Hasta la fecha, sólo hasta la fecha, debe ser 2019 el año de mayor vergüenza para nuestro Poder Judicial por sus sentencias con motivo del Golpe extremista del 18/O. El entonces presidente de la Corte Suprema exigió que “no me llenen los tribunales de detenidos” a raíz de la aniquiladora acción de las hordas opositoras al Gobierno. En los casi tres meses de vandalismo y duros enfrentamientos, Carabineros puso a disposición de los magistrados a un total de 1.500 encapuchados, de los cuales ni cinco, hasta la fecha, han recibido condena. Tres millones de usuarios quedaron sin red del ferrocarril subterráneo y el único que ha pagado, en reponerlo, es el Estado…

La máxima autoridad judicial era Haroldo Brito, un confeso adherente a la izquierda, y todo juez que inicia su carrera se siente comprometido con la jefatura acaso tiene planes de larga duración.

Fue la reforma procesal, en el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle, la que trajo el relajo estrictamente legal al Poder Judicial, y, con ello, le abrió las puertas a la influencia de los ideologismos políticos y le puso luz verde a un concepto arbitrario de derechos humanos, los que nunca fueron concebidos para quienes hacen el mal, en cualquiera área de la sociedad.

No existe abogado que no haya optado por dedicarse a la judicatura que no haya pasado por la Academia de Formación sin recibir el baño de progresismo respectivo, y la mejor prueba de ello es que, hace años, la Asociación Nacional de Magistrados se encuentra en manos de poco disimulados simpatizantes, y hasta miembros, de la izquierda.

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