LA PACIENCIA SE AGOTÓ EN LA ARAUCANÍA


VOXPRESS.CL.- Al igual que nuestra Justicia garantista, habrá que partir de la buena intención del entonces Presidente Patricio Aylwin, quien, a poco de asumir en el retorno a la democracia, en 1990, le prometió al pueblo mapuche –no al residente en todo el país, sino al habitante de La Araucanía- que lo iba a resarcir con la devolución de sus tierras ancestrales. Sabiendo que se trataba de una persona cristiana y de fe, nunca debe haber imaginado en la pesadilla infernal en que iba a transformarse su inocente, al punto que hoy dicha zona es un territorio tomado por la izquierda extrema, con el modelo de la guerrilla insurreccional internacional, y por el narcotráfico, con acciones que quedan impunes, porque, por años, nadie ha tenido el coraje de exterminar la violencia, lo que no se consigue con diálogos, rogativas y, en este caso, ni siquiera con dinero.

La potente influencia y ayuda económica del socialismo internacional, con la irrestricta solidaridad de la ONU con sus redes -también de izquierda- de los derechos humanos y, a partir de no hace mucho, con la presencia financieramente cómplice del narcotráfico, La Araucanía es, por estos días, un ardiente foco terrorista sin control ni solución.

Se calcula que en La Araucanía viven 205 mil personas de raíz mapuche, y de ese número se estima que, con suerte, 2 mil están activamente incorporados en diferentes movimientos terroristas y subversivos. Según el INE, en el país vive 1.500.000 de habitantes de esa etnia, totalmente incorporados e integrados, a la sociedad en todos sus frentes y actividades.

De este tremendo mundo social de chilenos de origen mapuche, sólo 20 comunidades repartidas entre Cautín, Malleco y Arauco no están dedicadas a trabajar la tierra, sino sólo a fomentar la sublevación y denostar al Estado, en las manos en que esté, situándolo como un “enemigo” de su causa. Ésta no es étnica: es política, violentista y subversiva, y pretende los mismos fines totalitarios del socialismo. El movimiento insurreccional de La Araucanía hace rato que dejó de ser de solidaridad con la demanda por la recuperación –no devolución- de tierras ancestrales, avaluadas por el senador, y ex seminarista, Francisco Huenchumilla (un socialista infiltrado en la DC) en …¡9 millones de hectáreas! El manual guerrillero de la CAM es el mismo de los de otros grupos insurreccionales latinoamericanos.

Con una habilidad ideológica envidiable, la izquierda introdujo en la Ley Indígena que cualquier ciudadano que no sea de origen mapuche y que se integre activamente a una de sus comunidades, pasa, en todas sus formas, a ser “un mapuche más”, y con lo cual tiene derecho a reclamar la posesión de tierras.

Bajo esas condiciones son innumerables los individuos con preparación militar que se han incorporado a las actividades de estas comunidades terroristas, hoy con trajes de combate verde oliva y armamento de guerra.

Los atentados de los comuneros extremistas distan mucho de los de sus inicios, reducidos, por entonces, a ‘tomas’ de terreno y robos de animales. Pasaron, luego, de los baleos con perdigones a quemas de predios, incendios de maquinarias y viviendas, culminando en un asesinato doble. Hoy se hallan en la etapa revolucionaria internacional, con atentados con artefactos explosivos, cortes de energía, alianzas con el narcotráfico, derrumbes de puentes y de torres de comunicaciones y hasta descarrilamiento de un tren con balazos contra su conductor.

Su ‘especialidad’ más reciente es la toma e incendio de municipalidades, con lo cual inhabilitan a la ciudadanía comunal respectiva en un sinnúmero de trámites indispensables. En sus acciones invocan la liberación de “sus presos políticos”, situación ilegal en que no se halla ciudadano chileno alguno. Los comuneros en prisión lo están por delitos graves e intentos de asesinatos.

Días atrás, un matrimonio propietario de un fundo en la provincia de Arauco fue atacado a tiros en su casa y su única reacción, en una emergencia de tanto pánico y angustia, fue proteger a sus tres nietos que los acompañaban. Apenas atinó a telefonear a Carabineros, el cual concurrió al lugar, pero fue sobrepasado por el actuar de los subversivos que cerraron el acceso a la propiedad con un camión en llamas. Los efectivos, por radio, pidieron refuerzos al GOPE, pero un funcionario respondió que “por instrucciones superiores no podemos ir”…

Lo ocurrido es tan grave como el relato de una dirigente de la Multigremial que agrupa a las víctimas de la violencia extremista, quien, muy afligida ante el baleo a la casa de un director provincial del Registro Civil, llamó al Intendente Regional, quien le respondió: “te puedo enviar carabineros, pero militares, no”… Hay personal del Ejército desplegado en el lugar dado el Estado de Catástrofe y por el toque de queda, además de su custodia específica a sitios estratégicos. Pero está de brazos cruzados.

Ambas experiencias reflejan, dramáticamente, la realidad del terrorismo en La Araucanía: no se lo quiere combatir como debiera ser por temor al qué dirán internacional y por pánico a la reacción de la izquierda local, hoy propietaria sin contrapeso del escenario político nacional.

Desde que en los 60, la izquierda inició la infiltración en las universidades pasó a dominar los medios de comunicación. Nunca éstos se refieren a “terroristas”, ni “subversivos#, ni “guerrilleros”, calificándolos exclusivamente de “comuneros mapuches” sin distingo alguno de los pacíficos que se dedican sólo a trabajar. Ello confunde a la opinión pública, la que cree que en este conflicto existen puros buenos de un lado y puros represores del otro. En un informativo del canal menos radicalizado ideológicamente, llegó a decirse que “desconocidos” causaron el descarrilamiento de un tren en Ercilla, pese a que los atacantes dejaron en el lugar pancartas, exigiendo la inmediata liberad de Celestino Córdova, uno de los asesinos del matrimonio Luchsinger/McKay, quien pidió cumplir su condena en su comunidad por temor a contraer el coronavirus en la cárcel, lo que le fue negado por la Corte de Apelaciones de Temuco.

Con posterioridad, se materializó lo que por tanto tiempo se temía: la justicia hecha por sus manos por pobladores cansados de tanta impunidad con los terroristas. Vecinos de Curacautín acordaron desalojar a los extremistas apostados en la municipalidad del pueblo, acción valerosa que una vez consumada fue calificada de “irracional” por un periodista de TV.

Operativos secretos (?) para desbaratar la guerrilla terminaron en sonados fracasos -la operación Huracán y el baleo a Camilo Catrillanca-, con lo cual el Gobierno se quedó sin piso para actuar, y nada hace prever que esa conducta vaya a cambiar, tras conocerse la convocatoria del Intendente a todos sus antecesores “para conversar” y el llamado del subsecretario del Interior, Francisco Galli, a condenar la violencia, pero, ahora, “venga de donde venga”, en una clara alusión a las víctimas del terrorismo a las que se les agotó la paciencia.

La violencia narcopolítica y la de guerrilleros que subvierten el orden y la paz ciudadana, se encara y se extermina con otras armas, algo más contundentes que la boca. Ésas están, pero falta la orden de alguien con coraje y dispuesto a dar la cara a cambio de defender la democracia.

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