UN INSULTO A CARABINEROS
VOXPRESS.CL.- Las siguientes son las cinco acepciones que la Real Academia Española de la Lengua da al vocablo “protocolo”: 1.- Serie ordenada de escrituras matrices y otros documentos que un notario o escribano autoriza y custodia con ciertas formalidades; 2.- Acta o cuaderno de actas relativas a un acuerdo, conferencia o congreso diplomático; 3.- Conjunto de reglas establecidaspor norma o por costumbre para ceremonias y actos oficiales solemnes; 4.- Secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica, etc.. y 5.- Conjunto de reglas que se establecen en el proceso de comunicación entre dos sistemas.
Se publicó en el Diario Oficial (jueves 16 de julio) un Protocolo por el cual deberá regirse Carabineros a partir de ahora en sus actuaciones disuasivas frente a los actos vandálicos de los extremistas de izquierda. Aunque el documento roza lejanamente dos de esas acepciones de la RAE -4 y 5-, lo concreto es que su contenido es una arbitraria ordenanza emitida por el Ejecutivo para que Carabineros la cumpla, y al pie de la letra, si quiere evitarse sanciones.
Sólo para una mejor comprensión del texto, seguiremos llamando Protocolo a un cúmulo de antojadizas e ignorantes normas, elaboradas en uno de los (supuestos) corazones de la República, el palacio de La Moneda.
Allí, durante meses y con posterioridad al Golpe extremista del 18/O, en torno a una Mesa resolutiva se reunió una amplia gama de ‘expertos’ para acordar la modernización de Carabineros y, preferentemente, un paquete de instrucciones para hacer más restrictivas sus funciones disuasivas contra el terrorismo narcoideológico urbano.
En esa Mesa, aparentemente técnica, fueron protagonistas claves el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch y todo tipo de ONG’s financistas de los movimientos que causan la destrucción en las calles y el saqueo de negocios y viviendas “en protesta por el sistema neoliberal”. La opinión del Director General, Mario Rozas, no requirió ser consultada, porque su carrera profesional nunca fue “de calle”: de Comunicaciones pasó a Bienestar, con un alto en el edecanato, que le valió la amistad del Presidente, ello con el resultado que se conoce.
A partir de este insultante Protocolo, Carabineros tiene más restricciones que facultades, y su poder de decisión en terreno ha sido invalidado grotescamente.
La ausencia de conocimientos técnicos y de experiencias en refriegas callejeras de los autores, queda ridículamente al desnudo en este documento que, a no ser que esté ideológicamente concebido, debería ruborizarlos. Solo se contenta a quienes, por estas horas, ya se preparan para retomar su aterrador vandalismo, recibiendo todas las facilidades de las autoridades.
El documento detalla las circunstancias “en las que se podrá hacer uso del armamento no letal”, esto es, de las escopetas a balines. El texto, tal cual, dice “no letal”, pero el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se encargó de aclarar que su denominación es “menos letal”, para que quien la manipule asuma que con ella “puede causar la muerte”…
El ofensivo Protocolo establece que “el uso de la escopeta antidisturbios deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal (?), proporcional y progresiva de los medios, cuando el efecto de otros elementos menos lesivos, tales como agua, gases y otros (?) resulten o puedan resultar insuficientes para los fines previamente señalados o la aplicación de éstos no fuere posible para el caso específico”.
Inaceptable concepción del fondo que origina el Protocolo e increíble redacción por su vaguedad: se hace alusión a que la intervención de Carabineros debe ser “legal”, siendo que cualquiera alteración al orden público es ilegal, de tal modo que siempre el escenario se da en el marco de una violación a la institucionalidad, y luego, al referirse a “medios menos lesivos”, como el agua y los gases, menciona “otros”, y uno de ellos será, a partir de ahora, el gas pimienta, el que de inmediato fue impugnado por los profitadores derechos humanos. Hace dos años, y sin escándalo, lo portan y usan los funcionarios de seguridad de Las Condes.
Se enfatiza en el Protocolo que el policía hará uso del arma, “intentando causar el menor perjuicio posible a quien o quienes ejecuten la agresión o acto que se intenta evitar o repeler (…) En particular, deberá, por todos los medios posibles, evitar apuntar su disparo al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen, al igual que apuntar a una superficie para impactar por rebote, salvo que la gravedad de la acción y la necesidad de inmediatez de su actuar no lo permita”… También especifica que “el carabinero que use esta arma deberá portar una cámara y tener las certificaciones al día”. (De suerte no se agregó que a su lado debe haber un fiscalizador de derechos humanos).
En un noticiero de canal 13, la conductora Mónica Pérez, requirió del subsecretario Gallo que le respondiera por qué en el Protocolo no se fija matemáticamente la distancia que debe haber entre policías y “manifestantes” (extremistas), como lo exigió Human Rights Whatch, a lo que el funcionario del Interior respondió que “la distancia está limitada por el tipo de agresión: si la agresión es legítima (¡!) no puede usar el arma, pero si es ilegítima, sí…”.
Aclaró que la “agresión legítima” corresponde a la libertad de reunión y de expresión…y que “quien debe calcular” la distancia es el funcionario, porque este tipo de escopetas no tiene mira telescópica”.
Como si tanta represión para los encargados de reprimir no fuese suficiente, el Protocolo, claramente pro terroristas, manifiesta que “en el evento de que se tomare conocimiento de haber ocasionado una lesión a una persona, se procederá lo antes posible a prestar asistencia al afectado dejando constancia de lo anterior en el parte policial respectivo o, en su caso, de las circunstancias que no hubieran posibilitado hacerlo, dar cuenta al Mando y adoptar el procedimiento policial correspondiente, incluyendo, si procediere, la detención del causante de las lesiones, haciendo la respectiva lectura de derechos”.
Quienes todavía retienen en sus memorias las imágenes del desenfrenado vandalismo del extremismo de izquierda, tras el 18/O, deben recordar que ello fue posible por la inhibición de Carabineros impuesta por la izquierda al Ministerio del Interior. Sin confianza en su mandato constitucional, con el personal bajoneado y deprimido, las fuerzas de orden nunca tuvieron el respaldo y el apoyo para proceder como les corresponde según la ley.
Es cuestión de leer el nuevo Protocolo publicado en el Diario Oficial para concluir que se vienen muy malas noticias para la institución y para la población en general. Con este tipo de instructivo, más vale que los carabineros ni salgan a la calle. ¿Para qué? Con tantas restricciones para ejercer su trabajo, el Gobierno traspasa el dominio de la calle a los narcoextremistas de izquierda.