LA IMPUNIDAD PENAL LLEGA A LO INCREÍBLE

VOXPRESS.CL.- Se hallaba en el transcurso de una transacción comercial en una automotora de avenida Vitacura, cuando escuchó un grito de advertencia: “¡están robando!”. Casi impulsado por un resorte, corrió hacia el exterior, empuñando un arma que porta en una bandolera bajo su chaqueta; los delincuentes ya habían roto dos vidrios de su vehículo y uno estaba en su interior. Eran cuatro individuos que, al verlo, iniciaron la fuga, pero uno fue impactado por dos balas en sus extremidades inferiores y quedó tendido.

El autor de los disparos no sólo evitó el robo de su automóvil, sino, además, permitió la captura e identificación de una avezada banda que hace un año, sí, un año, era buscada por la policía por ser la protagonista de quince portonazos y de diez sustracciones de vehículos estacionados.

El protagonista es un militar en retiro y socio de un club de tiro al blanco, por ende con la autorización al día para el porte de armas, y que en esta oportunidad las utilizó para detener a una peligrosa pandilla.

Los integrantes de la banda, al momento del atraco, tenían, en promedio, una decena de órdenes de aprehensión, pero ninguna condena de relevancia.

Esta sumaria narración de un episodio más de delincuencia de los muchos que ocurren a diario en el país, es un buen reflejo de la amenaza permanente a la que está sometida la ciudadanía, la que, en una encuesta, da fe que el 80% de los habitantes del país ha sufrido, al menos, un asalto. Independiente de las cifras oficiales que se bambolean entre disminuciones de robos con intimidación y el aumento de ellos en lugares deshabitados, lo concreto y definitivo es que, cada día que pasa, la delincuencia parece ganarle la pulseada a las policías, ello con el agravante de poblaciones enteras que viven aterradas por el miedo a los balazos y a las pasadas de cuenta de bandas rivales. Recientemente, en La Legua –precisamente por una información reservada de los vecinos- fue detenido un grupo de seis hombres y una mujer dedicado, exclusivamente, a dar protección armada a los narcotraficantes. Les fueron requisadas metralletas, revólveres y 90 balas de paquete. Una de sus misiones era hacer frente a las policías para posibilitar la huida de los delincuentes.

El ministerio del Interior y la Subsecretaria contra el Delito –más involucrada en la pandemia que en su propio trabajo- han sido incapaces de estructurar un plan macizo de consenso nacional para arrasar de una vez con esta lacra que tiene realmente angustiado a millares de pobladores de la periferia metropolitana. Parte de la responsabilidad de lo que está aconteciendo, corre por cuenta de la Justicia, si no de toda, al menos de los jueces abusivamente garantistas que en sus decisiones aplican un criterio ajeno a lo que dictan las normas por las cuales se rigen.

Cuando en el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle se discurrió una reforma procesal penal para terminar con la lentitud de la justicia escrita y la labor investigativa de los jueces, nadie reparó en que el garantismo iría a transformarse en el peor enemigo de la equidad judicial. A partir de dicho cambio, los tribunales deben partir de la base que el inculpado es inocente. Además, para proteger los derechos humanos del (presunto) victimario, el Estado le financia un abogado defensor y los investigadores tienen poco menos que llegar con el acribillado a la vista del magistrado para convencerlo de la prueba.

Éste es uno de los grandes nudos sin desatar en la justicia oral, porque los jueces, para no entorpecer el futuro de su carrera funcionaria, exigen, y no pocas veces, evidencias casi irreales y, al no haberlas, recurren a lo peor de lo peor de la reforma procesal: las penas cautelares, que en su mayoría no constituyen castigo alguno, como las firmas mensuales, la imposibilidad de salir del país y el arresto domiciliario, parcial o total, que equivale, ni más ni menos, a una cuarentena.

Estas minúsculas sanciones, que constituyen una burla para las víctimas, rigen hasta “el término de la investigación”. Fruto de esta pérdida de tiempo, muchos fiscales deciden no perseverar, abandonan el caso y el acusado queda en libertad.

Los magistrados generosamente garantistas se defienden estadísticas en manos: afirman que si bien el índice de robos se ha triplicado, ello se debe, en gran medida, al surgimiento de ‘primerizos’, esto es, individuos sin antecedentes que debutan en la delincuencia. Los jueces pretenden sugerir que, producto de la falta de trabajo y del hambre, principalmente adultos jóvenes se ven en la necesidad de un hurto. Ello tendrá validez, incluso humanitaria, en los casos en que las sustracciones fuesen muy menores, como, por ejemplo, alimentos. Pero no es así.

Paola Merino, magistrada del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, dejó con medida cautelar de… ¡ firma mensual! a un solitario ladrón que robó la sucursal de un banco en Las Condes. El individuo (37) y residente en la comuna de Pudahuel, para disimular su acción cubrió con pintura negra la cámara de la bóveda y se cubrió el rostro. Al no percatarse de las cámaras de seguridad de avenida Apoquindo, al quitarse la capucha fue identificado y, posteriormente, detenido. Su cautelar es proporcional a quien es denunciado por no pagar la pensión de un hijo durante dos meses.

Con el arribo de su nuevo presidente, Guillermo Silva, la Corte Suprema ha expresado varios gestos que traducen su empeño porque se haga justicia. Incluso, llamó a que las mujeres tengan el coraje, y la protección debida, para denunciar la violencia intrafamiliar, disparada con motivo de los confinamientos. No obstante ello, el máximo tribunal, riguroso con la incorrección y deshonestidad de sus funcionarios, no tiene instrumentos para entrometerse en los criterios o intereses ideológicos de sus subalternos. En el caso específico de este robo a un banco, la jueza argumentó que “no existe sospecha grave y fundada de que el imputado vaya a entorpecer la investigación o que pueda poner en peligro nuevamente a la víctima"…, en este caso, el banco.

Para que la Corte Suprema no se siga ruborizando por culpas ajenas, como la de esta jueza, parece urgente que solicite al Legislativo la satisfacción de una necesidad que no sólo los hechos, sino el país en su conjunto, la vienen pidiendo: una reforma, y urgente, al Código Penal para, al menos, eliminar este tipo de medidas cautelares que constituyen un agravio para las víctimas.

Un ladrón de un banco no puede, bajo ningún argumento, andar libremente por las calles.