EL PRESIDENCIALISMO AL BORDE DEL COLAPSO


VOXPRESS.CL.- Desde la primera hasta la actual Constitución, esto es, desde que Chile es una República, su sistema de Gobierno es el presidencialismo o presidencial. Su característica principal es la división e independencia de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

El Presidente es la parte activa del Ejecutivo, como Jefe de Gobierno, ejerciendo las facultades propias del cargo, siendo elegido en forma directa por los ciudadanos. El concepto de separación de Poderes fue consagrado, por primera vez, en la Constitución de Estados Unidos en 1787. Los sellos distintivos del presidencialismo son, como se dijo, un Poder Ejecutivo monocefálico, elegido mediante sufragio universal, con un funcionamiento institucional basado en la separación de Poderes, lo que redunda en una estabilidad institucional, dado que, al revés de un Primer Ministro, no puede ser destituido en cualquier momento.

En función de estos antecedentes, queda claro que, contradiciendo todo lo que dice la Constitución en vigencia, Chile, desde octubre del 2019, dejó de ser un genuino sistema presidencialista. En forma galopante, el Poder Legislativo se ha ido apropiando de facultades propias y exclusivas del Ejecutivo y se está llegando a una situación límite y tremendamente peligrosa, que puede culminar con el Mandatario sólo de adorno y con el poder ejercido por la oposición izquierdista mayoritaria en el Congreso Nacional.

Es imposible pedir a un Presidente que imponga sus criterios a una mayoría opositora, pero es inaceptable en él que, por una cuestión de orgullo personal y de un necesario alimento a su ego, haya alisado su propio camino para dejárselo libre al adversario.

El Presidente, en lugar de hacerse firme al amparo de la Constitución y de haber mantenido, quizás indefinidamente, el Estado de Emergencia con posterioridad al 18/O, hubiera evitado dos catástrofes: la suya y la anticipada ruina del comercio y el turismo, consumada después por la llegada del virus.

Asustado, desconocedor de los reveses y medio choqueado por la inminencia de una renuncia, el Presidente se entregó de brazos abiertos a la oposición y a la izquierda en particular, al punto que les entregó el más preciado botín que ha hecho posible la democracia: la Constitución del 2005.

Consciente la oposición de que el Presidente es capaz de pagar cualquier precio por salvar su imagen personal, se aprovechó de dar vida al Parlamentarismo de facto, el que lleva tiempo en desarrollo. En las últimas semanas ha adquirido casi características de un Golpe blanco, teniendo al Presidencialismo al borde del colapso.

En sólo dos meses, la oposición, intencionalmente, presentó 19 proyectos anti-constitucionales que pudieron ser neutralizados a medias por el hecho casual de que en la mesa de la Cámara, dos de sus tres miembros son pro gubernamentales.

Utilizando su mayoría, la izquierda le ha enmendado la plana al Gobierno en todos sus proyectos y lo ha obligado a ponerse de rodillas sin que éste se sonroje. Un ejemplo: en el Plan de Emergencia, la oposición obligó al Ejecutivo a incluir una partida de US$20 millones para financiar a las subversivas organizaciones civiles que, a partir de octubre, tienen como único objetivo sacar al Presidente desde La Moneda.

Recientemente, tras su negativa inicial, el Ejecutivo tuvo que ceder y aprobar un engendro para sustituir al inconstitucional proyecto postnatal de emergencia. El Parlamento opositor hace rato que se tomó parte importante de la cuota de poder y facultades exclusivas que la Constitución le asigna al Presidente, y está dispuesta a incrementar ese camino, consciente del estado de inhibición, soledad y casi de rendición que acepta a condición de llegar al término de su período.

Aprovechándose de ello, cinco senadores de oposición presentaron un proyecto para “limitar las atribuciones del Presidente de la República”, amparándose engañosamente en – según el documento – que “el sistema político se caracteriza por una tendencia a un presidencialismo exacerbado”. Esta supuesta “exacerbación” del Ejecutivo, la izquierda la atribuye a una tibia defensa que, en cadena nacional, hizo el Mandatario en cuanto a que “una democracia pura es aquella en que los Poderes del Estado se respetan entre sí”.

El senador socialista José Miguel Insulza le anunció públicamente al Presidente lo que se le venía, y terminaron por materializarlo los PPD Adriana Muñoz –presidenta del Senado- y Guido Girardi; el PS Alfonso de Urresti, y el independiente Pedro Araya.

La moción plantea que, si un proyecto es declarado admisible en el Congreso, el Ejecutivo tendrá que responder “en un plazo de 30 días” en caso de que se solicite su patrocinio. Además, establece que “la Cámara y el Senado podrán intervenir en la calificación de urgencias legislativas”, tarea que hoy es exclusiva del Presidente. Casi compasivamente, el senador De Urresti comentó que “con esto buscamos que no se acreciente la desafección de la ciudadanía hacia el Presidente por su abuso de poder”…

Si una eventual eliminación de facultades privativas del Presidente establecidas en la Constitución es un atentado al sistema presidencial, una propuesta adicional del senador Guido Girardi podría, en el acto, cambiar el futuro de Chile. El parlamentario reveló que la moción añade “la iniciativa popular de ley para, así, agregar a los ciudadanos a la discusión legislativa”. De aprobarse este artículo no será necesario realizar el plebiscito, porque, de facto, quedará operativa una Asamblea Constituyente, sin necesidad de una votación.

Como si ello no fuera lo suficientemente grave, el proyecto –ingresado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado- “reduce las facultades exclusivas del Presidente en normas ligadas a seguridad social, sistema previsional y negociaciones colectivas”. Casi queda sin espacio de maniobra propia.

Esta iniciativa opositora, con mayoría para aprobarla, forma parte de la estrategia destinada a hacer saltar al Presidente del poder. La organizaciones civiles, las mismas para las cuales el Mandatario aprobó un millonario financiamiento, activaron sus “entrenamientos de choque” con manifestaciones, poco divulgadas pero sostenidas en las comunas periféricas, violando las cuarentenas y el toque de queda. En tanto, el Congreso le impone sus propios intereses y pautas por sobre las del Gobierno. Habíamos adelantado que en el ámbito de sus redes, Marco Enríquez sugirió la idea de que el gabinete ministerial debe ser ocupado sólo por políticos opositores, “dejando al deslegitimado Presidente para que termine su período por respeto a que fue electo por votación popular”. El PC y el frenteamplismo están detrás de la postura más dura: la presión popular manifestada violentamente en las calles para obligarlo a renunciar.

Cualquiera de las tres vías conduce al mismo final: colapso del presidencialismo en Chile. O traspasa el poder al Congreso opositor, directamente a ministros de izquierda o es sacado a la fuerza.

Así las cosas, y al ritmo de los acontecimientos, en medio de un círculo cada vez más reducido, el Presidente se ve enfrentado a una disyuntiva casi de no creerla: aferrarse a la Constitución y a lo que establece categóricamente, olvidando su triste experiencia post 18/O cuando, por devoción a su ego, renegó de ella y, más terrible todavía, la entregó para que la demolieran, lo que en plena democracia y aún sin plebiscito, ya están haciendo, para cumplir su promesa al Grupo de Puebla de restituir el país al socialismo internacional.

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