TIEMBLAN LOS AHORROS

VOXPRESS.CL.- Romper o no romper el chanchito de los ahorros previsionales es la última polémica de la agenda confrontacional entre Gobierno y oposición, y en la que ésta, una vez más, tiene un aliado oficialista: Mario Desbordes, el populista diputado, presidente de RN. Aprovechándose del todo vale que ha imperado por la pandemia, los obsesivos perseguidores de las AFP’s atisban una oportunidad de darles un mordiscón, sacándolas de su rentable letargo: piden que los trabajadores que lo deseen, saquen un 10% de sus ahorros acumulados.

Argumentan que muchos cotizantes requieren de ello para paliar los efectos de la crisis socioeconómica. Sin embargo, del otro lado están quienes impugnan tal propuesta porque sería “pan para hoy y hambre para el mañana” de los futuros jubilados.

La idea tomó cuerpo tiempo atrás, cuando el Presidente peruano autorizó un retiro parcial de los fondos previsionales, y ello muchísimo antes de que apareciera el virus allá y acá. El ánimo de los demandantes de la idea se encendió, tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que ordenó a una administradora a entregar a una profesora jubilada todo su monto acumulado.

Esta papa caliente está, ahora, en la Corte Suprema, pues la segunda instancia antofagastina dictó sentencia, basándose en la “arbitrariedad” e “ilegalidad” de dicha AFP, en tanto ésta denunció al máximo tribunal “graves errores jurídicos” de los ministros nortinos. Sin duda, lo que finalmente resuelva la Suprema, porque sentará un precedente sobre la materia, puede abrir o cerrar definitivamente un forado en las administradoras.

Quienes son partidarios de romper el chanchito de los trabajadores, dicen ampararse en la crítica situación de muchos afiliados a las AFP’s que están sin empleo. Las administradoras responden que “las ayudas por la crisis social deben salir de recursos fiscales”, lo que respaldan el ministro de Hacienda y los partidos oficialistas, a excepción de Desbordes. “A causa de la cesantía, los auxilios estatales se han prestado y se seguirán prestando” argumentó la titular UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, aclarando que “no se puede echar mano a recursos privados para paliar la emergencia socioeconómica de los ciudadanos”.

Para las AFP’s, entregar el 10% a los afiliados que lo demanden “no ayuda mucho”, porque el promedio de ahorro acumulado por trabajador es de $5 millones, frente a lo cual el retiro será de aproximadamente $500 mil, y ello, dicen, con un perjuicio para el monto final de la pensión. Al margen de ello, las administradoras advierten que “no será fácil ni simple” pagar rápido ese monto, porque “no tenemos liquidez, ya que todos los fondos invertidos están en papeles, no en billetes”.

Esta confrontación de componente ideológico más que social, no puede ligarse a la crisis socioeconómica del país, porque no es tolerable que sea el mismo trabajador afectado el que deba sacrificar su propio dinero –en este caso, su ahorro- para contribuir a su alivio monetario. Dicho esto, queda claro que la proposición tiene la intencionalidad de demostrar que las administradoras pueden ser perforadas, primer paso para un ataque que extermine su existencia.

La antipatía generalizada que originan, se debe a que fueron mal paridas, sin un equilibrio y con el incalificable engaño de no informar que los montos de jubilación no iban a depender del promedio de los salarios, sino de la capacidad de ahorro adicional del trabajador.

Es sencillo, entonces, entender el adverso escenario originado por las AFP’s: pensiones de hambre que están muy por debajo del 70% del último salario, cifra prometida, y no cumplida, como monto final de pensión.

Los mundos laboral y pasivo se hallan divididos ante el fallo de la Corte de Antofagasta. A la postura de que “el dueño del ahorro es también dueño de decidir qué hacer con él”, se enfrenta la que considera indispensable cautelar los ingresos que se acumulan para cuando se deje de trabajar. Pero si en algo coinciden ambas posiciones es en el rechazo al actual sistema tal como ha funcionado hasta ahora.

Las platas de las cotizaciones recibidas por las administradoras por parte de los trabajadores, son invertidas para que den réditos, y, así, aumenta el chanchito del afiliado. Pero, con alguna frecuencia, las inversiones suelen ser negativas y ello, automáticamente, disminuye las rentas de los afiliados. Incluso en estas circunstancias, las AFP’s no pierden, sino sólo dejan de ganar, al revés de los cotizantes: si los fondos no rentan, pierden. Sí o sí.

Las inversiones previsionales, en su gran mayoría, son colocadas en los grandes grupos económicos del país, especialmente en el área de la banca, y los trabajadores que aportan al financiamiento de dichas entidades financieras, cuando recurren a ellas por un crédito, tienen que pagar altas sumas por intereses anuales.

De que las AFP’s son privilegiadas qué duda cabe con la aplicación de la Ley de Protección al Empleo: la patronal no produce, porque mandó a su contingente laboral a sus casas, pero debe seguir pagándoles sus cotizaciones a las administradoras. Ganan hasta en la desgracia ajena.

Todas las ideas lanzadas a la mesa y todas las propuestas conocidas para sustituir o modificar, al menos, este modelo de ahorro previsional, no han resultado, ni siquiera en el Gobierno socialista, que llegó a una definición que, por vergüenza, prefirió ocultar.

La Justicia tiene en sus manos un pronunciamiento tremendamente significativo: sentar o no precedente en cuanto a que las administradoras pueden o no entregar anticipadamente sus fondos a quienes lo requieran. De ratificarse el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta se estará abriendo un forado para que el término de las AFP’s, así como están hoy concebidas, vea una luz al final del túnel.