LA MANO ZURDA EN EL PLAN DE EMERGENCIA


VOXPRESS.CL.- Fue una batallita entre la economía y la política la que, por casi 15 días, se dio entre el Gobierno y parte de la oposición, antes de lograr un ‘acuerdo’ para ir en urgente ayuda de los millones de afectados por las pérdidas de empleos y, luego, por el confinamiento a causa de las cuarentenas.

Desde un principio de la crisis, el Presidente se encargó de insistir en los “equilibrios”, esto es, no gastar más de la cuenta, siempre confiado en una salida rápida de la crisis sanitaria. No hay que olvidar -y nadie lo olvidará- que su ministro de Hacienda recorrió los canales, anunciando que “esto no durará más de tres meses y la recuperación del país será muy rápida”…A la luz de los acontecimientos, el tiro les salió por la culata: millones pasaron a un inmediato estatus de hambrientos y, en el acto, se presentó el fantasma de un segundo estallido extremista. Habitantes de El Bosque hicieron un ensayo general de rebeldía, en Puente Alto volvieron las barricadas y un ‘poblador’ de La Pintana advirtió que si no llega ayuda en dinero, “que después no se quejen”. El incansable líder comunitario y con voto de pobreza, Benito Baranda, comentó su alivio por la aprobación del Plan de Emergencia porque, en caso contrario, “la salida de la crisis hubiera sido terrible”…

A la mesa de negociaciones sólo se sentaron la DC, el PPD, el PS –la vieja Concertación- y la diputada Natalia Castillo, mano derecha de Giorgio Jackson en Revolución Democrática, y entre ambos –hay que recordar- sacaron de su candidatura a diputado por el distrito 10 a Alberto Mayol para las elecciones del 2017. Ella no representó al fragmentado frenteamplismo, porque el colectivo se negó a participar, al igual que el PC y el PR. Sospechoso: conocido el despido de Jaime Mañalich, la parlamentaria abandonó la mesa y no fue parte del avenimiento final.

Lo que el Presidente y su ministro de Hacienda no querían, terminó por imponerse: un programa fiscal adicional de hasta US$ 12 mil millones en los próximos 24 meses, de los cuales unos US$ 3.500 millones se ejecutarán este segundo semestre. El financiamiento surgirá de la transferencia del tesoro público, entre fondos soberanos y un mayor endeudamiento público. Las clasificadoras de riesgo de inmediato encendieron sus luces amarillas, ante la incertidumbre en los cumplimientos del compromiso fiscal.

El plan, en buena medida, aliviará la dramática situación de millones de familias que quedaron sin ingresos y reforzará la ayuda a los trabajadores independientes, a las pymes pequeñas y a las familias con hijos. Se aumentó el monto y cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia, desde los actuales $60 mil a $100 mil por persona: el Gobierno propuso que no fuese más de $75 mil, pero –nada raro- la oposición le dobló la mano como condición “para seguir conversando”.

Una curiosidad, por llamarla suavemente, es que en este paquete de medidas cruciales e inmediatas para ayudar a los damnificados por la crisis socioeconómica, hay una partida para estimular la ecología y combatir el cambio climático, como si ello atenuara el hambre de los desposeídos.

La influyente mano extorsionadora de la izquierda queda en evidencia con la ejecución de medidas respecto a las cuales el Gobierno se había desentendido, como un sustancial aporte a las municipalidades, ahogadas financieramente por la no recepción de su principal ingreso por pago de permisos de circulación. Se repartirán US$ 120 millones.

Entre los ítem aprobados hay varios en los cuales Hacienda jamás soñó y que, incluso, contrarían la voluntad del Presidente: éste se urgió en llamar a los funcionarios públicos a retomar sus labores presenciales, pero la oposición impuso –a pedido de la ANEF- que el Estado financie un programa de especialización para que los asalariados públicos acentúen el dominio del teletrabajo.

Sin embargo, donde la intransigencia de la oposición se salió de madre fue en el destino de US$20 millones para…organizaciones de la sociedad civil, con el absurdo e infantil argumento de “cuidar la cultura y la salud mental”. Hasta el más ignorante no hubiera cedido ante tal artilugio, porque las patologías de la mente no las curan Juntas de Vecinos, sino psiquiatras en hospitales y clínicas.

Estas organizaciones son las mismas que se articularon y actuaron, durante y después, para el 18/O. Tras el Golpe, corrieron a organizar cabildos y conversatorios para “decidir” los contenidos de una nueva Constitución. Las OSC recibirán esa importante suma en dólares en contraste con los $400 millones (pesos chilenos) destinados a reforzar la atención sanitaria “con foco en el testeo y la trazabilidad”.

El aporte a las OSC con esos increíbles US$20 millones hay que interpretarlo como un financiamiento para todos los movimientos, ampliamente conocidos, que colman las calles y la paciencia de los demás con sus vandálicas manifestaciones y protestas. Claramente es una ayuda de emergencia para que solventen su propaganda por el Apruebo en el aún firme plebiscito del 25 de octubre. Autodefinidos como “defensores de la democracia y de los derechos de las personas”, según su página oficial, entre ellas figuran los colectivos feministas, animalistas, ambientalistas, pro aborto libre, la Mesa de Unidad Nacional -madrina de los ‘primera línea’-, la terrorista narcocoordinadora CAM de La Araucanía, las Fundaciones y entidades homosexuales, Federaciones de Estudiantes, Juntas de Vecinos -organizadas políticamente- y cuanta ONG armada por el socialismo internacional.

Debe recordarse que animalistas y ambientalistas recolectaron firmas de apoyo en las calles de Santiago y estos espontáneos adherentes no pudieron votar, luego, en las primarias del 2017 por ser militantes, todos, sin saberlo, del PC.

Si alguien con dos dedos de frente considera que estas organizaciones de la sociedad civil deben recibir fondos provenientes de todos los contribuyentes, y ello a raíz de la crisis socioeconómica, que tenga a bien salir a la calle a unirse a la tropilla de imbéciles por cuya culpa 8 millones de chilenos siguen prisioneros en sus propios hogares.

Este Plan de Emergencia Social es un golazo político de la izquierda, destinado a desestabilizar a un Gobierno que parece insaciable en su afán de regalarle espacio y poder al adversario. Con sus concesiones abre cada vez más vías de plena libertad a quienes, hace ocho meses, intentaron derribarlo del poder.

El Plan de Emergencia que todos preveían, por tener su origen en el bolsillo de todos los chilenos, se creyó que sería neta y estrictamente económico y con celoso apego a las urgencias de los más necesitados. Pero su resultado no es más que la confirmación de que la izquierda es la que impone las pautas, tal como lo hace un Centro de Estudios, de apariencia independiente y que “aspira a una sociedad más justa”, que se las marca en lo que debe o no debe hacer frente al virus

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