LA INTELIGENCIA SIN INTELIGENCIA
VOXPRESS.CL.- El Gobierno y la oposición, apenas salen de un ‘gallito’, a las pocas horas ya están haciendo la misma fuerza, pero por otro motivo. Vienen de las duras discusiones por el Plan de Emergencia y, ahora, se vuelven a mostrar los dientes por el proyecto de modernización del servicio de inteligencia civil del Estado, uno que, como tantos, perfectamente puede dormir el sueño de los justos. Presentado con urgencia por el Ejecutivo, la iniciativa fue postergada por el Senado, aduciendo “otras prioridades mayores”, a lo que La Moneda respondió con una suma urgencia.
El proyecto fue ideado por el Gobierno en noviembre, pocas semanas después del 18/O, y puede concluirse que dicho antecedente es lo que impulsa a la izquierda a no mostrar apuros en aprobarlo. Siendo así, lo que más irrita a la oposición es que en la norma propuesta no hay injerencia alguna del Congreso Nacional y que, peor aún, aparezca siendo fiscalizado por el director de una futura Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), cuyo director será elegido a dedo por el Mandatario de turno.
Diputados y senadores opositores quieren que dicha instancia sea conformada proporcionalmente por personas designadas por el Ejecutivo y el Legislativo, al estilo de la Contraloría General y del Banco Central. Al margen de ello, critican a La Moneda por su apuro en sacar adelante un proyecto “que nada tiene que ver con la emergencia sanitaria del país”. En rigor, la reforma a la casi inexistente inteligencia civil, le entrega todo el poder al Gobierno de turno, por lo cual no puede definirse como “del Estado” el planteado sistema estratégico de inteligencia.
El Estado, en su conjunto, por años cuenta con servicios nacionales de inteligencia, en las respectivas ramas de las Fuerzas Armadas y de las policías. Las primeras se dedican a la prevención de amenazas externas y a múltiples tareas secretas relacionadas con la soberanía nacional, en tanto Carabineros y la PDI se ocupan de desbaratar a organizaciones criminales que atentan contra la paz interior. Lo que se pretende materializar, entonces, es una agencia civil, la que, por lo que se advierte en el proyecto, poco de secreta tendrá, ya que es mucho el tráfico e intercambio de informaciones.
Se apruebe como se apruebe, si es que ello ocurre, el proyecto será ‘más de lo mismo’ e incluso hasta más burocrático. Lo que, de frentón, Chile necesita es un servicio político secreto y que, obviamente, dependa del Gobierno de turno. Este tipo de inteligencia, muchos países lo tienen por años para detectar, entre otras misiones, las amenazas desestabilizadoras internas.
A no levantar las cejas: el país ya tuvo una agencia secreta, creada por el primer mandato de la Concertación, tras el retorno a la democracia. Recuperada ésta y ante la falta de un organismo de inteligencia civil, el Gobierno de Patricio Aylwin creó un Consejo de Seguridad Pública, conocido como “La Oficina”, para exterminar un rebrote de las acciones de guerrillas urbanas como el MAPU/Lautaro, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), represión que tuvo como respuesta el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de un hijo de un empresario periodístico. Creado mediante el decreto N° 363 del Ministerio del Interior el 26 de abril de 1991, fue el primer organismo, de seguridad dependiente del Presidente de la República.
Más tarde, y con todos los terroristas amnistiados y lejos de Chile, dicho Consejo fue sustituido por la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI), entidad civil de inteligencia estratégica, creada mediante la ley N° 19.212 del 30 de abril de 1993. La DISPI se estableció como un servicio público centralizado de carácter directivo, técnico y especializad. Tras el Golpe extremista del 18/O, el actual Presidente se propuso modernizarlo y revitalizarlo, en el convencimiento –bien discutible- de que, con ello, evitará otra sublevación popular. Su suma urgencia para sacarlo adelante es prevención a que la salida de la crisis socioeconómica por la que atraviesa el país no le vaya a reventar ante sus ojos sin haberse dado cuenta, como le ocurrió el año pasado con el ‘octubrazo’. En todo su entorno no hubo alguien con la mínima perspicacia para “ver” la convocatoria de Nicolás Maduro a diputados, un senador y dirigentes de ‘organizaciones civiles” de la extrema izquierda local para pasarle la cuenta por liderar una campaña internacional en contra del dictador.
La idea de inteligencia estratégica civil presentada por el Gobierno, además de burocrática, es tremendamente participativa, de modo tal que de secreta tiene poco o nada. La inteligencia es un silencioso, minucioso, metódico y valiente trabajo que permite llegar, casi siempre antes, hasta lo más profundo de los sospechosos anti-democráticos. Hay que sacarlos del camino sin estridencias y adelantarse a sus acciones conspirativas, personales o grupales. Con el proyecto de “modernización”, ello no se logrará, y menos si será el propio Presidente quien dicte las pautas…
La izquierda elude cualquier mejoría a la seguridad civil, porque sabe que es ella la única que, constantemente, es sujeto de sospechas e investigaciones por la cantidad de extremistas servidores y a su orden, todos con lecciones bien aprendidas, desde los manuales de la época de las dictaduras soviéticas hasta los más actualizados por el Grupo de Puebla para imponer el modelo socialista en la región.
Cuando la izquierda ha sido Gobierno, poco y nada de peligro o riesgoso para sí tiene que rastrear en las oscuridades de la derecha opositora. Ésta, por lo general, está en sus casas u oficinas y no conspirando, ni siquiera en las calles.