LOS POLÍTICOS TAMBIÉN LLORAN


VOXPRESS.CL.- Un ejercicio de los peores vicios del ser humano brindaron senadores y diputados en su poca recatada confrontación con motivo de la aprobación, por parte de la Cámara Baja, de la norma que limita los períodos consecutivos para detentar cargos parlamentarios, de alcaldes, concejales y consejeros regionales.

El Senado la aprobó pero sin retroactividad, y la Cámara hizo lo propio, pero con retroactividad, aprovechándose de una omisión de aquél. Por lo tanto, serán medio centenar de legisladores y 90 ediles los que no podrán postular a reelegirse en los próximos comicios.

Indignados, sorprendidos y cazados en su propia trampa, los senadores acordaron por unanimidad solicitar un informe en Derecho para determinar la legalidad de la norma, y un partido, RN, sugirió una ley corta para excluir de la limitación a los alcaldes, dada la proximidad de las elecciones municipales –eran en octubre y quedaron para abril- pero la fracción ‘vencedora’ advirtió que nadie malgaste su tiempo “porque no están los votos”. El titular del PS, Álvaro Elizalde, habituado a no dar la cara, no votó en la sesión en que se aprobó la no retroactividad y, ahora, es el paladín de la existencia de “interpretaciones” a la norma y, también ahora, cree que en el articulado existen acápites no contemplados en la Constitución…

Si la norma llega a judicializarse, para que sea el influenciable SERVEL el que decida, quedará más en evidencia el por qué la ciudadanía desprecia al Congreso Nacional y a sus políticos integrantes financiados por los contribuyentes. Es una frivolidad “descubrir” que el mismo proyecto que discutieron por 14 años, al momento de aprobarse tiene “interpretaciones” que le impedirían convertirse en ley.

Desde siempre, y más en tiempos de crisis socioeconómicas como la actual, se ha enjuiciado a los legisladores ser fieles portadores y modelos de todos los pecados capitales, en especial de la lujuria, de la avaricia, de la pereza y de la soberbia. Ahora, acaban de sumarle otro: la ira. El lamentable espectáculo ofrecido entre diputados, por hijos diputados defendiendo a sus padres senadores y por diputados de la misma bancada, es el grotesco estereotipo de ambiciosos aferrándose al poder. Prueba de ello es que no se animaron a fijar una disminución de su millonaria dieta parlamentaria y dejaron la rebaja en manos de otra entidad del Estado, el Consejo de Transparencia, a cuya designación ellos mismos contribuyeron.

Durante 14 años el proyecto de límite a la permanencia en los cargos fue debatido, archivado y vuelto a revisar. Senadores y diputados en riesgo de enfrentarse a la dura realidad de vivir de su bolsillo y no a costa de los demás, argumentaron, hasta a los gritos, que “aquí hay intereses personales, porque los cupos que quedarán son apetecidos por muchos colegas que quieren subir de pelo”. Es cuestión de prestar poquita atención para reparar en la grandeza de tal argumento.

El 2006 se presentó por primera vez esta moción y, tras una larga y controversial tramitación, la Cámara de Diputados terminó materializando una iniciativa histórica por 132 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones. Tanto en la evolución del proyecto como en el resultado final, nunca hubo simetría partidista, lo que refleja el interés personal de los involucrados en su discusión. El diputado Marcelo Schilling (PS) agradeció la equivocación del Senado, pese a que entre los perjudicados por la norma hay emblemáticos correligionarios suyos, como Juan Pablo Letelier, Isabel Allende y Carlos Montes.

El de Letelier es un claro ejemplo de apernamiento al poder –en este caso, el Legislativo-, ya que vive del Congreso Nacional desde el retorno a la democracia, primero como diputado y, luego, como senador por la Sexta Región, donde su dominio ha llegado a ser tan descomunal que se le conoce como “el Patrón de O’Higgins”: en los Gobiernos de izquierda no ha habido nombramiento fiscal que no haya pasado por su fiscalización previa. Aún está latente su gran influencia en la Justicia de su circunscripción: amigos de confianza suyo eran los ministros de la Corte rancagüina destituidos por corrupción.

La normativa aprobada, un refundido de seis mociones distintas, establece un máximo de dos períodos consecutivos para senadores y tres para diputados. Por tratarse de una norma de derecho público, tal como quedó aclarado en la Cámara, regirá en el acto y aplicará “para las autoridades que estén actualmente en ejercicio, quienes no podrán postular en los próximos comicios en caso de sobrepasar las restricciones que fija el texto”.

Son 13 los senadores que no podrán postular para los comicios de 2021 y de 2026: Jorge Pizarro (DC), Carlos Bianchi (independiente), Guido Girardi (PPD), Alejandro Navarro (PRO), Juan Pablo Letelier (PS), Andrés Allamand (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Francisco Chahuán (RN), Jaime Quintana (PPD), Ricardo Lagos Weber (PPD), Isabel Allende (PS), Víctor Pérez (UDI) y José García Ruminot (RN). El mismo efecto tendrá la norma para 37 diputados.

En cuanto a los alcaldes que obligatoriamente deben jubilarse en abril del 2021, el drama no parece ser tan estremecedor como el de los senadores (mal llamado) “históricos”. Así como los diputados que vencen sus períodos consecutivos pueden optar a una postulación en la Cámara Alta, los jefes comunales, a su vez, según el perfil de sus respectivas adhesiones populares, son futuras cartas para ambas Cámaras. Son los casos, por ejemplo, de Germán Codina (RN), Rodrigo Delgado (UDI) y Rodolfo Carter Carter (ex UDI), que se la han jugado a fondo por sus vecinos a raíz de la epidemia en Puente Alto, Estación Central y La Florida, respectivamente. A su vez, dos históricos del PS aguardan por conocer hacia dónde apuntará el péndulo de su partido en las legislativas de octubre del 2021, el cacique Sadi Melo de El Bosque, con un potente dominio territorial, y Johnny Carrasco de Pudahuel, ambos con un fuerte capital de votos.

La mediática exposición en medio de la crisis sanitaria seguirá en pie, pero, para algunos, esta vez ya no tendrá ingerencia en una eventual reelección, sino en un soñado eslabón superior. Más allá de su carátula de servidores públicos, los alcaldes han demostrado ser tan o más políticos que los senadores y diputados. Tanto es así que, informados de la ley que viene, los ediles más interesados en el poder se reunieron para exigir que, en breve, se eliminen las trabas –de plazos- establecidas en el SERVEL que les impediría postular al Congreso Nacional.

Todo parece estar resuelto con la aprobación de la nueva norma restrictiva, pero con este nivel de ‘servidores públicos’ nunca se sabe, por mucho que derramen lágrimas de cocodrilo.

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