SIGUE LA VIDA A COSTA DE LOS DEMÁS
VOXPRESS.CL.- CL.- Cuando todo el país está severamente convulsionado por un gigantesco foco infeccioso que no da tregua, los legisladores, en lugar de abocarse exclusivamente a proyectos que contribuyan a aliviar la crisis sanitaria, se empeñan en debatir acerca de sus propios intereses. Acaba de modificarse una antigua norma, mañosamente dilatada durante 14 años,, sobre el límite de duración en sus cargos de parlamentarios, consejeros regionales, alcaldes y concejales.
Al fin se materializó el fin de la eternización en estos puestos públicos, pero…¡sin efecto retroactivo: el que lleva ocho, doce o dieciséis años en el Congreso podrá postularse de nuevo, ya que el régimen de fijaciones de permanencia se iniciará, recién, a partir de los próximos comicios.
Por la abismal diferencia de sus salarios en sus respectivas funciones públicas, nos remitiremos sólo a los legisladores.
Uno de ellos, que lleva dos períodos como diputado y otros dos como senador, Juan Pablo Letelier (PS) declaró su “no apuro” en la ley sobre los tiempos de permanencia de los políticos en sus cargos, “porque es un punto que debe ser resuelto por la próxima Asamblea Constituyente… y no por nosotros”.
Hay quienes están en el Congreso, y, por tanto, viviendo a todo lujo a expensas de los contribuyentes, desde la elección parlamentaria de 1989, o sea, hace 30 años ininterrumpidos. Los que defienden a brazo partido la permanencia de por vida en el Poder Legislativo aseguran que “nos han reelegido una y otra vez porque la gente nos cree y nos prefiere”, como expresó el senador Víctor Pérez (UDI). No obstante, los que bregan por acotar los períodos, más que aducir “aires nuevos”, que son más peligrosos que los viejos, aseguran que en la medida en que los parlamentarios permanecen más años en sus cargos van afianzando sus redes –el conocido clientelismo-, por lo cual el riesgo de corrupción es muy grande. “La cadena que se arma no garantiza una visibilidad transparente” denuncia Felipe Kast, senador de EVOPOLI, uno de los más molestos por el reiterado aplazamiento de la votación y discusión en sala del proyecto. “Estar 16 años consecutivos ya es suficiente”. Por su parte, el UDI Iván Moreira calificó la demora de “matonaje”.
Los legisladores se aferran a sus privilegiados salarios –también en etapa de reducción-, en el convencimiento, según ellos, de ser “servidores públicos”. Dicen estar en el Congreso “por mandato del pueblo” que los elige democráticamente. El punto que, por años, ha originado una cada vez mayor distancia con la población es, precisamente, su cuestionada condición de lo que mal entienden como “servidores”.
Uno de los más cotizados analistas políticos latinos modernos es el florentino Giovanni Santori. Fallecido hace tres años, este investigador italiano definió como servidor público a “una persona que brinda un servicio de utilidad social”, que es, precisamente, la antítesis de la realidad del Parlamento local. Agrega que “todo aquello que (el servidor) realiza, beneficia a otras personas”, lo que tampoco corresponde a la realidad chilena.
Santori pone como condición inviolable del servidor público “la no comisión de delitos, tales como la malversación de fondos o incurrir en la corrupción en cualquiera de sus formas, porque atentan contra el patrimonio de la comunidad”. La historia reciente del Congreso criollo es rica en episodios que vulneran esta regla.
Según el investigador, el hecho de determinar el destino de recursos fiscales confiere una responsabilidad particular a la labor de los servidores públicos. “Su conducta debe ser intachable, ya que la sociedad confía en su honestidad, lealtad y transparencia”, dice, otro atributo que para una buena parte de los legisladores chilenos es pura teoría.
Oportuno resulta su recuerdo de que “la actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y normativas establecidos en la respectiva Constitución”, ello porque, recientemente, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, tuvo que declarar “inadmisibles” 36 proyectos de ley “por inconstitucionales…
Giovanni Sartori propone diferenciar tres perspectivas de la representación pública: una jurídica, otra sociológica y otra política. La segunda de ellas se refiere a la idea de identidad: “el representante es aquél en el cual se ve reflejado el representado.” Tanto no es así en Chile, que en todas las encuestas del sentir popular, el Congreso ocupa el último lugar de adhesión con un mísero 2%.
Luego de estas precisiones de un acucioso analista político, no resulta difícil concluir que el deseo de perpetuarse en sus cargos por parte de los parlamentarios, obedece más que al servicio público, a la apacible vida y al placentero bienestar que les proporcionan el salario y los infinitos bonos: si hasta reciben un ingreso por el solo hecho de asistir al trabajo.
A vuelo de pájaro, se calcula que quienes han estado tres décadas seguidas en el Congreso pueden acreditar un promedio de ganancia superior a los $3 mil millones.
Es tan categórico el desacuerdo en cuanto a poner límites a las reelecciones, que en el largo trámite del proyecto se le hicieron más de cuarenta indicaciones. Ha sido potente la defensa que de su “vasta trayectoria” hacen los históricos del Legislativo en funciones desde que retornó la democracia: los senadores Isabel Allende, Juan Pablo Letelier y Carlos Montes (PS), Jorge Pizarro (ex DC), Víctor Pérez (UDI) y José Manuel García (RN) y los diputados René García (RN), Patricio Melero (UDI) y José Miguel Ortiz (DC). En el escenario actual, de los que llegaron al Parlamento en 1990, siete terminan su período el 2022 y otro, el 2026.De acuerdo a lo aprobado por el Senado, cualquiera de estos ‘históricos’ puede postular por un nuevo período, del tal modo que hasta dentro de diez años podrán seguir viviendo a costa de los pulmones de los contribuyentes.
Todos ellos se defienden amparados en una disposición establecida en la Constitución, y, en rigor, los largos períodos no estarían cuestionados de ser el Congreso Nacional un genuino nido de servidores públicos, y no en lo que se ha convertido: la fuente de trabajo fiscal mejor remunerado y con menos exigencias existente en el país. Está claro que el hecho de que los parlamentarios sean aves de paso podría obligarlos a desempeñar con dinamismo el rol para el cual son electos: beneficiar a la población.