LOS PRIVILEGIADOS NO TIENEN APURO


VOXPRESS.CL.- Habrá que habituarse a que en las próximas semanas y meses, este nombre estará bajo la mirada de toda la población: Consejo de Alta Dirección Pública (CADP). Se trata de un ente colegiado, de carácter autónomo, que - como su nombre lo define- es “el garante del buen funcionamiento de la Alta Dirección Pública”, la que se refiere a los máximos responsables del Estado.

Lo componen un Director Nacional y cuatro consejeros “de reconocido prestigio por su experiencia y conocimientos en administración de personal y políticas públicas”, designados por el Presidente de la República, con el acuerdo de los 4/7 de senadores en ejercicio.

Su Director Nacional es Alejandro Weber Pérez y los consejeros son Bettina Horst Von Thadden, Cristina Orellana Quezada, Eduardo Riquelme Portilla y Eduardo Abarzúa Cruz. Secretaria Técnica del CADP es Mariana George-Nascimento Avendaño.

Serán ellos los encargados y responsables, a breve y mediano plazo, de fijar las rebajas de sueldos, dietas y otros beneficios del Presidente y sus ministros de todos los parlamentarios, de los gobernadores y de un sinfín de asesores a honorarios que pululan en la administración estatal. De acuerdo a la concepción de sus respectivos nombramientos, sus consejeros no están exentos de contaminación política por ser consecuencia de un cuoteo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Tras meses de debates al interior del Congreso, a tropezones y con la rabieta de algunos diputados, terminó por aprobarse esta especie de obligación moral de, al menos, racionalizar los excesivos ingresos de los altos funcionarios del Estado, permanentemente condenados por el resto de la población que vive, en promedio, con $400 mil mensuales.

La aprobación, aunque a medias, del proyecto pasó a un segundo plano, fruto de la escandalosa polémica originada por el diputado (RD) Giorgio Jackson, quien defendió una rebaja inmediata de la dieta parlamentaria de un un 50%, poniéndose él mismo como ejemplo, al asegurar que, generosamente, dona la otra mitad. Fue descubierto y denunciado por su ex camarada Alberto Mayol, quien especificó que la partición de su ingreso público va a un Fondo de Inversión de su partido, el cual genera utilidades.

El régimen impositivo entre donación e inversión es gigantescamente distinto, además que, por ley una erogación tiene un límite, ya superado por el aporte de Jackson a su colectividad. Independiente de ello, RD reveló que esa caja común es para financiar sus futuras campañas políticas o para “otros fines”, entre los que no se descarta un respaldo financiero a una nueva sublevación extremista.

A la postre, por 140 votos a favor y 7 en contra, la Sala de la Cámara se aprobó el informe de la Comisión Mixta que “regula”, sin especificar montos, las millonarias rentas públicas. El proyecto de vieja data, terminó en dicha instancia a raíz de insalvables discrepancias entre diputados y senadores. La fijación de los salarios de privilegio del Estado dependerá de una ley orgánica permanente, pero mientras no se promulgue (?), el ente que determine las rebajas será el CADP. El futuro no puede ser muy esperanzador para la población, ya que, como se dijo, el que en un principio fije los recortes será el Consejo, el mismo elegido políticamente y que tendrá que partir con sus propios integrantes. Luego, la ley definitiva que asignará las nuevas rentas la harán los mismos que tendrá que acotar sus sueldos…

Ojalá, tanto lo que digan y hagan los consejeros de la Alta Dirección Pública como, dentro de meses o quizás años, cuando el Congreso discuta los ajustes definitivos, todo se haga de cara a la ciudadanía, para que se conozca cada una de las versiones y posturas. Lo más probable es que, como siempre, los parlamentarios no piensen en el pueblo como dicen falazmente hacerlo y menos caigan en mentiras tan burdas y descaradas como la del populista Giorgio Jackson.

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