EL URGENTE SALVATAJE ECONÓMICO EN APOYO A LA DEMOCRACIA
VOXPRESS.CL.- Un economista elevado a un exclusivo primer plano por Michelle Bachelet se dio el lujo de aconsejar públicamente qué hacer con las camas hospitalarias y una doctora –presidenta del Colegio Médico y activista del Frente Amplio- se dio el gusto de recomendar al Gobierno que este año, automáticamente, todos los escolares deben ser promovidos de curso. Ello es fiel reflejo del ‘todo vale’ que ha originado la epidemia: cualquiera opina, domine o no el tema, como es el caso de la casi totalidad de los alcaldes.
Toda esta nata de osados comentaristas esconde -en sus expresiones- intereses políticos. Uno, es el coyuntural, transformando un ínfimo detalle comunicacional en un déficit de gestión gubernamental, y el otro es largoplacista, pero requiere, ya mismo, encender los ánimos de la clase trabajadora para que le saque provecho político a su desmedrada situación económica por la ola de despidos, cierres de fuentes laborales y la falta de ingresos.
Si se apunta correctamente al eje de la estrategia izquierdista durante la crisis, ésta, aparentemente, parece reducirse a un enjuiciamiento público al poner en duda todas las medidas de la autoridad. Ello ha sido reforzado con las permanentes denuncias de dirigentes sindicales de la Salud y del Colegio Médico, más las de algunos parlamentarios del PC.
El ahora súper cuestionado sistema de salud pública es el mismo que dejó, y en muy malas condiciones, la Presidenta socialista Michelle Bachelet, pero con la diferencia, a favor del actual Gobierno de que éste lo ha revitalizado con una importante inversión en ventiladores mecánicos, en insumos y en camas UCI. Difuminar el mérito de estos adelantos es parte de la estrategia política opositora, como, asimismo, su perversa agitación de los temores de la población frente a la evolución del virus: su nivel que corresponde a lo que el ministro de Salud anunció al país a comienzos de marzo, respecto a que el peak de contagios será entre mayo y junio, tal como está ocurriendo. Pronosticó, en aquel entonces, que en la cima podría haber 50 mil enfermos. No lo dijo recién ayer, sino hace casi tres meses.
Similar postura negacionista, la izquierda la ha asumido frente al costo social de la epidemia, área en la cual percibe que más y mejores réditos puede lograr. Está muy consciente de que cada día que pasa, la clase trabajadora, asalariada o no, incrementa sus problemas del diario vivir, acumulando un sentimiento de frustración y rabia que en algún momento –confía- hará explosión. Es un hecho definitivamente categórico que la crisis sanitaria es mucho menos peligrosa que la otra, la económica. Los trabajadores asalariados (con contrato de trabajo) que han quedado cesantes llegan a 1,7 millones, aunque en junio dicha cifra podría alcanzar los 2 millones.
Esos números no consideran a quienes se acogen a la Ley de Protección al Empleo, porque se les considera “ocupados, sólo que “ausentes temporales” de sus labores. Son 400.000 hasta el momento y el ministro de Hacienda cree que las empresas empezarán a inclinarse por la otra vía, la del despido.
No pocos economistas prevén que “en algún momento del año”, el desempleo asalariado llegará a 1.800.000, lo que significará que un 18% del total de la fuerza laboral estará en esa situación. Para mal de males, la cesantía trae la pobreza. Según el INE, en 2017 la pobreza se había reducido al 8,6%, lo que equivale a 1,5 millones de personas. Basta un 1% de crecimiento económico del país para que la pobreza disminuya 3,56, pero, como es sabido, la actividad se contraerá y con ello el efecto será duramente inverso: se proyecta que subirá de 8,6% a 9,5%, y volverá a ella un vasto sector que había logrado superarla.
Tan desolador panorama para el Gobierno y políticamente tentador para la izquierda, parece no tener más salida que la gestión subsidiaria fiscal se extienda y se amplíe. Es explicable que la “racionalidad en el gasto” sea parte del ADN de todo economista serio, pero dadas las terribles circunstancias actuales motivadas por un enemigo invisible, llegó la hora de ir más lejos en el desembolso público, en la certeza de que hay que obstaculizar las vías de una eventual explosión social.
El Banco Central se puso a cubierto del empeoramiento de la situación y solicitó un crédito, como seguro, al FMI por US$ 235.000 millones.
El que los desempleados subsistan eternamente a punta de bonos no es la solución; ésta se encuentra en el salvataje a las generadoras de trabajo, incluyendo a las grandes empresas. No es un delito clasista hacerlo, siempre y cuando el Estado que las subsidia reciba una participación, porque, en definitiva, se trata de un auxilio con el dinero de todos los contribuyentes.
Para evitar la temida reacción de quienes, más temprano que tarde, les llegará el día en que no tengan qué comer, es imprescindible reactivar pronto la economía, y ello se consigue a través del dinamismo de las empresas hoy en pausa de producción.