EL DERECHO AL ANONIMATO DE LOS ENFERMOS

April 25, 2020

 

VOXPRESS.CL.- El alcalde Valparaíso, Jorge Sharp, en su condición de tal, ofició a la Corte de Apelaciones de su Región para que ésta obligase al ministro de Salud a identificar, con nombres y apellidos, a los vecinos de su comuna contagiados por el virus. La intención del edil porteño es parte de la estrategia frenteamplista, su sector, y comunista de hostigar a la máxima autoridad de salud para que, algún día, se decrete la cuarentena total nacional.

Sharp –que estudió Derecho durante ocho años para darse el tiempo de hacer su trabajo de concientización estudiantil- fue electo alcalde gracias a los votos universitarios y, fundamentalmente, de la gran población juvenil flotante que cursa estudios en los innumerables centros de educación superior que existen en el puerto.

 

Este detalle no menor de las poblaciones estudiantiles móviles es la que motivó a la ex comunista y hoy frentista presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, a ser la primera en exigir aplazar el plebiscito constitucional de abril y a solicitar, desde ya, que el programado para el 25 de octubre tampoco se realice. Esta activista y dirigente gremial sabía, y sabe, el alto riesgo, e igual costo, de que los jóvenes revolucionarios –los ‘primera línea’- no estén en sus lugares de votación para tan crucial consulta ciudadana por no haber clases presenciales. Una cifra llamativa de universitarios, 400 mil, cambió su domicilio electoral durante el verano para asegurarse sufragar en la ciudad de tránsito en que cursa su carrera.

 

Aunque el alcalde Sharp se peleó con Gabriel Boris y se fue con un importante número de militantes desde el movimiento autonomista –cuando éste firmó el Acuerdo de Paz post 18/O-, se mantiene, sin domicilio específico, dentro del Frente Amplio. Éste le cautela su presente y futuro, precisamente por el arrastre que tiene en la juventud universitaria y escolar de Valparaíso. El jefe comunal porteño, que con sus ordenanzas anti-empresariales ha precarizado aún más a su ciudad, con su solicitud a la Corte de Apelaciones quiere “certificar” que su comuna tiene que ser cerrada a todo acceso externo y su población, ser sometida a una cuarentena total, con lo cual lograría el propósito de paralizar toda actividad comercial, naviera, portuaria y financiera, el mismo interés  de la izquierda a nivel nacional.

 

Cualquier ciudadano, aunque no muy ilustrado, puede imaginar cuál sería el escenario del país en una situación de esa índole: simplemente, su muerte. El socialismo internacional, al que adhieren el PC y el FA, dogmatiza que toda instauración de un régimen totalitario estatista debe ser antecedido, sí o sí, del aniquilamiento de la economía del respectivo país. Los casos latinoamericanos de Cuba,  Venezuela y Nicaragua ahorran comentarios.

 

Para que ello sea posible, es determinante la desobediencia civil, tal como lo hizo efectiva la Mesa de Unidad Nacional, luego de que se firmara el Acuerdo de Paz. La rebeldía parte por el no respeto a las leyes vigentes que preservan los derechos de los ciudadanos. Éste es, precisamente, el ejemplo que dio Sharp con su petición a la Corte, porque el revelar las identidades de los enfermos viola dos normas jurídicas del país y, además, vulnera una regla impuesta por la Organización Mundial de la Salud. Un protocolo de los afiliados a la OMS prohíbe a las autoridades de los países miembros publicar el nombre de pacientes, en este caso, el de los afectados por coronavirus.

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), brazo regional de la OMS, especifica que todos sus países miembros “se comprometen a resguardar la identidad de los pacientes”, pacto al que Chile suscribe.

En Chile, revelar la identidad de un enfermo internado en centros asistenciales o bajo el control de una autoridad sanitaria,  es un delito, ya que  se halla protegido por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes (la N° 20.584), que “resguarda y prohíbe la entrega de información médica de un paciente”. Además, este impedimento está, también, garantizado por la Ley de Protección de Datos Personales en su acápite sobre “datos sensibles”.

 

La histeria que ha ocasionado en el país la propagación del virus ha inducido, incluso, a la segregación en condominios de profesionales de la salud por considerarlos un peligro para el resto de la comunidad. Cualquier filtración de identidad de contagiados, debido al escenario existente, podría tener consecuencias insospechadas personales, laborales y en el  entorno.

 

El Colegio de Periodistas, muy a tono con los propósitos de la izquierda, es presidido por la comunista Margarita Pastene, quien anunció que “la violencia no entra en cuarentena”. Ella se apresuró en adelantar que “en la Ley de Prensa no existe un solo artículo que impida revelar nombres de personas enfermas”. Sin embargo, la tendencia de los medios de comunicación ha sido la de evitar revelarlos, aunque en casos específicos se han hecho públicos algunos  detalles, como edad, sexo, nacionalidad y oficio, cuando se han tratado de decesos o detenciones por infringir la ordenanza sanitaria. Aunque siempre alineados con las vociferantes presiones del extremismo por paralizar al país, al menos los comunicadores, hasta el momento, han mantenido el respeto a las normas legales que quiso violar el alcalde de Valparaíso.

 

La Corte no titubeó ni demoró en declarar inadmisible su solicitud y el Consejo para la Transparencia pidió el envío de una ley corta al Parlamento para afianzar la protección de identidades.

 

 

 

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