EL ‘DELITO’ DE LA SEGUNDA VIVIENDA

VOXPRESS.CL:- Una comisaría de Peñalolén, en avenida Los Presidentes, fue asaltada por una turba de 50 personas entre las 21 horas y las 02 horas del 8 y 9 de abril, durante el toque de queda. El cuartel fue atacado con piedras, bolones de acero, bombas Molotov, escopetas hechizas y fuegos artificiales dirigidos directamente a su superficie, en un intento por incendiarlo. Tras una larga contraofensiva para repeler a la violenta acción, fueron detenidos 28 individuos, y puestos a disposición de la Fiscalía Oriente, la cual retuvo a solo uno, ¡uno solo!, formalizándolo por tener antecedentes penales: el resto quedó en libertad.

Se trató de un delito flagrante, en pleno toque de queda, agravado por las nuevas normas contempladas en las nuevas leyes antibarricadas y antiencapuchados, pero la Justicia tiene una óptica arbitraria para evaluar los delitos, no castigando con severidad a los más graves y sí haciéndolo abusivamente cuando son infracciones menores…como, por ejemplo, intentar trasladarse a una segunda vivienda.

Estando el país bajo un Estado de Catástrofe y con restricciones constitucionales para todos iguales, la señal que se entrega a la población es que resulta más gravoso intentar un viaje a una segunda vivienda, comúnmente en un balneario, que asaltar violentamente, y por horas, a un recinto que alberga a los encargados, por esa misma Constitución, de preservar el orden y la paz ciudadana.

En un país ya suficientemente dividido y fraccionado por insuperables desavenencias y desencuentros ideológicos, amparándose en la prevención del corona virus, las autoridades nacionales y comunales llegaron a la paranoia, al presentar ante la opinión pública a “los ricos” como los más peligrosos agentes contaminantes de la pandemia, al prohibirles el uso temporal de una casa de veraneo por ser supuestos portadores del virus. A petición de los medios de comunicación, el Gobierno realizó una cacería por tierra, mar y aire de los infractores de una ordenanza sanitaria, y el Presidente añadió una feroz amenaza penal para ellos.

Todo partió con la orden del ministro de Salud de establecer barreras sanitarias en todas las salidas de la Región Metropolitana, a partir del jueves santo. La idea fue evitar las concentraciones humanas en los balnearios, pero éstas las hubo, especialmente en las caletas, abarrotadas no por visitantes ni turistas, sino por los propios residentes del lugar. La ridiculez se hizo presente con el cierre de la ruta a San José de Maipo, pueblo ubicado en la mismísima Región Metropolitana.

Al decretar las barreras, el ministro estableció que sólo podrán salir” quienes porten el salvoconducto correspondiente al toque de queda: al menos en la Ruta 5 Sur, el control fue aleatorio (?).

Semanas atrás, la Contraloría General de la República, ofició a los alcaldes que en sus solicitudes de “inmovilidad total” para el país como único instrumento de contención de la pandemia, que debían “tener presente” el derecho humano de las personas a su libertad de desplazamiento y de movilización. Conscientes todos de que en una situación de emergencia, ciertas o casi todas las prerrogativas de las personas se pierden, es una discriminación suponer que el contagio de un virus deviene por radicación de una familia en una segunda vivienda.

En momentos en que se flexibilizaron ciertas restricciones relacionadas con la cuarentena, surgió la más contradictoria y abusiva de todas, porque la prohibición total de desplazamiento la tienen únicamente las personas con confinamiento absoluto y las demás, bajo régimen voluntario, ni siquiera requieren permisos para movilizarse. Muchísimas familias provenientes de comunas sanas y exentas de restricciones también fueron obstaculizadas, y retenidas, impidiéndoles su radicación temporal en una vivienda legalmente suya.

Frustrar el viaje a quienes están en cuarentena obligatoria y a portadores del virus es una obligación de los encargados de las barrea sanitarias. Más aún, por evitar riesgos se controló la temperatura corporal de los pasajeros de vehículos, públicos y privados. Así como no se respetó la “condición única” del salvoconducto válido para el toque de queda, se debió considerar como pasaporte sanitario el estado del viajero, lo que se hizo discrecionalmente.

Ha sido el modelo neoliberal el que permitió, y permite, a millones de chilenos, sí, millones y de una gran diversidad social, la adquisición de una segunda vivienda, sea como inversión, como incremento de sus ingresos vía alquiler o, simplemente, para disfrutarla con fines vacacionales en la cordillera, el campo, el lago o la costa.

El acceso a una segunda vivienda es fruto, en el 99% de los casos, del esfuerzo personal, fruto del trabajo y, en ocasiones, fruto de herencias. De haberlas, las excepciones a la regla –ganarlas en un sorteo o mal habidas- son muy mínimas. Presentar, entonces, esta realidad como privilegio de “ricos” constituyen una provocación, y es consecuencia de una mala intención de índole ideológico, amplificada por el clásico complejo social del periodismo comprometido.

Muchos de la clase media emergente que hicieron posible el triunfo de Piñera –con casas en Cachagua, Caburgua y Ranco y un helicóptero para trasladarse- son propietarios de segundas viviendas en balnearios nada de cuicos, como Dichato, Cobquecura, Iloca, El Tabo, Laguna o Maintencillo, por citar sólo a algunos.

No se trata de desconocer todos los esfuerzos que deben hacerse para controlar y mejor manejar una pandemia de las dimensiones del coronavirus. El error de la autoridad es no implementar una medida criteriosa que, al mismo tiempo de disciplinar a quienes están en cuarentena, adecue el respeto al bien ganado derecho de propiedad. Quienes deben ser aislados, no en sus domicilios, son los sospechosos y los contagiados, no los sanos.

Mudarse a un lugar habitual de descanso sólo por vacacionar tres días es razonable que se restrinja para evitar concentraciones de gente. Pero es una negligencia el negar que, ante la paralización de la actividad laboral, una familia sin prohibiciones pueda pasar ese lapso en su segunda vivienda.

No es tolerable que esta maliciosa campaña que estimula las diferencias sociales haya llegado al extremo de que vecinos habituales y que contribuyen al desarrollo de sus balnearios, fuesen víctimas de rayados de sus vehículos y viviendas. Más censurable resulta que los mismos alcaldes que los invitan y los atraen para que sean en sus comunas donde paguen los permisos de circulación y de construcción, les hayan gritado que, ahora, son mal venidos y que “no queremos su presencia aquí”.

Ese oportunismo populista es tan despreciable como la sensación que se quiere difundir en cuanto a asociar a la extrema riqueza con todos los propietarios de una segunda vivienda. Al margen de ser ello una ignorancia es una nueva muestra de que en Chile, más que estar preocupados de cómo poner fin prontamente a una pandemia de terribles consecuencias socioeconómicas, la prioridad de muchos izquierdistas y ‘tontos útiles’ es echar más brasas a la siempre encendida diferencia de clases y privilegiar sus aparentes derechos por sobre los legítimos de los demás.