LA PUERTA GIRATORIA DEL VANDALISMO

VOXPRESS.CL.- Llegó el temido marzo, y esta vez no solamente para los afligidos apoderados que deben cumplir con los petitorios de útiles escolares a sus hijos y de los conductores agobiados por las revisiones técnicas y los permisos de circulación. Estos dos han sido, invariablemente, los quebrantos de la población en las últimas décadas al llegar el tercer mes de cada año.

Sin embargo, en este convulsionado 2020, a inquietudes tan domésticas y demandantes en lo económico, la ciudadanía, por primera vez, le suma otra superior y, lejos, la más grave: la violencia fuera de control.

La población ha sido notificada, y con publicidad, de que, luego de un ‘respiro’ (¿?) por los tradicionales meses dedicados a vacaciones, “se retomarán las acciones”. De partida, sólo en marzo hay marchas no autorizadas de los secundarios y la CONFECH; en contra del SENAME, una feminista sin permiso en todas las capitales regionales, otra adversa a Piñera por el tercer aniversario de su asunción al poder; otra, reclamando por el agua “derecho de todos”; la invariable celebración del Día del Joven Combatiente y el llamado de la mesa de Unidad Social a un paro nacional indefinido “hasta conseguir la renuncia del Presidente”.

La otra fuente de confrontación será el cada vez más encendido debate por el plebiscito constitucional y, directamente, por la irrenunciable imposición del extremismo de una Asamblea Constituyente.

La policía detuvo -y el Gobierno se querelló- a un antiguo militante del MIR, Jaime Castillo, por portar una ametralladora y su respectiva carga de municiones. En tanto, los alcaldes de varias comunas han alertado al Ministerio del Interior para que los provea de medidas especiales de seguridad ante el convencimiento de que se vienen días más violentos e intrépidos de los ya conocidos.

No constituyen el mejor ejemplo, pero los clubes del fútbol profesional, tras dos décadas de cómplice convivencia consentida con el hampa, optó por grabar y denunciar a la Justicia, con nombres y apellidos, a quienes originan desmanes dentro de los estadios. Si en esa actividad, relativamente reducida a un sector, sí se puede hacer, ¿por qué el Gobierno, desbordado por la violencia, continúa querellándose al voleo contra quienes resulten responsables?

El progreso urbano permitió la instalación y mantención de cámaras de seguridad en espacios públicos, como asimismo en sitios sensibles como las estaciones del Metro y lugares particularmente atractivos para los delincuentes y, en este caso, para los vándalos del extremismo. Para mayor aporte a la develación de los saqueadores, los propios ciudadanos –los honestos, desde luego- filman a los protagonistas de los disturbios y los ponen a disposición de la PDI.

Desde el 18/O, el país ha sido prácticamente abatido por la violencia política, pero de los millares de extremistas que cotidianamente continúan destruyendo las ciudades, proporcionalmente el número de condenados es bajísimo.

En un estudio concluido a mediados de febrero, la Corte Suprema analizó el estado de causas a partir del 18/O y algunas de sus conclusiones son más que preocupantes: resultan inexplicables.

Sólo en la segunda quincena, la causa con mayor número de imputados fue el robo en lugar no habitado, es decir, saqueo, con 49 detenidos, triplicando la estadística del 2018, en ese mismo período, con 13. Sin embargo, la gran incoherencia surge a raíz de la siguiente cifra: entre el 18 de octubre de 2019 y el 17 de enero de 2020 ingresaron 143.215 causas a los Juzgados de Garantía…pero este número representa una disminución de 6,5% respecto del mismo lapso del año anterior.

Las matemáticas no cuadran, al registrar la Justicia menos causas en un trimestre octubre/diciembre normal, como el de 2018, con uno extremadamente anormal, como el de 2019. De esas 143.215 causas, el 57,5% se encuentra en tramitación, el 36,2% se halla concluida y el 6,3% se mantiene suspendida.

Ninguna cifra, por contradictoria y voluminosa que parezca, es comparable con la dimensión de las irracionales turbas y con los daños causados. Uno de los motivos de esta asimetría es el “no inicio de la investigación” en 30.313 causas. El no perseverar es una facultad que le corresponde al Ministerio Público y, en general, se invoca cuando no existen suficientes antecedentes para seguir con las indagatorias. Al no haber imputación de cargos, el paso siguiente es el sobreseimiento, y esto explica por qué de las 143.215 causas por vandalismo, apenas el 11,4% ha devenido en sentencias.

Este decidor balance, obtenido de un informe oficial de la Corte Suprema, deja en dramática evidencia la monumental desproporción entre la cantidad y magnitud del vandalismo y las escasas denuncias que han concluido con penas, muchas de ellas alternativas y de no de cárcel. Es inconcebible que pese a que la policía pone a disposición de los tribunales a los detenidos debidamente identificado, las querellas presentadas por el Gobierno no sean nominales, sino al voleo, contra “quienes resulten responsables”. O sea, nadie.

Hay quienes se identifican como responsables de la violencia, pero el Gobierno y la Fiscalía no actúan de oficio para iniciarles un juicio por la ley de Seguridad Interior. El último que se auto denunció y nadie reaccionó, fue el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien respaldó “el derecho del pueblo a luchar contra Carabineros por mantener el orden público”. Si ello no es suficiente, tanto el Ministerio Público como la PDI revelaron no haber iniciado investigación alguna sobre los ‘primera fila’, esto es, los encapuchados más desalmados, todos unos artistas en el lanzamiento de piedras, bombas, fuegos artificiales y en el armado de barricadas.

Incrédulos y atemorizados, los ciudadanos permanentemente afectados por la violencia, y particularmente las víctimas de saqueos, incendios y pintarrajeos, se pregunta por qué tanta incapacidad para poner fin a esta convulsión pública. Una de las respuestas está aquí, en este informe judicial que refleja crudamente las ineptitudes, por igual, del Ejecutivo y de la Fiscalía Nacional.