LA DELINCUENCIA QUE EL PRESIDENTE CONFUNDE
VOXPRESS.CL.- A quien madruga, no siempre Dios le ayuda. Todavía de noche y con una temperatura excepcionalmente fría para finales de febrero, el Presidente de la República reingresó a La Moneda, tras un período de vacaciones en su casa a orillas del lago Ranco. Madrugó para dirigir su segundo Consejo de Gabinete en menos de un mes. El anterior fue el 1, para fijar los pilares de su agenda para el 2020, entre ellos, una nueva Constitución.
Este segundo encuentro con la casi totalidad de sus ministros titulares concluyó en un solitario punto: el llamado a “los demócratas de Chile” a defender la democracia y a unirse en un Acuerdo de Paz para poner fin a la violencia.
El primer Acuerdo de Paz en que se matriculó el Gobierno, con un forzado pacto con la oposición, fue a mediados de noviembre de 2019 y tuvo el resultado que todos conocen: el vandalismo viento en popa y La Moneda jugada por una nueva Constitución que, de concretarse, será concebida a pleno gusto de la izquierda. Así, el otrora incombustible Piñera se carbonizó en aras de una causa ajena.
Transformado en el campeón de estériles llamados a la unidad y a la concordia, muy pronto el Presidente cumplirá dos años en el cargo y aún no parece darse cuenta de que a todas sus invitaciones ha habido oídos sordos de parte de la oposición y, con mayor razón, de los dos partidos que a lo único que aspiran es a derrocarlo.
Confundido -como siempre-, el Mandatario aprovechó la ocasión para recodarle al Congreso opositor que “están pendientes” varios proyectos que “dan cumplimiento a las demandas sociales”…Las brisas del Ranco no fueron suficientes para hacerlo entender que el interminable vandalismo ideológico nada tiene que ver con las necesidades básicas de la ciudadanía. El estadillo del 18/O nunca fue, ni ha sido, social, sino categóricamente político, puesto que la finalidad –y así lo han afirmado sus autores- fue, primero, la renuncia del Presidente, para luego presionar con fuerza, como lo están haciendo, por una Asamblea Constituyente.
En éste, su segundo ensayo de un Acuerdo de Paz, el Presidente ha vuelto a equivocarse, al convocar a la unidad nacional para “derrotar a la delincuencia”, sin especificar de qué tipo. Si bien cualquiera acción que vulnere una ley es considerada un delito, no es lo mismo un malhechor por vocación que un vándalo extremista.
Dado que cualquier quebrantamiento de la ley es delito, los ‘primera línea’ la violan diariamente con sus arteros ataques, alteraciones del orden público, tomas de espacios públicos, rayado de la propiedad privada, obstrucción a la libre circulación, saqueos e incendios. Desde esa perspectiva, etimológicamente se trata de delincuentes, pero se diferencian de los forajidos comunes porque en sus acciones no buscan réditos. Un bandido “de profesión” roba uno o más vehículos para sacarlos del país, reducirlos o comercializarlos como chatarra, en tanto los extremistas políticos, que es el caso, los destruyen y queman por constituir símbolos de la sociedad capitalista.
El hampón hace estallar un dispensador de dinero para apropiarse de los billetes, en cambio el extremista arrasa con la sede bancaria en rechazo al sistema financiero. El llamado correcto del Presidente debió ser a combatir la violencia política, ello como aclaración de conceptos para la ciudadanía.
La respuesta de la izquierda a esta nueva convocatoria presidencial fue la de siempre: reestablecer el orden público es una misión exclusiva del Gobierno. Y es así: el Ejecutivo, a través de su Ministerio del Interior y de sus Intendencias regionales, es el responsable constitucional, y, por ende, legal, de proteger a la ciudadanía y permitirle una vida en paz y en tranquilidad. Para lograrlo, no requiere de acuerdos con nadie, sino únicamente dar cumplimiento a lo que establece la Constitución en esta materia.
En todas las oportunidades en que el Presidente ha solicitado auxilio a sus adversarios políticos, ésa ha sido la respuesta invariable, porque la oposición sabe que La Moneda se apretó sola los dedos, ya que por su sumisión con la izquierda no se atreve a imponer su autoridad con rigor. Ello está más que demostrado con sus acciones destinadas a aminorar e inhibir el natural potencial disuasivo de las policías para reducir a los violentistas.
El Gobierno cavó su propia tumba cuando ordenó el cese del Estado de Emergencia a las pocas horas de transcurridos el Golpe del 18/O. De haberlo mantenido permanente, como aconsejaban las durísimas circunstancias, se habrían evitado las terribles consecuencias que hoy se lamentan.
El decretar su prematuro fin se debió al chantaje de la izquierda, que derivó en la claudicación presidencial a cambio de que volviese la normalidad. Pero quienes lo condicionaron carecían y carecen de la facultad de mando y control sobre los extremistas. El PC y parte sustancial del Frente Amplio, recuérdese, no concurrieron con su firma a la maliciosa extorsión de cambiar paz ciudadana por una nueva Constitución.
En ese episodio quedó marcado el destino del Gobierno: demostró poco coraje frente al enemigo, abriendo el flanco perfecto para que su gobernabilidad fuese esterilizada.
La izquierda tuvo la habilidad política de la que careció Piñera en momentos en que más determinación y entereza debió demostrar. Claudicó fácil ante el temor de una mala imagen internacional suya, sin la convicción de que una democracia es naturalmente defendible con los medios que le confiere la Constitución. Cedió rápido un derecho sagrado, y ahora se quedó sin ningún derecho moral para neutralizar la incontrolable violencia política