LA UTOPÍA DEL DIÁLOGO PARA LA PAZ SOCIAL


VOXPRESS.CL.- Así como la violencia y el vandalismo se han ‘normalizados’, esto es, se han convertido en algo común en la vida cotidiana de la población, la palabra ‘diálogo’ ha pasado a ser una cargante muletilla, y estéril, como propuesta para poner fin al caos.

El vocablo ‘diálogo’ significa, así de simple, una conversación entre dos personas que plantean sus pensamientos. Que de dicha plática surja algún tipo de acuerdo acerca de un tema, es otra cosa. Es aquí donde radica el punto muerto de la crisis por la violencia política que afecta al país y que pone un signo de interrogación a su futuro.

Nadie descarta que a partir de un diálogo se pueda llegar a un acuerdo, pero ¿entre quiénes?, ¿quién con quién? Haciendo gala de seguir siendo el político mejor evaluado (?), Joaquín Lavín explicó que “ello se debe a que no me gustan los extremos, sino el diálogo”.

Es muy factible que en minucias y cuestiones vecinales propias de una comuna se alcancen soluciones rápidas mediante conversaciones, pero ésa receta del alcalde de Las Condes es para un resfrío y no para la bacteria, que puede ser mortal, introducida en Chile: la violencia.

En un análisis publicado en la página web de su consultora Imaginacción, el importante lobista y ex ministro socialista Enrique Correa Ríos, critica a su propio sector –la oposición- por no condenar con energía la violencia y atribuye ésta a tres sectores: el narcotráfico, el anarquismo y las barras bravas del fútbol.

Al margen de que ninguno de ellos es accesible para un avenimiento, sus dos percepciones son cuestionables. La oposición no puede emitir juicios condenatorios en contra de la violencia, pues ésta es sostenida, estimulada y amparada por la izquierda, y particularmente por el PC y el Frente Amplio, y, por lo mismo, no resulta creíble su tesis de que los únicos vándalos son narcotraficantes, anarquistas y barras del fútbol.

Si fuera así de sencillo, una redada gigante contra los traficantes y apresar a los barristas atenuaría de inmediato parte del problema. Pero ello es imposible con los anárquicos, que, aunque tienen escalafones de jefaturas y páginas en internet, carecen de identidad política y, por tanto, no son accesibles a acercamiento alguno. Son individuos que están en contra de todo y de todos, que consideran que sus penurias son culpa de la sociedad en la cual están insertos y que, por consecuencia, hay que destruirla, arrasarla y partir de cero, plasmando esto en una nueva Constitución.

Con este tipo de indómitos es imposible intentar, siquiera, una aproximación y como los partidos –con domicilio conocido- rehúsan reconocer que están en una tercera línea detrás de los violentistas, más que una ilusión es una estupidez continuar hablando de diálogo.

Aunque apunta correctamente al anarquismo, el campo visual de Enrique Correa es reduccionista, porque, al centrar en él la exclusiva responsabilidad de la violencia, exculpa a los vándalos adherentes a partidos con representación parlamentaria. Pero como éstos niegan su injerencia directa en la crisis, cualquier intento de diálogo es impracticable. Más que una ceguera, es de mal fe desconocer su tutelaje sobre las turbas aniquiladora, más aún si existe el antecedente, oficial y confeso, de la participación activa de diputados comunistas y frentistas en la organización, en Caracas, del Golpe del 18/O.

El mismo Correa, en su análisis de la situación del país, reflexiona que “la estabilidad ha podido mantenerse gracias a la fortaleza de las instituciones republicanas”, pero aventura un juicio coincidente con un sentimiento general: “nadie puede garantizar lo que pueda pasar a futuro”. Su incertidumbre es la misma del resto de la población, la que ahora percibe con más claridad que la perpetuidad de la violencia no tiene otra meta que imponer a rajatabla una Asamblea Constituyente, la autodeterminación del pueblo para gobernarse a sí mismo. En este objetivo han trabajado incesantemente el PC y el FA desde el 18/O con sus cabildos vecinales, conversatorios y con un silencioso trabajo territorial. La izquierda, y no sólo los anarquistas, no quieren nuevas elecciones presidenciales.

Si alguien lo duda que atienda a los resultados de la reciente encuesta de pulseo presidencial de CADEM: a un 63% no le interesa un candidato y el 37% restante se divide entre Lavín, Desbordes, Ossandón y Matthei. En un país manejado desde los medios de comunicación por la izquierda resulta inaudito que nadie mencione de su gusto a algún personaje de ese sector.

La izquierda, tras fracasar en su proyecto inicial de forzar la renuncia del Presidente, se ha recogido, agrupándose tras un solo y gran objetivo, que es imponer la Asamblea Constituyente, tal como lo resolvió en Venezuela el Foro de Sao Paulo. Para ello, utiliza como cabeza visible a la mesa de Unidad Social, un ente aparentemente multigremial pero eminentemente subversivo que, a fines de 2019, proclamó una definitiva desobediencia civil.

Dado este panorama, es pura utopía hablar de diálogo y querer divisar ficticiamente algún tipo de solución a la violencia política que, con fines muy claros, se ha hecho perenne. Más que incierto, el futuro del país es negro, negrísimo.

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