PARA NO CREERLO: EL INDH CONDENA AL VANDALISMO

VOXPRESS.CL.- Nunca desde su creación, claramente con fines más ideológicos que humanitarios, el Instituto Nacional de Derechos (INDH) había revelado síntomas de racionalidad o, al menos, de ecuanimidad, y ello gracias a las afirmaciones de su presidente subrogante, el ingeniero comercial y cientista político Cristián Pertuzé Fariña. No sólo se declaró enemigo de la “violencia, provenga de donde provenga”, sino definió como “ilegítimas” las acciones del extremismo en Plaza Baquedano, “porque atentan contra las libertades de los demás”.

El remezón originado, y no sólo al interior del INDH, fue de magnitud, porque de una plumada deslegitimó la inmunidad auto atribuida por los falsos ‘movimientos sociales’ y, de paso, condenó la impunidad que se han arrogado durante meses de actos vandálicos.

De no estar en vacaciones, ahora legales, la izquierda parlamentaria que acusó constitucionalmente al Intendente metropolitano por impedir los saqueos en dicho lugar, de seguro que ya habría citado a Pertuzé para que rindiese cuenta.

El INDH, creado a instancia del PC y con el patrocinio incondicional de los familiares de detenidos desaparecidos en el régimen militar, ha sido, siempre, un nido de afiebrados y recalcitrantes revanchistas políticos. Llegó al límite de lo tolerable cuando, en 2014, asumió el mando Lorena Fries, una hincha bacheletista, que al dejar su cargo por término del Gobierno socialista, dejó un plan nacional de reparación económica exclusivamente para familiares de desaparecidos de la izquierda y para exonerados, con fondos fiscales que exprimían al límite la exigua caja fiscal entregada por dicha administración

Fries fue la distorsionadora informante de la ONU sobre las supuestas o eventuales) violaciones a los derechos humanos en democracia y es la gran responsable de que el Estado, con ningún Gobierno del color que sea, haya podido neutralizar al terrorismo subversivo en La Araucanía.

El INDH es financiado con los impuestos de todos los chilenos y, sin embargo, su principal rol es defender a pandillas de izquierda dura que se dedican, precisamente, a ultrajar los derechos de compatriotas inocentes y trabajadores.

Lo componen dos columnas, una su Consejo General, y la otra, su planta de funcionarios, la que gremialmente se ha agrupado en torno a una Asociación para mantener su poderío ante una circunstancial mayoría de consejeros no marxistas.

Fue esa Asociación, integrada en su totalidad por militantes de partidos de izquierda, la que reaccionó más ácidamente en contra del presidente (s) del Instituto y fue una radicalizada integrante del Consejo la que salió a pedirle explicaciones.

De acuerdo a sus estatutos, el Consejo estará siempre en manos de la izquierda, y de la más dura, porque cuatro de sus miembros, esto es, la mayoría, son designados por…organizaciones de la sociedad civil. La minoría de sus miembros son elegidos por el Gobierno, por la Cámara de Diputados y por las universidades estatales.

Pertuzé Fariña, licenciado de una de las universidades más extremistas del país, la de Valparaíso, tuvo el coraje, y la honestidad, de hacer pública una reflexión que nunca nadie imaginó que pudiera provenir del arbitrario y odioso INDH: “el rol de una entidad de derechos humanos no está a favor ni puede hacerse la desentendida con la violencia”.

Hizo una afirmación que podría considerarse histórica en estos momentos cruciales para el país: “todos tienen derecho a expresarse libre y públicamente ¡pero sin violencia!”. Por sostener lo mismo, el Intendente capitalino casi fue quemado en la hoguera.

Pertuzé puso énfasis en un aspecto que, al parecer, el Gobierno lo ignora: “el Instituto, como así el Alto Comisionado de la ONU, apunta únicamente a dos objetivos: defender a quienes son abusados por los Estados, y por sus agentes, y a quienes el Estado ignora”. Ello explica por qué el INDH se abstiene de respaldar a carabineros quemados, malheridos y mutilados, y graficó como ejemplo la iniciativa que asumió el Instituto para proteger a los afectados por la contaminación en la bahía de Quintero y su entorno, a quienes ninguna autoridad, según él, les había prestado algún tipo de auxilio.

Este ítem respecto a los “abandonados por el Estado” constituye una feroz crítica al Gobierno, el cual no ha ofrecido ayuda para que se querellen criminalmente a los compatriotas cuyas propiedades fueron saqueadas e incendiadas y, muy especialmente, a los centenares de residentes que han debido abandonar sus viviendas, como en el entorno de Plaza Baquedano y de las Torres San Borja, por el acoso y destrucción de las turbas extremistas y por el daño psicológico causado a sus familias.

Si un vocero tan importante del INDH como su presidente (s) lo dice, es cuestión de que el Gobierno asuma el desafío de cumplir lo que la propia doctrina de derechos humanos manda y defienda en la práctica los de sus abandonados. De no hacerlo, dada su fatiga colectiva, quien tiene, obligadamente, que asumir ese rol es el mismísimo Instituto, tal como lo hizo con los contaminados de Quintero.

No es simple descubrir cuál es el motivo que empujó a Pertuzé a exhibir, alguna vez, una conducta racional en el seno de una entidad eminentemente irracional por su fanatismo ideológico. Se cree que puede ser un mea culpa por el grandioso ridículo del Instituto por denunciar un Centro de Torturas en las inmediaciones de Plaza Baquedano, lo que luego de investigaciones multidisciplinarias, se determinó que sólo se trató de uno más de los tantos inventos de sus funcionarios.