UNA REFORMA PARA CARABINEROS, PERO SIN CARABINEROS

VOXPRESS.CL.- No debería resultar grato al Colegio de Abogados que un grupo de animalistas sugiera a sus afiliados cómo proceder en los tribunales y, nos imaginamos, cuán grande sería la indignación de los médicos si brigadistas forestales les recomiendan cómo actuar en los pabellones quirúrgicos.

No obstante, los Carabineros de Chile –nuestros carabineros- deben soportar la indignidad de ser pauteados por absolutos desconocedores de sus funciones. Nadie, excepto ellos, sabe lo que es recibir el alevoso ataque de violentistas políticos y de ocuparse simultáneamente de la seguridad ciudadana, de vigilar las fronteras, de velar por la normalidad en el tránsito, de ayudar a parturientas, evitar suicidios, reencontrar a parientes sin paradero conocido y de combatir a drogadictos. Son tan múltiples sus obligaciones que no parecen haber civiles capaces de comprender en toda su magnitud su trabajo y, por lo mismo, resulta un atropello que deban aceptar resignadamente instrucciones de ajenos a su institución.

Luego del Golpe extremista del 18 de octubre, los carabineros fueron los únicos que quedaron a cargo de poner algo de orden público en uno de los peores escenarios de confrontación que ha experimentado Chile en su historia social. Superados en número por las turbas vandálicas no recibieron, ni han recibido, el apoyo de nadie, sino, por el contrario, han sido, y son, víctimas de ofensivas despiadadas y de críticas hasta de quienes son sus jefes civiles.

Arrinconado por la oposición y sin el coraje para defenderla, el Gobierno permitió que Carabineros terminase siendo la gran víctima de este inmenso conflicto político. Se le cuestionó el rol más elemental y trascendental de una fuerza policial, como es la mantención del orden público.

Era, porque ya no lo es, una institución a la que la población la respetaba y la requería frente a cualquier contratiempo personal o familiar. Por décadas, junto a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos, fue la entidad más apreciada por la ciudadanía. Hoy está por los suelos, fruto de una campaña nacional e internacional de desprestigio, y ello exclusivamente por intereses ideológicos.

Asustado y con una reverencial resignación ante la izquierda manipuladora de los derechos humanos, el Gobierno, sacando las castañas con las manos del gato, esquivó los golpes, anunciando la creación de un Consejo para la “reforma de Carabineros”.

Para deslavar todavía más su palidísima imagen, La Moneda convocó a formar parte de ese Consejo a todo tipo de supuestos expertos y especialistas en legislación, sociología, finanzas y en derechos humanos, pero prescindió de la presencia de, al menos, un solo uniformado.

El grupo reformista de la policía –en plena redacción de su informe final-, lo integraron el responsable de la seguridad interna, Gonzalo Blumel; el ex ministro del Interior, Jorge Burgos; el director Ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson; el ex subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira: la economista Catalina Mertz; la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz; el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco; la ex vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Valech), María Luisa Sepúlveda; el ex director de Presupuesto, Javier Etcheberry; el doctor en sociología Franz Vanderschueren; el ex presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch; la abogada Marta Salcedo de La Fuente, y las subsecretarias Lorena Recabarren y Katherine Martorell.

El Consejo anunció que su informe se centrará en la gestión de orden público y en la preservación de los derechos humanos de quienes, precisamente, alteran la normalidad ciudadana con violencia y vandalismo, incluyendo asombrosos ataques al personal de Carabineros, a sus instalaciones y vehículos.

Se aguarda con ansias y expectación el detalle de su informe, pues el mentado Consejo tendrá que explicar cómo, a partir de ahora, los funcionarios van a contener los desmanes sin siquiera tocar a sus agresores. Políticos a cargo de un proyecto de modernización de la policía, advierten que la piedra angular para la mantención del orden público es que la disuasión -ellos hablan de “represión”- sea “proporcional” al embate de los manifestantes.

Teóricamente parece fácil, pero ningún civil opinante del tema se pone en el lugar del conflicto, cuando carabineros se ven impedidos de hacer uso de sus armas de servicio e incluso del material anti-motines, para evitar la violación a los derechos humanos de los delincuentes políticos.

De acuerdo a la doctrina profesional de policías de países desarrollados, como las de Estados Unidos y Canadá, la respuesta a la violencia no puede ser “proporcional”, sino “superior” al ataque, pero para lograr aquello es imprescindible devolverle, primero, sus facultades vulneradas por sus jefes civiles y, segundo, dotarla de los elementos modernos que le permitan reprimir sin causar efectos físicos en los atacantes.

Habrá que permanecer alerta al informe final de este Consejo poco neutral y más ideológico que técnico. Carabineros fue abandonado, fue dejado solo y expuesto a que cualquier fanático político de la peor calaña lo avasalle y lo desprestigie. Sin embargó, surgió una esperanza, una pequeña luz en cuanto a que alguien haga justicia con su apabullada gente.

Una categórica y cabal demostración de equidad frente a Carabineros –la única, desde el 18 de octubre-, la dio la jueza Andrea Acevedo, en cuyas manos cayó el cabo conductor de un camión de transporte institucional que, con sus luces apagadas, esquivó y huyó de una violenta emboscada extremista, durante la cual atropelló a un vándalo que resultó ser barrista de Colo Colo.

La víctima, rato atrás, había asistido a un partido de su equipo, el que se desarrolló con toda tranquilidad. Los extremistas armaron barricadas en avenida Departamental y apedrearon a las fuerzas policiales que concurrieron a reestablecer el orden público. El periodismo, más entusiastamente el dedicado al deporte, endosó al fútbol la responsabilidad de lo ocurrido en la calle, presionando al cándido abogado presidente de la ANFP, a quien sólo le faltó pedir perdón por un episodio netamente policial no vivido en un estadio.

La corajuda magistrada Acevedo, en la sentencia en que sólo dejó con arraigo al cabo, para el cual la izquierda y el periodismo le exigieron que lo enviase a la hoguera, manifestó que “hoy es un riesgo vestir el uniforme de Carabineros”, “al acusado no le lanzaron challa ni serpentina” y “hay que aguardar la autopsia para determinar la presencia de alguna droga consumida por la víctima”.

Ojalá los redactores del informe de este Consejo para reformar a Carabineros sin carabineros, consideren este histórico fallo, el primero en que alguien se preocupa de los derechos humanos de la policía y no exclusivamente de los delincuentes políticos, de izquierda obviamente.