LA OBLIGACIÓN NO ES UN DERECHO

January 26, 2020

 

VOXPRESS.CL.- Más peligroso y contaminante que el corona virus que le ha regalado la capitalista China comunista al resto del mundo, es la delirante fiebre por los derechos  de las personas que afecta a Chile. Desde el ‘octubrazo’, la centroizquierda y el extremismo parecen no tener más tiempo que ocupar en contar,  y recontar, a las siempre inocentes víctimas de “la brutal represión policial”…

 

De visita en el país, el deleznable y corrupto (ex) juez español Baltasar Garzón, un ícono del socialismo y expulsado por prevaricador de la judicatura de su país, pidió reunirse con “las víctimas de Carabineros”, esto es, con aquellos con lesiones oculares, pero ni mencionó al cabo de la comisaría de Peñalolén, quien en uno de los 35 ataques con armas de fuego a su cuartel, perdió un ojo…y su carrera.

 

Mientras se prepara el arribo de un grupo de observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para certificar “los horrores de la represión policial” en las “manifestaciones pacíficas”, la Defensoría de la Niñez se abocó a “cautelar los derechos “de los 86 secundarios extremistas sancionados por el DEMRE, porque, no siendo niños, ingresaron a rendir la PSU pero,  en lugar de hacerlo, se dedicaron a destruir los facsímiles de los demás alumnos, a boicotear el proceso y a hostigar a los postulantes, dejándolos sin participar de la selección universitaria.

 

Sorprende que en medio de esta borrachera por los derechos de protegidos ideológicos, la oposición haya decidido  atacar una libertad individual esencial como es el sufragio voluntario. Retomó la idea de reponer el voto obligatorio en las elecciones populares, el mismo que, con gran euforia parlamentaria, se eliminó el 2012.

 

La obligatoriedad, bajo amenaza de sanciones pecuniarias, es una violación a la libertad del individuo de tomar sus propias decisiones. Independiente de ello, es una zancadilla a la democracia, porque la soberanía de ésta la representa la ciudadanía y no la autoridad, menos –como en este caso- si se trata de un grupo tan deslegitimado y desprestigiado como el Congreso Nacional, con un miserable respaldo popular de un 2%. La responsable de esa cifra es la encuesta CEP, cuyos autores se encargar de aclarar que el margen de error  es de un 4%, de tal modo que los parlamentarios fácilmente podrían llegar a un -2% de aprobación.

 

La tentación de reponer el voto obligatorio, justo ahora, no tiene vínculo directo con el abstencionismo estandarizado en las elecciones desde que es voluntario –menos del 50% de asistencia a sufragar-, sino tiene un nexo directo e interesado con el plebiscito constituyente del 26 de abril. La izquierda requiere que nadie se quede en sus casas con la finalidad de imponer el SÍ y, con ello, dar el primer paso para una futura Constitución totalitaria.

 

A raíz de ello, el 18 de diciembre pasado, la Cámara de Diputados reactivó la idea de legislar sobre la materia, y aprobó el voto obligatorio en general y, siguiendo el trámite, lo puso en tabla para el 20 de enero para discutirlo en particular.

 

Por 89 votos a favor, 44 en contra y 15 abstenciones, la iniciativa no alcanzó el quórum necesario para ser aprobada. El proyecto, presentado por la diputada Joanna Pérez (DC), buscaba modificar el Capítulo II de la Constitución,  estableciendo que “en las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y obligatorio” y que la obligatoriedad no será aplicable a las personas mayores de 75 años. Por tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requería un quórum de 3/5, esto es, el apoyo de 93 parlamentarios.

 

Los impulsores del  proyecto, urgidos por la necesidad de la izquierda de asegurar votos para una eventual nueva Constitución, no repararon en que el voto obligatorio va contra la corriente mundial en cuanto a las libertades en esta materia. En el mundo existen 193 países y, dentro de éstos, 167 son democracias plenas –entre ellos, Chile- y apenas 72 tienen  el voto obligatorio.

 

Éste es, simultáneamente, un derecho y una obligación, lo que jurídicamente no es válido. Por un lado está el  titular del derecho y del otro, el obligado, pero se trata de la misma persona. Nadie puede ser,  al mismo tiempo, las dos partes.

 

En una deuda, uno tiene derecho a cobrar en tiempo y forma, y el otro el deber de pagar. Entonces, es absurdo pensar que alguien pueda ser el factor activo y pasivo simultáneamente. Respecto al voto, o es un derecho o es una obligación, y al imponer ésta, la oposición les anula su derecho de libre decisión  a los ciudadanos. No hay otra alternativa.

 

El voto obligatorio es atentatorio a la doctrina de que la soberanía radica en la nación: “el ciudadano es el mandante y las autoridades, los apoderados”. Mal puede el subordinado dar órdenes al que,  jerárquicamente, está arriba, el ciudadano. Así funciona una democracia plena.

 

Visto todo lo anterior, es demasiada grotesca la intención de quienes están detrás de este inesperado y urgente interés en reponer el voto obligatorio. Ellos son los primeros conscientes de que por su grado de desprestigio y rechazo no conseguirán revertir por la fuerza el abstencionismo. A lo único a que aspiran es a forzar descaradamente a la población a asistir a sufragar al plebiscito constituyente, sin considerar que el tema le interesa poco y nada.

 

 

 

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