AL VOTAR SÍ, PARA ALLÁ VAMOS


VOXPRESS.CL.- Éste es un escalofriante relato del desmantelamiento definitivo de un Estado de Derecho por parte del socialismo totalitario, y que constituye uno de los más deleznables despojos políticos en la historia moderna: la imposición ‘a dedo’ por parte de la dictadura chavista de Nicolás Maduro de un nuevo presidente, Luis Parra, de la única instancia democrática existente –hasta ahora- en Venezuela, su Asamblea Nacional, que fuera elegida por la libre voluntad de sus ciudadanos. Quien se postulaba a la reelección era el opositor Juan Guaidó.

El relato es el siguiente:

“Mientras en las afueras del Parlamento Nacional la mayoría de los diputados de la oposición eran bloqueados por las fuerzas militares del régimen de Nicolás Maduro, dentro del hemiciclo los congresistas oficialistas votaban por Luis Parra para que fuese el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. La "elección" se realizó sin instalar la sesión y sin que hubiese el quórum reglamentario.

De esta supuesta elección no hay imágenes, ni actas, ni nombres. Solo valió la "ley del chavismo" para nombrar a este diputado acusado de tráfico de influencias y corrupción. Mientras ello ocurría al interior, en el exterior los opositores eran retenidos por la policía para impedir su ingreso a la votación, entre ellos quien era el presidente en ejercicio, Juan Guaidó.

El asedio del régimen de Nicolás Maduro contra la oposición comenzó la madrugada del día de la elección, cuando funcionarios de la dictadura allanaron el hotel donde estaba hospedada la mayoría de los diputados de la oposición.

Luego, los servicios de internet fueron bloqueados dentro del Palacio Federal Legislativo y en los alrededores. Se prohibió el ingreso a la prensa independiente y ni siquiera los equipos de comunicación del Parlamento pudieron transmitir lo que allí ocurriría.

Las cercanías de la Asamblea Nacional fueron militarizadas y funcionarios de seguridad de la dictadura establecieron puntos de control para negar el paso a los medios de comunicación y a los parlamentarios opositores. Los diputados del oficialismo fueron escoltaron por policías hasta la sede de la AN.

En el portal oficialista La Patilla se publicó una lista enviada por el Ministerio de Comunicaciones de la dictadura, en la que aparecían los nombres de los diputados inhabilitados para votar, sin explicación.

Mientras un importante grupo de parlamentarios era retenido en uno de los primeros controles, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, era bloqueado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la puerta de la reja que rodea la sede de la AN”.

Hasta aquí, el sumario relato del proceder del socialismo en contra de la voluntad de un pueblo. La izquierda es tremendamente propagandística de las libertades, pero no las respeta e impone lo que ella entiende como tal: el sometimiento. La Asamblea Nacional venezolana tenía su presidente electo democráticamente, Juan Guaidó, pero por ser quien encabeza la oposición a Maduro había que destituirlo a la fuerza.

Para el 26 de abril, el Congreso Nacional de Chile convocó a un plebiscito para aprobar o rechazar una nueva Constitución. Como siempre, la dominante colusión socialista/extremista se ha encargado de transmitir a la ciudadanía un mensaje totalmente ficticio y mañoso, acerca de lo que se pretende es “tener, al fin, una Carta Fundamental hecha por la gente”. No es así y, lamentablemente, se ha tergiversado lo que ocurrirá, porque el texto no será fruto del deseo de la población, sino de los políticos, unánimemente repudiados y entre quienes predominan los de izquierda.

La gente, y lo ha expresado en todas las encuestas que se han realizado sobre el tema, quiere una mejor jubilación, un aumento de salarios y una salud decente, pero para ello no es necesario cambiar la Constitución. Lo que pretenden los interesados en hacerlo es imponer en el país un modelo socialista y totalitario, exterminando el derecho de propiedad y restringiendo al límite las libertades y los derechos de las personas, tal como ocurre en Venezuela.

La ciudadanía tiene que ser iluminada por chilenos y no por internacionalistas ideológicamente ideologizados. Cuando la centroderecha echa mano a la policía y a los militares para imponer el orden público, la izquierda la denuncia a la ONU, en tanto cuando en una dictadura socialista, como la de Maduro, los uniformados impiden que los parlamentarios opositores ingresen al Congreso Nacional a votar libremente, esa misma izquierda chilena y mundial guarda un cómplice silencio.

Acá, su presencia amenaza a la democracia; allá, no.

Ese doble estándar es el que espera implementar en Chile de ganar el SI en el plebiscito del 26 de abril. A partir de esa fecha empezará la demolición definitiva del Estado de Derecho en nuestro país, tal como aconteció recientemente en Venezuela con la intervención y dominio sobre el único y último bastión democrático que iba quedando, su Asamblea Nacional

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