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OTRO PASO HACIA EL DERROCAMIENTO PRESIDENCIAL

January 4, 2020

 

VOXPRESS.CL.- Más vale tarde que nunca: al fin, el oficialismo pareció darse cuenta de que el Golpe extremista del 18/O nada tuvo que ver con las demandas sociales y que se trató, simplemente, de una intentona de provocar la caída del Gobierno y el de la democracia, ésta tal como siempre la hemos conocido.

 

El tardío  ‘descubrimiento’ acerca del real motivo de la asonada popular, se produjo días atrás, tras la presentación opositora de una nueva acusación constitucional a funcionarios del Gobierno, esta vez en contra del Intendente metropolitano, Felipe Guevara. Ésta, en  menos de dos años, se suma a las formuladas a Marcela Cubillos, Andrés Chadwick y Sebastián Piñera, todas con el patrocinio del PC y el FA.

 

A Guevara se le acusa de violar la Constitución, por “impedir” el libre derecho de reunión, ello con motivo de ordenar el copamiento de Plaza Baquedano por parte de Carabineros y evitar las cotidianas invasiones destructivas en dicho lugar.

 

Diputados oficialistas, incrédulos ante la presentación del libelo, reaccionaron, reclamando que “lo que busca la izquierda opositora es impedir la gobernabilidad y tomarse el poder que no pudo conquistar en una votación democrática”.

 

La izquierda dura, específicamente el PC y el Frente Amplio, se propusieron ese objetivo mucho antes del ‘octubrazo’, cuando su diagnóstico los  llevó a la conclusión de que en las próximas elecciones presidenciales (2021), vía voluntad popular, no iba a recuperar el poder. El Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla coincidieron, y concibieron, para Chile un operativo de subversión, cuyo desenlace sería la renuncia obligada del Presidente. Mañosamente, se le llamó Estallido Social.

 

Si bien no logró su objetivo central, el Golpe consiguió paralizar a tal extremo al Gobierno, que hoy, en teoría y en el hecho, no existe autoridad y, por tanto, no hay contrapeso frente al virulento y vandálico dominio  que ha impuesto la izquierda en el Congreso y en las calles. Sus organizadas hordas son las dueñas de todos los escenarios públicos, no reconoce leyes, ordenanzas ni menos lo que determina la Constitución, y la señera institución que alguna vez fue Carabinero, hoy está reducida a pilchas, sin ánimo, sin respaldo oficial y apuntada, a cada hora, por los malhechores extremistas como “asesina y violadora”. Nunca antes, a ninguna institución, se le había crucificado con el odio y la ira con que hoy se criminaliza a quienes, paradojalmente, son depositarios de un mandato constitucional: mantener el orden y preservar la paz de la población.

 

El extremismo tomó, muy  sagazmente debida nota de la nula reacción del Gobierno frente a sus fechorías y pasó a tener el mando de todo lo que pasa hoy en la vía pública. La Constitución es rotunda y clara en cuanto a que los ciudadanos son libres para reunirse, pero cuando se atenta contra otros derechos, como el de desplazamiento peatonal y vehicular, al de propiedad y al de la tranquilidad del vecindario, se debe, sí o sí, solicitar autorización a la Intendencia regional.

 

Pero dada la debilidad gubernamental desde el 18/O, las hordas hacen lo que se les viene en ganas, como estar varias horas dándole martillazos al monumento del general Manuel Baquedano para derribarlo. Sin aviso, instalaron un escenario y mesas para celebrar en forma inédita el Año Nuevo en Plaza Italia con un festival de fuegos artificiales, prohibidos por ley, y Violaron la patente comercial del Centro Arte Alameda, transformándolo en un consultorio de atención médica para los encapuchados afectados por los gases y el agua de “la bestial represión policial”. Sus anunciadas y prometidas acciones de desobediencia civil, todas ilegales, carecen de sanciones, y, por el contrario, miles de ojos chilenos y extranjeros les cautelan sus derechos humanos.

 

El que Felipe Guevara sea el destinatario del libelo es secundario, porque en los cuadros del oficialismo se trata de un personaje de tercer o cuarto orden, a quien, incluso, su propio partido RN, lo puso en duda para la reelección de alcalde de Lo Barnechea en 2017. Quizás erróneamente, creyó que su futuro se le abriría al dejar las termas de su comuna y reemplazarlas por un cargo rodeado de fuego enemigo. Se limitó a cumplir una orden desde Interior de impedir concentraciones sin permiso y, por su propia confesión, fue Carabineros quien ideó lo del copamiento, el cual, dicho sea de paso, sólo resultó a medias porque igual hubo durísimos enfrentamientos en los alrededores.

 

El FA puso más presión a la ya existente, al solicitar de la Justicia que negase la presencia policial en Plaza Baquedano por “atentar en contra del derecho a reunión”. Su Recurso de Protección en tal sentido fue denegado, pero igual miles de descontrolados extremistas coparon el lugar.

 

Es una necedad aseverar que “lo peor ya pasó”, cuando, además de esta acusación constitucional, se vienen cuatro interpelaciones a ministros de Estado y una anunciada demanda del PC en contra del Presidente ante el Tribunal Penal Internacional “por sistemática violación a los derechos humanos”. Al margen de todo ello, la izquierda quiere impedir hasta la publicidad particular de ciudadanos que motivan a votar NO en el plebiscito de abril.

 

Con esta política del garrote desplegada a toda vela y sin contraofensiva, es imposible vaticinar el futuro y, menos,  aplacar la incertidumbre y los temores de la población que ama su libertad. Es tan claro el escenario político, que por sí solo explica el desánimo general de la gente que ve, con cierto espanto, que la democracia que le ha permitido progresar se halla cada vez más próxima a su demolición definitiva, y no por su voluntad.

 

 

 

 

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