LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS EXTREMISTAS

VOXPRESS.CL.- No es cómoda la posición del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH): no tratándose de un extremista cabeza caliente, el abogado Sergio Micco Aguayo (50) tiene que recurrir, sí o sí, a argumentos que satisfagan a los inventores y socios honoríficos de la institución, los familiares de los desaparecidos en dictadura.

El INDH se creó con fines genuinamente ideológicos y, desde su partida de nacimiento, gracias al financiamiento por parte de todos los chilenos, ésa ha sido su exclusiva labor. Su concepción de ‘nacional’ está totalmente desvirtuada, porque jamás, ayer, hoy y siempre, ha tenido un solo gesto por cautelar los derechos de las personas que no sean ideológicamente de izquierda.

Una de las grandes mentoras de la entidad fue la ex Presidenta socialista, quien en su condición de Alta Comisionada de la ONU participó de la COP25 en Madrid, donde aseguró que “los efectos del calentamiento global han incidido negativamente en millones de seres humanos”. Su comentario no fue escuchado, ni menos tomado en cuenta en Chile, con motivo de la asamblea de fin de año del Consejo del INDH, el cual, en su informe anual, se dedica únicamente a fustigar la actuación de Carabineros frente a las “manifestaciones pacíficas” tras el 18 de octubre.

En su ‘estudio’ no hay una sola alusión a los innumerables derechos humanos inculcados a los ciudadanos que vieron, y ven, trastocada la normalidad de sus vidas cotidianas.

Según el criterio del INDH, en el país no es necesario preocuparse de los derechos de quienes no salen a las calles a saquear, incendiar, quemar personas y alterar el orden público, todas, absolutamente todas, acciones delictuales establecidas y penadas por la ley.

No es materia de derechos humanos el que una familia haya perdido su sustento porque su fuente de trabajo fue arrasada, ni tampoco lo es el que millones de trabajadores hayan quedado sin su medio de transporte. Hasta octubre, su espacio de fiscalización cubría sólo a los inmigrantes, especialmente ilegales, y después de ese mes, apuntó su foco de observación sólo hacia el tratamiento policial a los “manifestantes pacíficos”.

Una turba de ciclistas ‘revolucionarios’ atacó erróneamente un condominio en Lo Barnechea, creyendo que allí vivía el Intendente Metropolitano. Apedrearon y pintaron todas las viviendas del lugar y el INDH guardó silencio por considerar a las víctimas del asalto al margen de su jurisdicción ideológica.

Micco, desde que fuera designado, no lo ha pasado del todo bien en el cargo, porque no se trata ni de un extremista ni de un fanático, como lo fuera la no bien recordada Lorena Fries, muy cercana a Bachelet, y que terminó cayendo en un odio irracional.

El director del INDH se quejó de que habiéndose entrevistado con el ministro del Interior y con el Director General de Carabineros “no he logrado que los funcionarios respeten los protocolos”, haciendo mención a que Fuerzas Especiales continúan utilizando escopetas con balines y mal usando las bombas lacrimógenas.

Todo el país es testigo, con demasiada frecuencia, de la conducta de las hordas extremistas en las calles. Son de una violencia asombrosa, organizada en su accionar y provista de todo tipo de elementos, si no de armas blancas, para desafiar y hacer frente a Carabineros. Micco asegura que para “mantener el orden” frente a los arrolladores disturbios, la policía no puede actuar “militarmente”, sino “limitarse a cautelar la paz ciudadana”.

Ése, precisamente, ha sido la arbitrariedad permanente del INDH: defender a los provocadores y causantes de las violaciones a los derechos humanos de la población. El actuar de Carabineros apunta específicamente a ello, a evitar que los desmanes originen víctimas inocentes, como los vecinos bloqueados y saqueados y la propiedad pública y privada destruida, con daños millonarios que no los pagan los autores.

Consigna en su informe el INDH que “desde 1989 -último año del régimen militar- no se veía en Chile tan flagrante violación a los derechos humanos”. Si como lo establecen los informes oficiales, son 143 los heridos en manifestaciones periódicas de un total de 2 millones de participantes en todo el país, proporcionalmente la cifra es casi insignificante para atribuirle una condición de “record de abusos de fuerza”.

El INDH identifica como violadores de los derechos humanos sólo a Carabineros. Obviando la responsabilidad de los vándalos que llegaron a tener al país en ascuas, cabe hacerse una interrogante que ni el Instituto, ni el Gobierno, ni los políticos se hacen: ¿cómo debe enfrentarse la descomunal violencia de los extremistas? Se les exige a Carabineros que no recurra a las escopetas antimotines ni a las bombas lacrimógenas: ¿cómo pueden reestablecer el orden, entonces? ¿Dialogando?

Por cada gran disturbio originado por los violentistas, un promedio de 40 policías es internado en el hospital institucional. Todavía frescos están los recuerdos de una joven carabinera quemándose viva por el impacto de una Molotov, cuando sólo hacía vigilancia. Ha resultado deplorable para la imagen de una institución encargada de la seguridad ciudadana, presenciar cómo sus efectivos deben huir de una brutal encerrona, cómo se les destruyen sus carros y les roban sus armas de servicio y sus motocicletas.

Con una frivolidad que deslinda con la felonía, la izquierda, y naturalmente el INDH, trata de convencer a la población que todas las manifestaciones son en paz hasta que…aparecen los carabineros. De partida, el mayor reclamo de la ciudadanía es la ausencia policial cuando los vándalos actúan y aniquilan todo a su paso, y, segundo, la institución tiene que cumplir un mandato constitucional que la obliga -¡la obliga!- a mantener y preservar el orden público.

Carabineros vigila y previene sin intervenir hasta que los patrocinadores del caos entran en acción. La izquierda sabe que eso es así, pero sus intereses la obligan a persistir en su falaz mentira.

Mientras los políticos, los mismos que cínicamente pregonan el cese de la violencia, sigan alentando a los extremistas en las sombras, el vandalismo ideológico seguirá dominando la escena pública nacional. Resulta increíble e inexplicable que un diputado oficialista, Mario Desbordes, afirme categóricamente, sin siquiera sonrojarse, que “con la firma del plebiscito constitucional les ganamos a los violentistas”… La violencia, casi incontrolable, sigue presente en toda su magnitud, y ello frente a la mala intencionalidad del INDH, que con su torcida postura continúa ganándose más enemigos y mayor desconfianza.