BUENA ES LA TRADICIÓN, PERO MEJOR ES LA JUSTICIA
VOXPRESS.CL.- No deja de ser sorprendente y llamativo que, al menos, uno de los Poderes del Estado continúe apegado a las tradiciones, un vocablo que en Chile está casi en extinción. En una nación entregada al frenesí de cuanta onda revolucionaria circula por ahí, la Corte Suprema no varió su costumbre republicana de elegir como su presidente al ministro más antiguo en ejercicio.
En un mundo enloquecido por ideologías, partidismos y bajas pasiones, no deja de ser reconfortante que el pleno de la Suprema escoja al más antiguo, independiente de sus credos y sensibilidades políticas. El ministro Guillermo Silva Gundelach (72) fue electo para reemplazar a quien completó su período, el progresista y sindicalista Haroldo Brito. A última hora su opción pareció amagada cuando su colega, y vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, presentó su candidatura, poniendo en jaque la tradición.
Silva se abstuvo de todo acto de proclamación, en tanto Cisternas sí lo hizo, presentando su “programa” de gestión. Fue electo por 18 votos contra 2.
El nuevo presidente es de muy bajo perfil y ello obedece a una trayectoria básicamente provinciana. Es nativo de Penco, estudió en Concepción y su primer destino, en plena Unidad Popular, fue el juzgado de Los Ángeles. Ascendió a ministro con el retorno de la democracia (1990) y fue presidente de las Cortes de Apelaciones de Talca y Concepción antes de llegar a la Suprema el 2008, propuesto por Michelle Bachelet en su primer Gobierno.
De buen carácter y mejor trato, el ministro Silva es reconocido por su dominio del derecho penal, lo que lo refrendan años de academia en varias universidades de Concepción y Santiago. Esta característica lo sitúa en una posición privilegiada respecto, precisamente, al cuestionable criterio sobre la penalidad de que hacen gala los jueces, los ministros y los fiscales.
Amparándose en la desdichada reforma procesal penal, garantista y protectora de los derechos de los victimarios, la Justicia se ha ganado el repudio generalizado de la población y, como nunca había ocurrido antes, su mala percepción por parte de la ciudadanía es sólo superada por los personajillos del Congreso Nacional.
La población, y lo reitera casi diariamente, se siente desprotegida y abandonada por la Justicia, precisamente porque prioriza la presunción de inocencia del delincuente, y la judicatura llega a extremos inauditos en la exigencia de pruebas para poder emitir fallos condenatorios Hampones de alta peligrosidad andan libres por las calles por haber sido beneficiados con ‘penas alternativas’ y muchas de las medidas cautelares son irrisorias en proporción al daño causado y al peligro que irroga el autor.
Más allá de la autoridad de su cargo, un presidente de la Suprema suele darle una impronta a su gestión, y si bien Silva, por su carácter, ha evitado cualquiera señal en esta materia, se confía en que no será tan abiertamente comprometido con el progresismo como su antecesor. Eso apacigua un poco la natural intranquilidad por una Justicia parcializada, lo que ha quedado en evidencia en innumerables sentencias y en actuaciones del Ministerio Público.
Casos emblemáticos de corrupción en el Gobierno de Bachelet quedaron sin sanción alguna por solidaridad ideológica. A un ministro de Estado, que reconoció públicamente un plagio para recaudar fondos para la entonces Presidenta, se le interrogó en forma secreta para impedir que la audiencia de formalización, que no fue tal, resultase conocida por el público.
La primera prueba de fuego para Silva será la observancia de las penas máximas a los autores materiales e intelectuales de las destrucciones de las estaciones del Metro. Como estudioso del derecho penal, sabe la connotación de un grave, gravísimo, delito de índole política destinado a derrumbar la institucionalidad, y, por ende, la democracia del país. Hay un puñado de detenidos por esta causa, gracias al exhaustivo trabajo de la PDI, basándose en las cámaras de vigilancia.
El de estos subversivos es un delito que demanda el mayor castigo, al igual que el ejecutado por ilegales extranjeros que operaron, y operan, avivando la violencia en las manifestaciones. Cualquiera Justicia de cualquier país sabe que un atentado contra el propio país tiene una gravedad, connotación y repercusiones tremendamente superiores a la destrucción de un ferrocarril y sus estaciones.
El país está a la espera de conocer a los culpables de un Golpe que originó cuantiosos daños humanos y materiales, y por su trascendencia y magnitud, ahora sí, alguna vez, la Justicia tendrá que hacer honor a su símbolo y cubrirse los ojos para fallar dimensionando, siempre, la inmensidad del daño causado a la democracia, la que, a propósito, es una sola.
Un gran penalista, como el nuevo presidente de la Suprema, tiene que dar el ejemplo con grandes penas.