EL EXTREMISMO CONFIRMA SU DERECHO A LA ‘DESOBEDIENCIA CIVIL’

VOXPRESS.CL.- Para mejor identificarlos, la ciudadanía, que intenta llevar su día a día con la mayor normalidad posible, los denomina “tiburones”: aparecen sin aviso, en cualquier parte y son de temer.

Hay que distinguirlos claramente de las pandillas organizadas de narcotraficantes, que encontraron en el caos de las protestas un espacio propicio para hacer caja y, lo más fiero, ‘pasar la cuenta’ a los consumidores deudores y a las bandas rivales. La diferencia con los ‘tiburones’ es el escenario en el que se desenvuelven y los fines que persiguen. Los hampones de la droga operan en comunas del sur de la capital y sólo sus ‘delegados’ se suman a las manifestaciones callejeras en el sector oriente de la capital: son los barristas del fútbol que se hacen fácilmente identificables por las banderas de sus clubes.

Ambos tipos de expresiones públicas que, irremediablemente, siempre culminan con violencia, barricadas, saqueos y duros enfrentamientos con la policía, tienen objetivos diferentes: una, sacarle partido a su lucrativo negocio ilegal, y la otra, la ofensiva obsesión por imponer la realización de una Asamblea Constituyente y, así, un nuevo modelo de institucionalidad en el país, ojalá el más parecido al de Venezuela y Cuba.

Determinante en la subsistencia de las manifestaciones con desenlaces vandálicos, es el poder de dominio que, sobre las masas, ha logrado la Mesa de Unidad Social. Esta montonera extremista vinculada en su gran mayoría al Frente Amplio y al comunismo, controla también a la CONFECH –universitarios- a la ACES –secundarios-, a la salud municipalizada, al NO+AFP’s, al libertinaje femenino -aborto libre-, a las organizaciones trans y homosexuales, a las comunidades subversivas mapuches de La Araucanía y al Colegio de Profesores.

Este revoltijo de “actores sociales progresistas” es el depositario de la estrategia elaborada por el Foro de Sao Paulo y empujado en Chile por el Grupo de Puebla para desestabilizar la democracia y recuperar el poder para el socialismo, no vía elecciones, sino a través de una Asamblea Constituyente que redacte una Constitución bolivariana. No participa y condena la ‘manipulación interesada’ de quienes, en el Congreso, hacen del plebiscito de abril su propio negocio. “Nosotros exigimos que una futura Constitución surja espontáneamente de lo que la gente diga, sin sugerencias de otros ni intermediaciones” manifestó desde el extranjero la señorita Monserrat Bustamante Laferte, conocida en el mundo de la canción popular como ‘Mon Laferte’.

Esta cantante viñamarina, toda llena de tatuajes, se pintó sus caídos senos en los Latin Grammy, para denunciar que en Chile “matan y torturan”. Por su madre Myriam Laferte Herrera es descendiente de uno de los más combativos líderes sindicales salitreros de los 50, el comunista Elías Laferte.

A sus decenas de miles de seguidoras, ‘Mon’ les ha repetido que no se dejen engañar y que no pueden aceptar que la que se implante no sea una genuina Constitución bolivariana.

La Mesa de Unidad Social, y ya lo anunció, ni siquiera está dispuesta a permitir que se contengan, como corresponde, las conductas vandálicas de sus adherentes en ésta, la etapa previa a una futura Constitución. Amenazan, y con fiereza, que no aceptarán otra que no sea la de su gusto, y para ello extendieron una boleta de garantía a sus combatientes callejeros, al anunciar que frente al endurecimiento de sanciones, aprobadas en el Congreso, contra encapuchados, saqueadores y autores de barricadas, ellos apelarán a su derecho a la desobediencia civil.

En el Parlamento se aprobaron mayores castigos de cárcel y se creó el delito penal por las siguientes causales:

*Aumentar a penas de cárcel a quienes utilicen capuchas para hacer desmanes y atacar a la fuera pública.

*Sancionar con la prohibición de libertad a autores de paros laborales en actividades económicas que interrumpan servicios públicos. *Castigar judicialmente a los protagonistas de interrupción del tránsito de personas o vehículos. *Elevar las penas a quienes realizan tomas de terrenos, de edificios y toda forma de reivindicación territorial.

La mesa de Unidad Social reaccionó duramente contra este conjunto de ilegalidades penales que afrontarán desde ahora sus súbditos, y anunciaron no estar dispuestas a respetarlas, recurriendo, para ello, al “derecho de la desobediencia civil”. Ésta se define como “el acto de desacatar una norma de la que se tiene obligación de cumplimiento”. El término "civil" hace referencia a los deberes generales que todo ciudadano debe reconocer, legitimando, así, el orden legal vigente.

La mesa de Unidad Social se ampara para anunciar su desobediencia a la legislación que acentúa penas a los suyos en un estudio español –socialista, desde luego- que respalda tal rebeldía cuando se trata de normas que transgreden los derechos humanos, como es la libre expresión, la libertad de movimiento y la libre participación política. Incluso, algunos juristas ibéricos la consideran justificables “cuando de por medio está la moral”.

Con todas sus limitaciones naturales, cualquier chileno no descubriría derecho humano alguno en quienes saquean, arman barricadas, incendian, despojan y se toman propiedades ajenas, expulsado o quemando a sus moradores.

Sin embargo, el desborde ideológico del progresismo, su odio hacia quien piensa distinto, la prepotencia de imponer por la fuerza sus postulados y su ahora redoblado desafió a la institucionalidad y a la legislación, hacen de estos extremistas individuos deleznables que, sí o sí, harán lo que se les venga en ganas con tal de sobreponer su pensamiento, por poco racional que sea.

La subversión del orden social fue el primer eslabón de una estrategia fríamente calculada, y ahora hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos del segundo episodio, cual es una eventual Constitución bolivariana, para lo cual el extremismo ha revelado no estar dispuesto a cumplir ni menos respetar la ley, sino a desobedecerla.