OTRA CORRUPCIÓN SE SUMA AL MEDALLERO SOCIALISTA
VOXPRESS.CL.- Un día antes de concretarse el atentado terrorista destinado a derrocar al Gobierno y socavar la democracia, esto es el 17 de octubre, la Cámara de Diputados –con ningún voto en contra- aprobó la “responsabilidad” política de los ex presidentes del Directorio y ex Vicepresidente Ejecutivo de CODELCO, ambos socialistas, por transacciones irregulares no informadas y por lavado de activos. El caso hoy se halla en el Ministerio Público por una denuncia presentada por la cuprífera y dicha investigación parlamentaria fue remitida a la Contraloría General de la República.
Los dos más importantes ejecutivos de CODELCO durante el período de ocurrencia de los hechos son su entonces presidente Óscar Landerretche –hoy precandidato presidencial del PS- y su entonces Vicepresidente Ejecutivo, Nelson Pizarro Contador, un apasionado navegante a vela, muy conocido en el Club de Yates de Algarrobo, donde tiene su residencia de verano.
Este nuevo escandalillo protagonizado por miembros del socialismo criollo pasó prácticamente inadvertido en virtud de un mes de desorden público y vandalismo político de la izquierda. Probablemente, este episodio de corrupción protagonizado por linajudos miembros de la familia socialista quede en el limbo, tal como ocurrió con las inversiones de los fondos del partido en empresas licitadas de servicios públicos y denostadas por sus dirigentes; nunca hubo una explicación de su presidente Álvaro Elizalde sobre el porqué colocó a dos hijas en cargos ejecutivos de la administración pública ajenos a las especialidades de cada cual; todavía es un misterio el supuesto fallo del Tribunal de Disciplina por el involucramiento del senador Juan Pablo Letelier en los casos de prevaricación de los ministros de la Corte de Rancagua; la ciudadanía aún espera alguna respuesta sobre la injerencia de conocidos narcotraficantes de la comuna de San Ramón en el Comité Central y el resultado de la prometida limpieza de su padrón electoral solicitada oficialmente al SERVEL, y sigue en el aire la investigación de la PDI por el hallazgo de $20 millones en billetes encontrados en los bolsillos de Elizalde cuando le robaron su auto.
El nuevo episodio reñido con la ética involucra directamente al ex Vicepresidente Ejecutivo de CODELCO, Nelson Pizarro, por negocios que realizó su hijo con un socio que ganó una cuestionada licitación en la División El Salvador.
Su hijo del mismo nombre mantuvo hasta 2010 una sociedad de maquinarias, transportes y movimientos de tierra con José Miguel Julián González. El 2015, este obtuvo un contrato por $1.800 millones para remover mineral en El Salvador. La empresa pagó por la remoción y retiro de más de 100 millones de toneladas de cobre, siendo que el volumen no superó los 30 millones.
Según el sindicato de la División El Salvador, en términos monetarios, este contrato significó un perjuicio para la minera estatal de $93 mil millones. Dos años después del irregular negocio, el entonces Vicepresidente Ejecutivo pronunció aquella gráfica advertencia de que “en CONDELCO no hay un solo puto peso”…
Uno de los módulos licitados se lo adjudicó la empresa Indak, de Enrique Julián González, quien le había vendido una mansión en Chicureo al hijo de Pizarro. Nada de extraño hubiese tenido la compraventa a no ser que el adquirente pagó apenas $60 millones por una propiedad con avalúo fiscal de $600 millones. La pregunta clave es: ¿la diferencia en el valor la cubrió el sobreexcedido contrato con CODELCO?
La sala de la Cámara aprobó el texto de la Comisión Investigadora por 96 votos a favor y 2 abstenciones, atendido que ésta identificó responsabilidades administrativas y políticas a nivel corporativo de CODELCO, esto es, del directorio presidido entonces por Óscar Landerretche; y del también entonces Vicepresidente Ejecutivo, Nelson Pizarro. Al margen de ambos, fue salpicada COCHILCO, pues, según el texto, “quedaron en evidencias las graves y profundas falencias del trabajo desarrollado por esta institución”.
Los antecedentes fueron enviados a la Contraloría General, donde las sospechas apuntan al bajísimo precio de la propiedad comprada por el hijo de Pizarro, siendo que, en promedio, el avalúo fiscal corresponde al 50% del valor comercial de un inmueble. En tanto, y en paralelo, el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero realizan las indagatorias para determinar si en esta transacción se configuró el delito de lavado de activos.
Esta nueva ‘distinción’ que engrosa el medallero por corrupción del socialismo chileno, al menos por esta vez llegó a instancias más neutrales para ser investigada, ello por configurarse un fraude al Fisco y, por consiguiente, un daño al patrimonio de todos los chilenos. No deja de ser una buena noticia, al revés de lo ocurrido con la hilera de anteriores actuaciones reñidas con la ética, que permanecen bajo llave entre los muros de la sede partidaria.