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EL MILLONARIO COSTO DE LA FARSA SOCIAL

November 17, 2019

 

VOXPRESS.CL.- En un noticiero central, el nocturno, del canal de TV de uno de los empresarios íconos de la defensa al derecho constitucional de la propiedad privada, una de sus periodistas conductoras manifestó que “defenderse por sí mismo está fuera de la ley”. Dicha aberración, una de las innumerables escuchadas a través de las pantallas en las últimas semanas, aludía a la reacción de un grupo de locatarios de calle 10 de Julio, que rechazó con palos y golpes de puños un intento de saqueo a sus negocios por parte de ‘manifestantes pacíficos’ del liceo Confederación Suiza.

 

Le siguió a tan descabellada opinión, una cadena de entrevistas a los ‘expertos’ que aparecen como hormigas siempre dispuestos a dar la razón a la izquierda, para asegurar que el encargado de proteger y defender la propiedad pública y privada es, exclusivamente, Carabineros.

 

Todo Chile –el Chile honesto- sabe que Carabineros, exhausto por tanta anarquía callejera, no da abasto para atender simultáneamente tanto desborde y saqueos, debiendo ser los propios propietarios de bienes en riesgo quienes asumen la protección de sus cosas.

 

La insurrección política fue el motivo que le faltaba al periodismo, en este caso televisivo, para dar rienda suelta a su parcialidad y, por tanto, a su negación de los hechos.

Para esta camada de comprometidos y subjetivos informadores, todas las manifestaciones son pacíficas, haciendo énfasis en que sólo al final se producen “incidentes y escaramuzas”… Ningún manual del lenguaje consigna a ambos vocablos como sinónimos de asalto, robo, incendio o ultraje.

 

No se escucha a alguno de estos profesionales afirmar que las barricadas afectan las libertades de los demás, contaminan, interrumpen la autonomía de movimiento de las personas, trastornan el masivo flujo humano en el transporte público y deja sin ventas al comercio. Nunca se editó alguna entrevista con un par de  preguntas claves: ¿de quién cree usted que es la culpa de que esté sin Metro? o ¿quiénes cree usted que son los responsables de que nadie entra a su local? Los escenarios callejeros son ‘fiestas familiares’ arruinadas por Carabineros, pero preguntándose al mismo tiempo “¿dónde está la policía?” cuando las imágenes registran un saqueo a una tienda filmado por sus dueños y empleados. El Chile honesto ha sido un aporte al Ministerio Público con sus grabaciones de los incendios y robos, lo que ha permitido identificar y aprehender a los autores.

 

Son grandes, medianos y pequeños empresarios quienes, con sus auspicios y patrocinios publicitarios, permiten que los canales puedan solventar el pago a sus funcionares, y por ende a sus periodistas. Ni siquiera gracias a este detalle, tuvieron la mínima sensatez de conceder espacios a las voces de las víctimas de los insurrectos, sino siempre a las víctimas de la “salvaje represión”.

 

Es mala intención poner énfasis en que los autores de los incendios y saqueos a la propiedad pública y privada son “delincuentes”. Si bien todo quien comete un delito formalmente lo es, del medio centenar de detenidos por desmanes, el 95% carece de antecedentes penales, y en su mayoría se trata de estudiantes e incluso de un profesor universitario. Los comunicadores han minimizado  las increíbles pérdidas que dejaron “estas justas demandas sociales”. Todos, en forma casi unánime, tienen el cuidado de definir a esta revuelta como estallido social” o “crisis social” sin referirse, jamás, a su indesmentible condición de sublevación política. Nunca hubo una mención a  la reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas y tampoco se exhibieron en TV las reiteradas declaraciones, hechas al mundo, por Nicolás Maduro, asumiendo la autoría  del alzamiento en Chile, reforzado por su anuncio de una nueva Constitución para nuestro país.

 

El periodismo lo centra todo en “demandas sociales”, siendo que éstas recién accedieron a un primer plano, luego de que fallara el Golpe para derribar al Presidente.

 

Las “marchas pacíficas” han originado miles de millones en pérdidas y en centenares de puestos de trabajo desaparecidos por incendios y saqueos que arrasaron con fábricas, supermercados, bodegas, locales comerciales y vehículos de transporte. Si la subversión hubiese sido genuinamente de índole social, no hubiera causado un daño impactante a tantos compatriotas. Este tipo de violencia desatada  contra la propiedad privada no se veía en Chile desde la Unidad Popular, y para la izquierda, incluido el periodismo, está en veda ese período de la historia política de Chile.

 

La empresa de transporte más importante del país, el Metro, sufrió daños en  79 de sus 136  estaciones, de las cuales 10 fueron completamente destruidas, mientras que 41 tienen daños múltiples. Por ser su prima casi imposible de pagar y por su baja siniestralidad, según sus técnicos, el Metro sólo tiene póliza de seguro para su casa matriz y sus talleres, de tal manera que el desembolso del Fisco será de US$800 millones, suma que pudo ir a financiar las “demandas sociales”.

 

El Gran Santiago tiene innumerables focos de ruinas a raíz de la violencia política:  señalética, semáforos, paraderos, basureros, bancas y calles  son parte de la infraestructura que fue destruida. Hasta el 8 de noviembre se contabilizaban $17 mil millones en daños en las comunas metropolitanas, siendo La Florida, Providencia, Santiago, Puente Alto  y Ñuñoa las más damnificadas. La municipalidad de  la primera de ellas tendrá que desembolsar $2.000 millones, frente a lo cual,  desde ya, se cancelaron los paseos de fin de año para sus adultos mayores y las fiestas navideñas para sus vecinos. ¿No estaban las manifestaciones destinadas a dar una mejor vida a los ciudadanos?...

 

Providencia tendrá que gastar $1.700 millones en reconstrucción, en tanto, cifras superiores a los $1.000 millones deberán invertir las comunas de Puente Alto y Ñuñoa, todo ello gracias a las “manifestaciones pacíficas”. Los daños en la comuna capitalina van en $1.300 millones.

 

Mientras en los hospitales debieron aplazarse centenares de cirugías y reprogramar consultas médicas –otro efecto social de las ‘demandas sociales’-, la Cámara de Comercio de Santiago, que lleva un registro sólo de asociados de la capital, evalúa en $1.500 millones las pérdidas por incendios, saqueos y daños a locales de venta, sin considerar el alto número de PYMES afectadas y que son, precisamente, las que más empleo dan en el país. En 30 días de vandalismo se han perdido ya 150 mil puestos de trabajo.

 

Si, realmente, el objetivo de esta revuelta fuese una preocupación por un mejor bienestar de la ciudadanía, originar tanta ruina económica con el consiguiente costo para la población en más gastos, alzas de precio, desabastecimiento y cesantía, no tiene más explicación que se trató de una asonada sólo con fines políticos. El hecho de que gran parte del periodismo   -el televisivo- haya querido esconderlo o maquillarlo configura uno de sus más graves pecados y uno de los peores atentados a la fe pública de los que se tenga memoria.

 

 

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