LOS NUEVOS ‘GOLPISTAS’

VOXPRESS.CL.- Con motivo de la insurrección extremista del 18/OC, muchos, muchísimos chilenos, la pasaron mal. Nadie quien vive de un trabajo, de cualquiera índole, puede sentirse bien y tranquilo cuando le alteran tan brusca y violentamente su rutina de vida.

Millones de habitantes de Santiago se quedaron sin su medio de movilización para trasladarse por la ciudad y hasta debieron convertirse en improvisados defensores de modestos centros de abastecimiento de sus poblacionales para no quedarse sin el alimento diario.

Desde que la historia universal consigna un registro de alzamientos políticos, éstos han sido siempre precedidos de revueltas y un caos generalizado. Fue lo que ocurrió en Santiago y, luego, se extendió a Regiones, por causa de un Golpe Blanco destinado a forzar la renuncia del Presidente de la República.

A éste, en definitiva, terminó salvándolo el sistema vigente, esto es, la democracia plena en la que por décadas ha vuelto a transitar el país. Una abismante mayoría de chilenos, y, en gran medida, casi todos los santiaguinos, se refugiaron en sus hogares, huyeron del vandalismo callejero y optaron por su propia paz, aunque, ésta, amagada severamente por el accionar de los saqueadores cómplices de la izquierda para agudizar la anormalidad.

En este escenario de caos intencionalmente provocado para perforar la democracia, el Gobierno debió echar mano al único recurso legal y constitucional previsto para reestablecer el orden y la tranquilidad: el Estado de Excepción. Las generaciones más noveles sólo sabían de una experiencia similar, y muy específicamente en Concepción, a raíz del maremoto de febrero de 2010, cuando los militares debieron salir a frenar a los delincuentes desbandados que vaciaron tiendas y mercados.

Por alguna razón, nadie quiere recordar, que durante la Unidad Popular, Salvador Allende, también ordenó sacar a la calle a los militares y estableció el toque de queda.

Con motivo de esta insurrección política de octubre, el extremismo patrocinador y ejecutor de los atentados y saqueos, apuntó expresamente, en el cronograma de su plan, a la presencia militar en las calles, ello con la finalidad de activar un enfrentamiento con la civilidad y ocasionar tal número de víctimas que el mundo entero se alinearía para pedirle al Presidente que dejara su cargo.

Más que por truculentas historias que por vivencias propias, la izquierda chilena, entre sus innumerables taras, como el odio y la venganza, sufre del síndrome ‘once’, que es el asco espontáneo frente a todo lo que tenga algún vínculo con el mundo castrense.

Una estadística de reciente publicación (TV13), revela que en todos los Gobiernos democráticos desde 1990 a la fecha, los que más actos ‘oficiales’ de corrupción registran son los dos de la socialista Michelle Bachelet: 35, en total. No obstante, entre ellos no se incluyen otros muy conocidos y divulgados que fueron silenciados por la trenza Ejecutivo/Justicia/SII. Sin embargo, el extremismo no cesa de aludir y censurar al Ejército por dos casos puntuales de malversaciones, y respecto de los cuales sus responsables han pagado con cárcel o con otros tipos de privación de libertad.

Esto se explica por una enfermedad ancestral llamada ‘complejo’, que es una prefabricada sensación de tenor y falla en el desarrollo psíquico. Fue esta falencia la que, erróneamente, indujo a la izquierda a que el sacar a los militares a la calle, iba a producir un escenario similar al de 1973. Esa acuñada tara de percibir a las Fuerzas Armadas como enemigas perpetuas y sanguinarias, se desmoronó a las pocas horas de que los uniformados saliesen a responder a un Estado de Excepción.

Fueron dos escenarios totalmente diferentes, y no entenderlo así es pura irracionalidad. En 1973, en rebeldía a un Gobierno declarado inconstitucional, se tomaron el poder. Esta vez, en cambio, fueron comisionados para proteger a la población inocente.

Consecuencia de su mal calculada programación, la izquierda transmitió al resto del mundo que los militares en las calles era una señal de que la derecha estaba dando un Golpe de Estado. Esa fue la percepción recogida por el niño símbolo de la judicatura internacional marxista, el español Baltasar Garzón, quien le escribió al Presidente de Chile que “los soldados están preparados sólo para la guerra y no para socializar con el pueblo”. Resultado: los militares jugaron fútbol en las calles y bailaron cueca con los civiles.

No salieron a combatir por ningún bando, sino tan sólo a reestablecer el orden alterado por la izquierda, y su tolerancia llegó, incluso, más allá de lo imaginable, al permitir, sin siquiera acercarse, lo primero que prohíbe el Estado de Excepción: las reuniones masivas.

No en pocos sectores de alto riesgo y criminalidad fueron recibidos con un suspiro de alivio, y hasta con aplausos, por quienes desesperadamente protegían sus viviendas de los saqueadores. Una patrulla se retiró de las proximidades de una violenta barricada, porque según propia confesión de un oficial, “no queremos aparecer después como culpables de algo”.

La nueva hornada castrense tomó debida nota del alto costo que pagaron sus instituciones en el trance de recuperar la democracia en 1973, y de ahí que su énfasis lo ponen, ahora, en protegerla, cuidarla y preservarla para cautelar las libertades personales, y ello no se consigue imponiendo la violencia, como lo hacen quienes quieren destruirla y reemplazarla.