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LA DEMANDA SOCIAL, UN CAZABOBOS DE LA IZQUIERDA

October 27, 2019

VOXPRESS.CL.- Aunque no siendo un ícono de la credibilidad, al menos dada su autoridad espiritual, viene al caso citar una expresión muy decidora de Jorge Bergoglio, el jefe del Estado Vaticano: “la izquierda –dijo- suele hablar en nombre del pueblo, pero  nunca está con el pueblo”.

 

Dicha aseveración encaja a la perfección con la asonada extremista del 18/OC, organizada desde Venezuela y ejecutada por los brazos armados del PC y el FA para desestabilizar al Gobierno y originar un caos de tal magnitud que, ojalá, terminase con el Presidente huyendo, como lo hizo Lenín Moreno, en Ecuador, que debió escapar de Quito a Guayaquil. Jamás estuvo en los planes de los insurrectos la mejora de la agenda social para aliviar las condiciones de vida de la clase media/baja trabajadora.

 

Más que sintomático y revelador resultó la conmovedora reacción de este mayoritario sector de la sociedad chilena, al continuar abocado a sus labores diarias, pese a las inmensas dificultades para desplazarse, a veces insalvables, y urgido para regresar a sus casas antes del toque de queda.

 

El ‘pueblo de Chile’ es el que, por años, décadas y hasta siglos, ha sobrevivido gracias a su terquedad por subsistir, sorteando como puede sus precariedades y ganándose el pan y la taza de té con el sudor de su frente. Su vida de sacrificios, de empeños, de mejorar cada día su estándar y tener un mejor bienestar, ha sido la misma durante Gobiernos radicales, liberales, democratacristianos, marxistas,  socialistas y de centroderecha.

 

Ese pueblo, el real, no el ficticio levantado por la izquierda como bandera de lucha, ha merecido, y merece, una preocupación que sistemáticamente se le ha mezquinado, y cuando se le ha ‘ayudado’ a incluirse e igualarse, esa contribución ha sido siempre con fines ideológicos e interesados y, por tanto, de consecuencias nefastas.

Esta insurrección extremista   disfrazada de agenda social, tuvo increíblemente  respuestas inmediatas y a mediano plazo que, ojalá, prosperen en un Parlamento obstruccionista para superar los déficits  sociales y económicos de la clase activa y pasiva media/baja.

 

Estos auxilios dependen de los votos de la izquierda, que usa y abusa de los trabajadores, y que montó esta sublevación no para mejorar el nivel de vida de los “fachos pobres” según la comunista Camila Vallejo, sino con la finalidad de aniquilar  la institucionalidad y sustituir el modelo neoliberal por el totalitario, eliminar la Constitución -respecto de la cual, ‘su’ pueblo no tiene idea ni le interesa- e  imponer una Asamblea Constituyente, al estilo de las que arrasaron con las democracias en Bolivia y Venezuela. A excepción del periodismo televisivo, cualquier individuo medianamente lúcido es incapaz de creer que fueron  trabajadores quienes destruyeron su propio medio de transporte cotidiano,  que le es prácticamente su hábitat. Sólo un imbécil puede sostener que se trató de una protesta social, y menos  si fueron incendios simultáneos que, de acuerdo a la Fiscalía, apuntaron directamente a los centros eléctricos de las once estaciones atacadas al mismo tiempo.

 

Ésa fue una acción terrorista, primer paso de una planificación que los especialistas califican de molecular/horizontal, o sea, pequeñas células con jefaturas propias. Destruir el ferrocarril metropolitano era determinante para provocar el caos total con la paralización de todas las actividades, lo que necesariamente obligaría el Estado de Excepción, dando lugar a la presencia militar en las calles y, con ello, forzar un enfrentamiento cívico/militar, juzgado y censurado por todo el mundo, el que debía concluir con la renuncia del  Presidente.

 

Al tratarse de una conspiración extremista de izquierda, y no de una protesta ciudadana, resultaba obvio que derivaría en violencia, pero de índole política. Los subversivos  previamente definieron lo que debía atacarse y destruirse, para, así,  generar el desabastecimiento y,  luego,  como mensaje a la inversión extranjera, saquear e incendiar sus bienes y cuya eliminación del país figura desde 2017 en el programa del Frente Amplio.

Los ataques apuntaron a  los símbolos del capitalismo –supermercados, bancos, farmacias- y hubo un blanco específico, los locales de la cadena Walmart, cuyo país de origen es Estados Unidos y cuyo Presidente es Donald Trump, el demonio contemporáneo para la izquierda mundial.

 

Estas manifestaciones “pacíficas”, según la TV,  afectaron a 1.500 comercios, dejando sin sus fuentes de sustento a sus trabajadores y sus familias, y un céntrico hotel con turistas extranjeros en su interior fue destrozado, todo un ingenioso modelo de demanda social, la que incluyó, a propia confesión de un diputado socialista, la intervención del narcotráfico…y todos saben a qué partido está vinculado.

 

Mientras el pueblo trabajador continuó asistiendo a sus labores a duras penas, el otro, el irreal, el manejado por la ideología totalitaria, se tomó las calles para asegurarse de mantener la anormalidad. Fueron miles que, con la euforia de la prensa televisiva, marcharon, bailaron, provocaron ruidos molestos, hicieron barricadas, se desnudaron y exigieron la salida de “los milicos” de las calles por ser “asesinos, torturadores y violadores”. El propio presidente del  parcial INDH llamó a no hacerle llegar  informaciones falsas sobre la materia…Los letreros de los manifestantes no hicieron una sola alusión a las demandas sociales, sino al “fin a la represión”.

 

Estas “multitudinarias manifestaciones pacíficas” –nótese- se organizaron en medio de un Estado de Emergencia que prohíbe, según la propia Constitución de la República, el derecho a reunión. Curiosa interpretación que le da la izquierda  a la “represión militar”. Fueron masivas, y eso es así, porque se concentraron todas las que se auto denominan ‘organizaciones sociales’ que suelen marchar, algunos con más éxitos que otros, como el magisterio, cuya fracasada e ignorada huelga nacional pasará a la historia. Unidos,  desfilaron con cadena nacional de TV las feministas, los gay, los trans, los anti-AFP’s, la atomizada CUT, un referente tan enano como extremista llamado Unidad Social, soldados del FPMR, las barras bravas del fútbol, escolares en vacaciones forzadas y los estudiantes que habían sustituido su tradicional estrategia de la calle por la de destruir sus propios liceos. ¿Trabajadores? Ninguno: estaban trabajando, o, al menos, intentando hacerlo sin la ayuda de estos falsos protectores de sus antiguas demandas.

 

Uno de los sentires más generalizados de la población, que figuran invariablemente en todas las consultas de opinión, es que los sinvergüenzas del Parlamento rebajen sus dietas millonarias y excesivas, y que se disminuya el número de legisladores que viven, disfrutan y abusan con los dineros aportados por todos los chilenos. Fue ésa la primera propuesta que debatió el Congreso tras la insurrección, y los únicos que se opusieron a la reducción de estos cargos públicos fueron el Partido Comunista y el Frente Amplio.

 

Ambos, aprovechándose de las reglas de la propia institucionalidad que quieren aniquilar, se resisten a perder cupos de representatividad parlamentaria, porque sin ella no pueden defender al pueblo imaginario que dicen defender.

 

 

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