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¿QUÉ SABE ORSINI?

October 20, 2019

 

VOXPRESS.CL.- Hace años, el hemiciclo de la Cámara de Diputados fue estremecido por uno de los debates más estériles de que se tenga recuerdo en el Congreso: la propuesta de que los parlamentarios se sometiesen al test del pelo para comprobar  o descartar consumo de droga. Lo que se planteó como un gesto de transparencia, derivó  en que debía prevalecer el respeto a la libertad individual. Tiempo después, y en forma pública, el único que voluntariamente se sometió a la prueba fue José Antonio Kast, y el resultado fue negativo.

 

Ahora, el fantasma de la droga en el Congreso ha vuelto a rondar, pero no por un tema que se da por sabido por confesión de parte, el consumo, sino por el nexo de parlamentarios con organizaciones criminales destinadas al narcotráfico.

 

Según la OCDE, por estos días, entre todos los record negativos que acumula, Chile lidera el ranking de consumo de alcohol y droga en Latinoamérica. Con motivo de Fiestas Patrias, Carabineros realizó controles aleatorios a conductores exclusivamente en los entornos del Parque O’Higgins y del Estadio Nacional, y uno de cuatro manejaba bajo los efectos de la  droga.

 

Como el consumo no está penado por ley, sino sólo el micro y macrotráfico, aquel viejo debate en la Cámara es, a estas alturas, ‘un pelo de la cola’, más aún si hay parlamentarios que en la propia sala de sesiones confesaron haber sido drogadicto, como Raúl Alarcón. Por tratarse de una decisión soberana y privada, puede  suponerse que ‘Flor Motuda’ no es el único consumidor dentro del masivo plantel parlamentario. Pero radicalmente distinto a ello es la denuncia que hizo la diputada (RD) Maite Orsini, en cuanto a “tener antecedentes” de que “hay políticos vinculados al narcotráfico”. Puede que su revelación haya sido influenciada por la emoción de volver a un set de TV, donde, de niña, adolescente y adulta, se desenvolvió como animadora y actriz, pero en su condición de abogada e integrante de varias comisiones estratégicas de la Cámara, no es posible dar crédito a que se equivocó, que fue imprudente o que irresponsablemente “disparó a la bandada”.

 

Ella se licenció de abogada el 2017 (Universidad Finis Terrae), fue profesora ayudante de Derecho Penal  e integra las comisiones permanentes de Seguridad Ciudadana y del Trabajo. Fue parte de la Investigadora de la  ‘Operación Huracán’. En al menos dos de ésas, Orsini pudo interiorizarse de informaciones reservadas que manejan las policías y las fiscalías, de tal modo que no es imaginable que emitiera una aseveración de esa envergadura por el gusto de hacerlo. Su distrito incluye un territorio que agrupa comunas duras en el ámbito delictual, como Quilicura, Conchalí, Cerro Navia y Huechuraba, entre otras, por lo que la diputada conoce bien una realidad que lo ha desbordado todo a raíz de las criminales bandas narcotraficantes.

 

No es coincidencia que Orsini haya hecho la denuncia sólo horas después de que líderes del Frente Amplio se reunieran con Fernando Atria, el constitucionalista recién renunciado al PS cansado, según reveló, de su “fiebre clientelista”. Entre ese ‘clientelismo’ están los militantes socialistas de San Ramón, una historia muy conocida por haber sido hecha pública por la TV, y respecto de la cual la colectividad de la dupla Elizalde/Insulza no ha podido desvincularse: todo el mundo político aún espera el anuncio de la prometida ‘limpieza’ del padrón electoral.

Pese a ser consignado por la PDI en su momento, nunca se supo, se informó ni menos la Justicia investigó el origen de los $20 millones en efectivo que portaba el presidente del PS cuando le robaron su auto.

 

Cuando la vocera de La Moneda le cobró esa deuda al PS (“aún no aclara sus nexos con el tráfico de drogas”), la reacción de Insulza fue de un descontrol total: “o da disculpas públicas o adoptaremos medidas en contra del Gobierno”. Lo hizo, al prohibir el acceso de subsecretarios a las sesiones de comisiones. No obstante –nótese la diferencia-, frente a los dichos de Orisini, el senador comentó que “no entiendo tanta irresponsabilidad de un parlamentario”.

 

Cuando se hizo pública la infiltración del narcotráfico en el Comité Central y padrón del PS no hubo una censura corporativa parlamentaria; es más, no la hubo de ningún tipo. Los tentáculos de las organizaciones criminales son muy largos y se han introducido en todos los ámbitos de la vida nacional.

 

Como mecanismo de autoprotección, sus cabecillas son muy generosos con las millonarias ganancias que les genera la droga, y están siempre dispuestos a comprar silencio. Las policías suelen estrellarse con el mutismo de vecinos que han sido beneficiados con narcodinero para un bingo solidario, una enfermedad catastrófica, un funeral o una matrícula escolar.

 

Es llamativamente sintomático que el único sector menos conmovido, insensible y casi descomprometido con el sangriento auge de la violencia narcotraficante, sea el político. Las deudas por las campañas suelen dejan a algunos candidatos por los suelos y, en la emergencia, un aporte ‘anónimo’ no viene mal. Total, todo el país ya conoce la cantinela de que “yo nunca supe de dineros de mi candidatura, y eso sólo lo manejaba el tesorero del comando”. Este tipo de operaciones clandestinas jamás se llegarán a conocer, porque está de por medio el juramento de silencio de ambas partes involucradas.

 

Está muy claro que Maite Orsini algo sabe o recibió información clave de alguien. Como abogada es muy difícil que haya incurrido,  simplemente, en un error de irresponsabilidad, pero nadie puede obligarla a hablar, ni la Justicia, porque es poseedora de fuero, y lo más trascendental es que muy de izquierda será, pero forma parte del sistema, de uno de los más corruptos conocidos en Chile.

  

 

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