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UNA LEY QUE NO URGE


VOXPRESS.CL.- Una de las escasísimas coincidencias a que han llegado el Ejecutivo y el Legislativo opositor es la imperiosa necesidad de reordenar la agenda de discusión de proyectos de ley, para darle prioridad a la discusión de los que realmente tendrán algún impacto positivo en la población. Desgastador para ambas partes ha sido el permanentemente enfrentamiento de bloquear las iniciativas que no son agrado de la izquierda y, a su vez, darle prioridad a normas que son populistas, pero no urgen a nadie.

Dos ejemplos de legislaciones ‘para la galería’ fueron el acoso callejero y la tenencia responsable de mascotas. Respecto a la primera, no se ha recibido una sola denuncia de esa naturaleza, y en cuanto a la segunda, las municipalidades no hallan qué hacer, por falta de fondos, con el aumento de perros sin dueños, causando molestias en la vía pública. Los animalistas les exigen que los recojan, les construyan caniles y los mantengan con alimentación y atención sanitaria…Obviamente, esta situación no está considerada ni resuelta en la normativa aprobada con la velocidad de un rayo en el Parlamento.

La pugna para que las leyes de uno y otro sector tengan prioridad, llegó a su máxima temperatura con el proyecto comunista de las 40 horas de trabajo a la semana y con el del matrimonio homosexual. El primero de ellos fue desempolvado por la diputada Camila Vallejo para desafiar al del Gobierno sobre movilidad laboral. Aquella iniciativa del PC, en su momento fue desahuciada por Bachelet y su (ex) Nueva Mayoría por inviable. En rigor, y con pruebas a la vista, en los últimos cinco años, consecuencia de la tecnificación, ha habido un progresivo decrecimiento de las jornadas de trabajo. Sin embargo, en esta oportunidad, los mismos que en su primera presentación lo ignoraron, le dieron extrema urgencia, sólo con el propósito de introducirle una piedra en el zapato –una más- al Ejecutivo.

En cuanto al proyecto de matrimonio entre homosexuales, éste fue levantado por la oposición a sabiendas de que no estuvo, no está ni estará en un programa de Gobierno de la derecha.

Voceros de organizaciones y Fundaciones de homosexuales han amenazado con llevar a Chile a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “porque este Gobierno no respeta una política de Estado en este sentido”. En cuanto a este tema, a lo que Michelle Bachelet se comprometió con la OEA, y lo hizo, fue a cambiar el modelo legal de familia,, eliminando la especificación que tal concepto era exclusivo de un hombre y una mujer.

De acuerdo a una nueva figura legal chilena, una familia puede constituirse dentro o fuera de un matrimonio, ya que para ello se oficializó la existencia del Acuerdo de Unión Civil (AUC), que cautela los bienes comunes de una pareja sin necesidad de comprometerse en matrimonio.

Cifras conocidas recientemente revelan que de un 100% de Uniones Civiles consignadas por el Registro Civil, un 79% corresponde a parejas heterosexuales, mientras que apenas un 21% a homosexuales y lesbianas. De acuerdo a los intereses planteados por el mundo gay, cualquier hubiera imaginado que tales estadísticas serían a la inversa.

Desde su entrada en vigencia, en 2015, se han celebrado 28.697 Acuerdos de Unión Civil, con un promedio aproximado de 5 mil anuales, lo que está muy por debajo de los matrimonios que, en ese mismo período, oscilan entre los 64 mil y 60 mil.

Estas cifras revelan que no es mayormente significativo el vociferado anhelo de los homosexuales por formar una familia, y menos aún si se considera que la población gay en el país es de 220 mil, según propia confesión de los consultados en el último Censo Nacional. De ese total, ha formalizado legalmente ser pareja una cifra cercana a los 4.900 individuos, con el agravante de que mil de ellas decidió finalizar el vínculo ante el Registro Civil.

Con motivo del proyecto laboral comunista –de apenas cuatro artículos- quedó en evidencia que su autora no leyó cifras estadísticas reveladoras acerca de la realidad laboral, y algo similar ocurrió con la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación: sus patrocinadores no se informaron de cuál debía ser el fondo legal del libelo.

Ambas experiencias resultan buenas consejeras para quienes aspiran a transformar en realidad el matrimonio homosexual, legalizado sólo en 30 países en todo el mundo. Para hacer leyes no es suficiente levantar un dedo o apretar una tecla determinada por el partido. Es de honestidad, profesionalismo y respeto social el imponerse de toda la información a la vista sobre el tema en discusión, única vía de decisión justa para concluir acaso una norma es necesaria o no.

Con estas cifras recientemente reveladas, todo demuestra que legislar sobre el matrimonio homosexual no es una necesidad ni constituye urgencia alguna.

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