LA RESPONSABILIDAD DE LOS SIN CAPUCHA
VOXPRESS.CL.- Algún día iba a terminar ocurriendo la dura experiencia vivida por algunos profesionales de prensa de la televisión local que resultaron brutalmente agredidos por manifestantes al término de una marcha ‘de los viernes’, a que instó en todo el mundo la menor de edad más célebre del planeta, la estudiante –en año sabático- Greta Thunberg.
Al concluir la marcha por la Alameda, violentistas de extrema izquierda arremetieron a golpes, piedrazos y cuchilladas contra algunos equipos de prensa de la TV. Éstos, periodistas y camarógrafos, eran los que faltaban para completar el círculo de objetivos de ataque por parte de los híper conocidos encapuchados, jamás reveladas sus identidades y menos apresados y llevados a juicio.
Sus blancos de destrucción son las señaléticas de la vía pública, locales comerciales, sedes de entidades financieras, buses del transporte público, con pasajeros en su interior y, obviamente, carabineros y vehículos de éstos, que son sus objetivos predilectos. Estaban faltando los embates contra los periodistas.
Los encapuchados, como las bombas Molotov, ya son parte del nuevo modo de hacer política en Chile y, cada vez, su presencia sorprende menos. Los manifestantes, los activistas, la policía y la justicia han ‘normalizado’ su existencia y participación pública, al punto de que parece no concebirse una marcha cuyo final esté colmado de agresiones y destrucción.
De ello no hay que sorprenderse, porque en su manual de acción callejera, el PC establece que una manifestación que pasa inadvertida pierde su sentido, de tal modo que, siempre, hay que generar ‘ruido’, esto es, conductas que la hagan trascender.
Resulta de una total candidez observar que, recién ahora, a las autoridades de Gobierno les impacta la inusitada violencia con que actúan los encapuchados. Anunciaron las penas del infierno para los autores, las que, como es de dominio general, quedan en el limbo, porque nunca se sabe quiénes son los encapuchados. Es la consecuencia lógica de las siempre inútiles “querellas contra quienes resulten responsables”.
El único que se empeñó en identificarlos y expulsarlos de los liceos bajo su tutela, el alcalde de Santiago, fue llamado al orden por La Moneda y el MINEDUC, por no actuar “políticamente correcto”…
Años atrás, para una marcha que culminó en el frontis de la Estación Mapocho, se hizo un seguimiento a una encapuchada, desde el momento en que descendió de un bus de recorrido: se cambió de ropa, se enmascaró y comenzó su acción. La jovencita, una rubia, culminada su intervención se retiró a un lugar distante y se puso la vestimenta con la cual llegó.
Días atrás, se grabó a dos muchachos en una bencinera, cargando combustible directamente a botellas que portaban en sus mochilas para la fabricación de bombas Molotov. Uno es del Instituto Nacional y el otro, del Liceo Lastarria. Están libres.
En varios liceos de la capital se han descubierto fábricas de artefactos explosivos, pero nunca se han indagado quiénes son los responsables, y ello por complicidad política. El año pasado, en una protesta frente a la Universidad de Ciencias de la Educación (UMCE), el ex Pedagógico de Macul, se logró –al fin- desenmascarar a una encapuchada: resultó ser una académica del departamento de Historia del establecimiento y militante comunista. Continúa en su puesto.
Tras la agresión a los periodistas de la TV, organizaciones gremiales y afines a la actividad, hicieron públicos sus rechazos, porque “afectan a la libertad de expresión”, y un parlamentario de izquierda llegó a lamentarse de que “se pone en riesgo la libre expresión que perdimos con la dictadura”, ignorando, por cierto, que durante la Unidad Popular, el ex Presidente Salvador Allende ordenó el cierre, por uno o más días, de varios periódicos.
Es el propio periodismo actual, por su burdo compromiso ideológico con la izquierda, el que ha fomentado el rápido incremento de la violencia, al repetir, casi como monserga, que “la normalidad de la marcha fue alterada por el lumpen”. Este engañoso mensaje a la opinión pública no hace más que develar la solidaridad ideológica de la prensa con los manifestantes –siempre de izquierda, porque la derecha no sale a la calle-, ya que el hampa no pierde el tiempo en marchas que nada le reditúan. A esa hora, los delincuentes operan en sitios que les aseguran utilidades.
El afán de achacar a otros la violencia política es una sutil forma de quitarle la responsabilidad, lógica y legal, que les cabe en los desórdenes y en la violencia a los organizadores de las marchas. El desentenderse es inaceptable, porque al recibir el visto bueno por parte de la Intendencia para llevar a cabo una protesta pública, los patrocinadores se comprometen a que ésta se realice con normalidad, sin alterar el orden.
Los encapuchados no son “infiltrados” ni “los delincuentes de siempre” que se cuelgan o se cuelan en una marcha, sino son parte de ella. Si, en serio, se quiere terminar con la violencia desmadrada en las manifestaciones públicas, las acciones de la autoridad a través de la Justicia tienen que apuntar a los organizadores, porque fue durante la vigencia de la autorización concedida cuando surgió la violencia. Es una frivolidad y un descaro, permitido por la autoridad, seguir encubriendo esta realidad.