EL SILENCIO DE LOS INOCENTES

VOXPRESS.CL.- En medio de un encendido debate que ha dividido a Chile entre trabajadores y flojos, entre serios y oportunistas y entre los que asumen la inquietante realidad económica nacional y a los que les interesa un bledo, pasó casi inadvertido el trance de quienes intentan producir para el país, pero pandillas políticas extremistas se lo impiden.

Es gente trabajadora que no pudo disfrutar del aniversario patrio más extenso que se conoce en el mundo, el de Chile, por cuidar y proteger sus bienes.

Son los empresarios forestales y pequeños agricultores de La Araucanía que, tras omitirse políticamente la ola de violencia establecida en la zona por comuneros comunistas, tratan de ejecutar sus jornadas laborales, pero éstas son frustradas por un permanente acoso de encapuchados que los apedrean y lanzan bombas Molotov.

Hasta antes de las festividades patrias, en sólo dos semanas, los agricultores fueron víctimas de ataques a sus camiones y maquinarias. Tanto la Intendencia Regional como el Ministerio del Interior aducen que los contingentes de Carabineros apostados en ese vaso espacio rural se encuentran allí, precisamente, para garantizar “la normalidad de las actividades”.

Esto no es lo que está aconteciendo exactamente en La Araucanía: la policía se ha convertido sólo en un muro humano entre los comuneros terroristas y los trabajadores. Éstos, en vista de las implacables agresiones que reciben los carabineros, los conminan a retirarse juntos para que no corran más peligros.

En las últimas semanas se incrementaron lo que los subversivos denominan “recuperaciones” de terrenos que, obviamente, son de otros y tienen propietarios legales. La policía sólo puede instarlos a retirarse mediante el diálogo, pero ello –como es de esperar- no los mueve del predio tomado.

Esta realidad deja en evidencia el ‘síndrome Catrillanca’, que no es más que la inhibición de la policía uniformada ante la acción terrorista de grupos de comuneros. A partir de ese hecho, ningún funcionario se arriesga a meterse en problemas, partiendo por las jefaturas, y ahora, invitados por los propios empresarios agrícolas, se repliegan junto con ellos.

Los terroristas han salido de la espesura de los bosques para llegar a las ciudades, y bien lo conoce Temuco que, con cierta periodicidad, es alborotada por la acción de supuestos vendedores ambulantes mapuches que alteran el orden y se enfrentan a Carabineros con inusitada violencia.

Con el avance del Gobierno rumbo a la mitad de su período –marzo 2020-, ha quedado cada vez más en evidencia su falta de autoridad, su miedo a golpear la mesa y su disposición a doblegarse con alguna facilidad ante las presiones del adversario político. El chileno, por su propia naturaleza, es simplista y evita meterse en una caverna para encontrar el sentido a sus problemas: la más elemental de sus percepciones lo induce a percibir que falta mano dura. La delincuencia, en términos generales, está desbordada, casi fuera de control, y los de La Araucanía son igualmente malhechores, pero con propósitos políticos y, algunos grupos, financiados por el narcotráfico.

Una de las razones, y en esto no hay controversia, para que José Antonio Kast figure al tope de las encuestas, es, precisamente, su pertinaz denuncia a la falta de autoridad oficial. No hace más que interpretar un sentimiento de la gente.

Se han enviado más efectivos a las calles y se espera con ansias el egreso de un nuevo contingente, pero esas expectativas son simples ‘aspirinas’, porque todo el personal policial está aprensivo, tímido y cohibido para desempeñar sus funciones con la naturalidad y finalidad para la que fueron instruidos.

La presencia permanente de agentes encubiertos de organizaciones de derechos humanos, que graban hasta el más elemental de los procedimientos, y las cámaras de los propios transeúntes que captan generosamente las “violentas represiones” para enviarlas de inmediato a los canales de televisión, constituyen una amenaza permanente para los funcionarios que ven en estos propósitos un peligro cierto para sus carreras.

Ante cualquier reclamo por “excesiva violencias” –el pan de cada día en el Instituto Nacional-, en el seno del Ministerio del Interior se escucha, casi como letanía, que “la investigaremos y tomaremos las medidas del caso”, o sea, cero respaldo al o los funcionarios.

La CONADI, y ello está rotundamente comprobado, pagó sobreprecios a terratenientes que se allanaron a vender sus predios, pero, lo gravísimo, es que muchos de éstos se los entregó a comunidades extremistas y subversivas sin títulos de merced, y, por tanto, no para trabajarlos y hacerlos producir, sino con la finalidad de que ampliaran sus extensiones de dominio subversivo rural. La Contraloría General se negó a realizar un catastro de estos terrenos de nadie…por razones de seguridad.

El temor en La Araucanía, al revés de los prometido, se ha acentuado, y el objetivo del terrorismo comunista de expulsar de allí a los grandes empresarios forestales se ha extendido a los pequeños productores agrícolas, que se han visto impedidos de sembrar porque son expulsados de sus propios campos a punta de piedrazos y bombazos, debiendo huir de sus propias tierras junto a los carabineros destinados a protegerlos.