UNA ACUSACIÓN CON SABOR A VENGANZA

September 22, 2019

 

VOXPRESS.CL.- No deben haber sido muy entretenidas las Fiestas Patrias vividas por la ministra de Educación, Marcela Cubillos Sigall. Justo en los días previos a la conmemoración de la Primera Junta, ella recibió los antecedentes de la acusación constitucional en su contra, presentada por el PS, y debió preparar su cara a cara con la Comisión Revisora de diputados y afinar su defensa en la sala, programada para octubre.

 

En el libelo acusatorio, el PS la denuncia por “violar la Constitución” y por “incumplir  las leyes”. Estos calificativos agraviaron íntimamente a la ministra, quien se sintió ofendida en su honra, con el consiguiente perjuicio para su familia.

 

Cubillos será defendida por el abogado Francisco Cox Vial, ex socio de Luis Hermosilla, colaborador del Ministerio del Interior. Se ha desempeñado en  causas de alta complejidad  a nivel nacional como internacional. Fue nombrado por la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos de la OEA como uno de los cinco expertos encargados de investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México.

 

La ministra y ex diputada por la UDI –partido en el cual congeló su militancia- es hija de Hernán Cubillos y hermana de Felipe, un ejemplar benefactor social que pereció en el accidente aéreo de la isla Juan Fernández. Su padre, ex oficial naval y empresario, fue designado por los dueños de El Mercurio para defenderlo de los embates de Allende y la Unidad Popular, quienes intentaron impedir al periódico su acceso al papel. Más tarde, Augusto Pinochet lo designó Canciller, pero fue sacado abruptamente de su cargo por éste, luego de que en pleno vuelo, el entonces Presidente filipino, Ferdinand Marco, le cancelara la invitación oficial a su país.

 

La ministra ha sido, tal vez, la única Secretaria de Estado que ha rehusado negociar o transar el programa de Gobierno, en este caso, de Educación. De carácter fuerte, no se ha dejado amedrentar por las amenazas de los estudiantes extremistas, dejó que el magisterio hiciera el ridículo con una paralización sin motivos ni beneficios y persiste en corregir los errores –horrores, mejor dicho- dejados en las leyes del sector por la administración anterior. El peor de todas es el que fijó el acceso a la enseñanza pública mediante tómbolas.

 

Como borrar las manchas del Gobierno de Bachelet es un pecado mortal para la izquierda, y en especial para el PS, éste casi rogó a sus aliados opositores para que los acompañasen en esta aventura de acusar constitucionalmente a Cubillos.

 

Una acusación constitucional es una de las instancias más gravosas que puede experimentar un ministro de Estado: si se aprueba, debe abandonar el cargo de inmediato y queda impedido (a) de desempeñar funciones públicas por un lapso de cinco años.

 

Como su nombre lo explica, una censura de esta envergadura debe, necesariamente, involucrar algún tipo de atropello a la Constitución, pero, en rigor, es tan solo un instrumento político que no tiene más finalidad que anotarse un triunfo político.  Sobre este punto, dice mucho que el abogado elegido para su defensa no es un constitucionalista, sino un experto en derechos humanos…

 

Quienes han leído el texto de la acusación socialista afirman que “no hay un solo antecedente jurídico” que la sostenga. Pero ello es secundario para sus autores, quienes, abierta y desfachatadamente, han afirmado que “nos da lo mismo”, porque su objetivo es sacarla del cargo.

 

Con anterioridad, dos ministros de Educación fueron acusados: Yasna Provoste, en el primer Gobierno de Bachelet, y Harald Beyer, en el primero de Piñera. Ambos perdieron la votación, pero ninguno, como es ahora el caso de Cubillos, tuvo el respaldo público de organizaciones de apoderados.

Toda acusación constitucional tiene que ser analizada y resuelta por una Comisión Revisora, que se sortea entre todos los diputados. Este grupo de cinco parlamentarios elabora un informe que es puesto en conocimiento de la sala antes de la votación en general.

 

El sorteo dejó la Comisión compuesta por cuatro diputados oficialistas –dos RN y dos UDI- y una opositora, de Revolución Democrática. En las circunstancias actuales, la ministra puede considerarse afortunada, porque si bien lo que resuelvan los revisores no es vinculante para la decisión posterior de la totalidad de diputados, al menos ella cuenta con la garantía de que el análisis  del libelo será acucioso, serio y ceñido a la legalidad.

Teniendo fresco el recuerdo de cómo se procedió en la Comisión de Trabajo con el proyecto comunista de las 40 horas laborales a la semana, es de imaginar el procedimiento que se hubiese utilizado teniendo una mayoría izquierdista: una aplanadora sin racionalidad ni argumentos.

 

El PS y sus amigos opositores requieren de 78 votos para sacar del cargo a la ministra, pero la izquierda teme que dicha cifra esté garantizada. Si bien la DC firmó la acusación, lo hizo exclusivamente pensando en que si se restaba, sería motejada de “colaboracionista” con el Gobierno. Al decretar libertad de voto a sus diputados, envió una señal potente de diversidad: unos postulan que es la gran oportunidad de revancha para reivindicar a Provoste, en tanto otros no quieren aparecer en un bloque con frentistas y comunistas, y también hay quienes no están dispuestos a que el PS se dé un gusto.

 

Entre los diputados se generó una sensación de malestar, tras imponerse de comentarios de algunos de sus colegas socialistas, frentistas y comunistas, en cuanto a que “no nos interesa leer el informe de la Comisión Revisora, porque igual vamos a votar en favor de la acusación”.

 

Esta conducta es similar a la de los jueces prevaricadores, quienes a sabiendas de que su fallo no hace justicia, igual lo dictan. Es el reflejo de la realidad que se vive en el Parlamento, gracias a la postura de la izquierda opositora: llamar cínicamente  al diálogo para,  después, aprovecharse de su mayoría y, así, satisfacer su capricho de cogobernar.

 

Hoy, ya a nadie le caben dudas de que el país está siendo dirigido, simultáneamente, por el Ejecutivo y el Legislativo. Y eso, sí que es inconstitucional.

 

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